Informe Anual del Departamento de Estado Sobre la Trata de Personas en el 2014

Nicaragua – Nivel 2

Nicaragua es principalmente un país de origen y tránsito de hombres, mujeres y niños objeto de tráfico sexual y de trabajo forzado.  Las mujeres y los niños nicaragüenses son objeto de tráfico sexual dentro del país y en otros países de Centroamérica, México y Estados Unidos.  Muchas víctimas de trata son reclutadas en las áreas rurales o cerca de la frontera para trabajar en centros urbanos y locales turísticos, en donde son objeto de tráfico sexual o de trata para mano de obra; los familiares de las víctimas con frecuencia son cómplices de su explotación.  Las mujeres y niñas nicaragüenses son sometidas a tráfico sexual a lo largo de la Costa Caribe, en donde la falta de instituciones del orden público sólidas/fuertes, la alta tasa de criminalidad y el tráfico de drogas aumentan la vulnerabilidad de la población local.  Los adultos y niños nicaragüenses son sometidos al trabajo forzado en los sectores de agricultura, construcción, minería, informal y en el trabajo doméstico tanto dentro del país como en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y otros países.

Los niños en el sector de extracción artesanal en minas y canteras son vulnerables al trabajo forzado.  Las ONG reportan que los niños y las personas con discapacidades son sometidos a la mendicidad forzada.  Inmigrantes  masculinos provenientes de Centroamérica cruzan Nicaragua en ruta hacia Panamá en busca de trabajo; algunos son sometidos a la trata para mano de obra en Panamá.

Nicaragua es un destino para turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental que buscan la explotación sexual comercial de niños nicaragüenses.

El Gobierno de Nicaragua no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; no obstante, continúa haciendo esfuerzos significativos para cumplir dicho fin.

El gobierno redactó y aprobó su primera ley específica para la trata, pero su entrada en vigencia aún seguía pendiente al cierre del período de revisión.  Asimismo, el gobierno ha continuado realizando campañas de concientización contra la trata de personas, ha enjuiciado y aplicado condenas a los autores de la trata y ha identificado y remitido a las víctimas a los proveedores de asistencia.  Sin embargo, los esfuerzos integrales de protección fueron débiles; el gobierno no brindó financiamiento, no proveyó servicios adecuados ni remitió a las víctimas a las ONG para que recibieran asistencia.  El gobierno asimismo careció de procedimientos formales para la identificación de víctimas entre los grupos vulnerables y los funcionarios que abordan este tema de forma directa no contaron con el entrenamiento adecuado para identificar todas las formas de trata existentes.  Las autoridades procesaron y condenaron a menos transgresores en 2014 que en el año anterior y hubo menos actividades de la coalición contra la trata y de los grupos regionales de trabajo. Los enjuiciamientos, la protección y los esfuerzos de prevención contra la trata continuaron siendo mucho más débiles en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua que en el resto del país.

RECOMENDACIONES PARA NICARAGUA:

Brindar el financiamiento adecuado para, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, proveer servicios especializados a las víctimas de trata que incluyan atención psicológica, médica y legal.  Implementar procedimientos operativos para remitir a las víctimas a los servicios correspondientes.  Incrementar la capacitación y el financiamiento dirigido a funcionarios del gobierno –incluyendo a trabajadores sociales, inspectores laborales y agentes del orden público- para facilitar una mejor identificación de, y apoyo a, dichas víctimas, especialmente en las regiones autónomas.  Instituir procedimientos claros, formales y proactivos para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables.  Mejorar la recolección de datos sobre trata y mejorar la coordinación entre ministerios y otros actores relevantes sobre este tema. Igualmente, aumentar la transparencia en la información sobre los esfuerzos contra la trata.  Fortalecer los esfuerzos para aplicar la ley y para brindar protección a las víctimas en las regiones autónomas del Caribe, a incluir el aumento de personal y del financiamiento.  Aumentar los esfuerzos por investigar y procesar los casos que involucren todas las formas de trata de personas, y condenar y castigar a los tratantes y a quienes cometan turismo sexual infantil.  Unir esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil para asegurar que se le brinden servicios de atención y de reintegración duraderos a las víctimas.  Fortalecer las coaliciones departamentales y regionales contra la trata.

ENJUICIAMIENTO

El gobierno enjuició y condenó a un número menor de tratantes y solo brindó información limitada sobre las estadísticas relacionadas al cumplimiento de la ley pertinente.  Nicaragua sanciona todas las formas de trata de personas mediante el Artículo 182 de su código penal, estableciendo castigos de 10 a 14 años de prisión.  Un estatuto independiente, el Artículo 315, prohíbe la sumisión, mantenimiento y reclutamiento forzado de otra persona para fines de esclavitud, trabajo forzado, servidumbre o participación en un conflicto armado; estas ofensas acarrean castigos de cinco a ocho años de prisión.  Estas sanciones prescritas son suficientemente severas y en línea con los castigos impuestos para otros delitos graves, como la violación sexual.  En enero de 2015 la asamblea nacional aprobó la primera ley específica para la trata de personas; ésta no entró en vigencia durante el período examinado.

El gobierno brindó datos limitados sobre los esfuerzos de las autoridades en el tema y, contrario a años anteriores, no brindó mayores detalles para aclarar dichas estadísticas.  No queda claro cuántas investigaciones sobre casos sospechosos de trata se iniciaron en 2014.  Las autoridades enjuiciaron a 24 sospechosos de trata en 17 casos (13 casos de tráfico sexual y 4 de trabajo forzado) y condenaron a 12 tratantes en ocho casos (7 casos de tráfico sexual y uno de trabajo forzado).  Las condenas para nueve tratantes estuvieron en el rango de 3 años y 6 meses a 15 años de prisión. Tres tratantes convictos no fueron encarcelados; se desconoce las sanciones que les fueron impuestas. Ocho casos que involucraron a 10 sospechosos continuaban abiertos al final del 2014.  Estos números representan un descenso con respecto a 2013, cuando el gobierno enjuició a 44 sospechosos y condenó a 20 tratantes.  Las autoridades no brindaron información sobre el número de sentencias revocadas en las cortes de apelaciones.  Si bien el trabajo doméstico de niños se aborda en el Artículo 182 del código penal, el gobierno no consideró dichos casos como delitos de trata ni llevó adelante procesos penales en su contra.

El gobierno nombró un fiscal en Waspán, un pueblo ubicado en una zona de alto riesgo en la frontera con Honduras, con lo que llenó un cargo esencial que estuvo vacante por casi siete años.  Las autoridades nicaragüenses colaboraron con sus contrapartes de Belice y Panamá para investigar casos de trata. No hubo investigaciones, enjuiciamientos ni condenas para empleados del gobierno cómplices de los delitos de trata. El gobierno continuó los esfuerzos para el entrenamiento de sus funcionarios en los temas de la trata de personas, con frecuencia en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, pero no brindó información clara sobre el número de funcionarios capacitados o sobre las fuentes de financiamiento.

PROTECCION

El gobierno mantuvo sus esfuerzos para la identificación de las víctimas y su remisión a los proveedores de servicios, no obstante la protección integral de las víctimas fue inadecuada.  El gobierno identificó a 51 víctimas, un número comparable al de 55 víctimas identificadas en el 2013.  Dos ONG identificaron a otras 16 víctimas.  El gobierno no brindó información sobre el tipo de trata que las víctimas experimentaron, pero una ONG reportó que siete víctimas fueron sometidas al tráfico sexual y tres a la trata para mano de obra.  De un total de 67 víctimas, al menos 23 fueron niños, 20 adultos, 54 fueron sometidas al tráfico sexual y ocho fueron sometidas a la trata para mano de obra; las edades y el tipo de trata que experimentaron las víctimas restantes se desconoce.  Una víctima identificada es originaria de Belice, mientras que las restantes son nicaragüenses.  El gobierno no contó con mecanismos formales para la identificación de víctimas entre grupos vulnerables, tales como personas en situación de prostitución o trabajo infantil. Los funcionarios locales no contaron con entrenamiento adecuado para identificar todas las formas de trata y la identificación de víctimas en las regiones autónomas continuó rezagada con respecto a los esfuerzos a nivel nacional.

Hubo muy pocos servicios especializados para las víctimas de trata en Nicaragua.  El gobierno brindó asistencia a ocho víctimas de violencia doméstica y trata de personas en albergues de corto plazo operados por la policía en Managua y remitió a 30 víctimas a albergues operados por ONG para niños en riesgo o víctimas de abuso doméstico.  Las ONG brindaron la mayor parte de la protección a las víctimas sin financiamiento del gobierno.  Los servicios y albergues para jóvenes varones continuaron siendo limitados y no hubo albergues disponibles para hombres.  El gobierno no brindó asistencia de largo plazo y hubo una disponibilidad limitada a los servicios ampliados por parte de las ONG.  El gobierno puso a algunas víctimas infantiles en riesgo de ser nuevamente objetos de trata al dejarlos en manos de familiares que pudieron haber sido cómplices en su explotación.  Las regiones fuera de Managua que están más afectadas por la trata de personas carecieron en gran medida de servicios adecuados.

Si bien las víctimas tienen la opción de radicar una demanda civil en contra de los tratantes, el gobierno no reportó si los activos de los tratantes fueron utilizados para el apoyo de las víctimas, que es lo requerido por ley.  Los diplomáticos nicaragüenses en embajadas en el extranjero brindaron apoyo para la repatriación de varias víctimas de tráfico sexual y trata por mano de obra;  se desconoce si las víctimas recibieron servicios adicionales a su regreso a Nicaragua.  No hubo informes de víctimas penalizadas por actos ilegales cometidos como resultado de haber sido objeto de la trata de personas; no obstante, dado que los esfuerzos para monitorear los indicadores de trata entre grupos vulnerables fueron inadecuados, puede haber resultado que algunas víctimas hayan sido sancionadas.  Existe la disponibilidad de visas humanitarias para víctimas extranjeras de trata, aunque el gobierno no reportó casos ni solicitudes en el 2014.

PREVENCION

El gobierno de Nicaragua continuó impulsando campañas de concientización, pero reportó pocos esfuerzos de otro tipo para prevenir la trata de personas. Las ONG

aseguran que la coalición de lucha contra la trata que dirige el gobierno se mantuvo inactiva durante la segunda mitad del período examinado.  El gobierno continuó apoyando a 17 grupos de trabajo contra la trata, aunque las ONG que participan en estos grupos observaron un descenso significativo en las actividades realizadas.  Las autoridades reportaron alianzas con las ONG para brindar capacitaciones y realizar eventos de concientización y distribución de información para más de 40,000 ciudadanos nicaragüenses.

El gobierno brindó capacitación sobre la trata de personas a su personal diplomático.  El gobiernos continuó su alianza con la industria turística para la prevención del turismo sexual infantil.  Las autoridades no investigaron, enjuiciaron ni condenaron a ningún turista involucrado en turismo sexual infantil en 2014.  El gobierno realizó limitados esfuerzos para reducir la demanda de actos de sexo comercial y sus esfuerzos fueron nulos para reducir la demanda por el trabajo forzado.