Nicaragua: Informe de los Derechos Humanos de 2019

RESUMEN

Nicaragua tiene un sistema político autoritario, muy centralizado y dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. El partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ejerce control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales. En enero de 2017, el presidente Ortega asumió su tercer mandato, después de un proceso electoral sumamente irregular. Las elecciones de 2016 aumentaron la mayoría calificada del partido gobernante en la Asamblea Nacional, la cual permitió anteriormente reformar la Constitución con objeto de ampliar las facultades del Poder Ejecutivo y eliminar las restricciones para la reelección de funcionarios del Poder Ejecutivo y de alcaldes. Desde 2008, los observadores han señalado graves irregularidades en las elecciones municipales, regionales y nacionales. Los grupos de la sociedad civil, los expertos electorales internacionales, los líderes empresariales y los líderes religiosos identificaron irregularidades persistentes en las elecciones del 3 de marzo en la región Caribe y las elecciones municipales de 2017 y señalaron la necesidad de una reforma electoral integral.

La Policía Nacional de Nicaragua (PNN) es responsable de mantener la seguridad interior en el país. El ejército se encarga de la seguridad exterior, pero también tiene algunas responsabilidades en materia de seguridad interior. Tanto la PNN como el ejército están directamente subordinados al presidente en virtud de los cambios efectuados en 2014 al código militar y policial. Las fuerzas parapoliciales, las cuales son grupos no uniformados, enmascarados y armados que poseen organización y adiestramiento táctico, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo control inmediato de este, y rinden cuentas de su gestión a la PNN. Las autoridades civiles mantuvieron el control eficaz sobre la policía y las fuerzas de seguridad parapoliciales.

De febrero a junio, el gobierno puso en libertad a 494 supuestos presos políticos en el marco del diálogo nacional. Algunos de los presos liberados, al parecer, eran delincuentes comunes; los grupos de derechos humanos afirmaron que solo 344 eran efectivamente presos políticos. Desde abril, el gobierno detuvo a otros 161 presos políticos y reencarceló a algunas personas que habían quedado en libertad anteriormente. El 30 de diciembre, el gobierno liberó a 91 presos políticos y 70 continuaron presos.

Entre los problemas de derechos humanos más graves se encontraron los siguientes: denuncias de ejecuciones extrajudiciales o de homicidios arbitrarios por parte del gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas parapoliciales; tortura a manos de guardias penitenciarios y fuerzas parapoliciales; maltrato físico, incluidas violaciones cometidas por funcionarios del gobierno; y detenciones arbitrarias por parte de la policía y las fuerzas parapoliciales. También hubo condiciones penitenciarias duras y que ponían en peligro la vida; prisioneros políticos; interferencias arbitrarias e ilícitas en la privacidad; graves problemas con la independencia del Poder Judicial; restricciones a la libertad de expresión y la prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y delitos de difamación, e interferencia considerable en los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos algunos atentados contra la Iglesia católica romana y sus funcionarios. El gobierno siguió impidiendo a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil recuperar su personalidad jurídica e incautó sus recursos de forma ilegal e impidió sus operaciones. Las restricciones que impuso el gobierno a las libertades de expresión y de reunión y asociación imposibilitaron las oportunidades de una elección significativa. Hubo corrupción generalizada; trata de personas; agresiones contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); discriminación contra las minorías étnicas y las comunidades indígenas, y trabajo infantil.

El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos, incluidos los funcionarios responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante la sublevación en pro de la democracia de abril de 2018. El presidente Ortega reforzó activamente la impunidad de sus seguidores leales que violaron los derechos humanos.

Las fuerzas parapoliciales y las personas vinculadas con el régimen de Ortega hicieron una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra las personas consideradas enemigas del régimen, como los exprisioneros políticos, los activistas agricultores o campesinos, los grupos de oposición en pro de la democracia y los miembros del clero de la Iglesia católica romana. Los grupos de derechos humanos denunciaron que, entre octubre de 2018 y agosto, las fuerzas parapoliciales asesinaron entre 20 y 30 campesinos que se consideraban opositores al partido del FSLN en el poder. Los delitos cometidos por las fuerzas parapoliciales contra estas personas no se investigaron ni se llevaron a juicio.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria de la vida y otras ejecuciones ilícitas o motivadas por cuestiones políticas

Hubo numerosas denuncias de que el gobierno y sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.

El 16 de mayo, guardias de la cárcel La Modelo dispararon y mataron a Eddy Montes, ciudadano de nacionalidad nicaragüense y estadounidense que se encontraba en custodia policial en esa prisión. Montes fue encarcelado en circunstancias sumamente irregulares por su participación en las protestas en pro de la democracia; sin embargo, iba a ser liberado como parte de un proceso de negociación. Un informe policial emitido el día del asesinato y un comunicado posterior del gobierno señalaron que Montes había recibido un disparo en medio de un enfrentamiento con un guardia durante un intento de motín en la prisión. Sin embargo, los informes forenses y las declaraciones de los testigos oculares contradijeron esta versión y culparon a los guardias de la prisión La Modelo por el homicidio de Montes.

Las denuncias de homicidios fueron comunes en la región norte-centro y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Grupos de derechos humanos y defensores de los campesinos documentaron entre 20 y 30 asesinatos de campesinos entre octubre de 2018 y agosto en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia y sus alrededores. Los grupos de derechos humanos adujeron que estos asesinatos evidenciaron una escalada de la campaña de terror en la región norte-centro y la RACCN, perpetrada por grupos parapoliciales con el fin de acabar con la oposición política al partido del FSLN en el poder. Edgard Montenegro y Yalmar Montenegro fueron asesinados el 27 de junio en el municipio de Trojes en la frontera con Honduras, después de huir de su ciudad natal de Wiwili, Jinotega, debido al hostigamiento por parte de miembros del FSLN. La policía y los miembros del FSLN acusaron informalmente a Edgard Montenegro de haber organizado protestas antigubernamentales en Jinotega. Las organizaciones de derechos humanos y los medios de difusión independientes denunciaron que algunos de los homicidios tuvieron motivaciones políticas, acusación que fue difícil de confirmar porque el gobierno se rehusó a llevar a cabo investigaciones oficiales.

No hubo indicios de que el gobierno investigara los delitos cometidos por las fuerzas policiales y parapoliciales relacionados con la sublevación en pro de la democracia de 2018. En abril de 2018, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ordenaron a las fuerzas policiales y parapoliciales reprimir con violencia las protestas pacíficas desatadas por el descontento con la decisión del gobierno de reducir los beneficios de seguridad social. Hacia fines de noviembre de 2018, el conflicto resultante había causado al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de personas detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas, y más de 80.000 exiliados en los países vecinos. A principios de agosto de 2018, el gobierno de Ortega instituyó una política de “exilio, cárcel o muerte” para toda persona que fuera percibida como opositora, enmendó las leyes sobre terrorismo para incluir las actividades en pro de la democracia y usó el sistema judicial para calificar a los actores de la sociedad civil de terroristas, asesinos y golpistas. Aunque la PNN y el Ministerio Público detuvieron, enjuiciaron y encarcelaron a muchos miembros de la oposición en pro de la democracia, las organizaciones de derechos humanos denunciaron ampliamente que las investigaciones y los cargos no se ajustaban al estado de derecho.

El gobierno siguió sin hacer esfuerzos por investigar varios incidentes de ejecuciones extrajudiciales y tortura en 2017 en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y la RACCN. En marzo, el ejército emitió una refutación punto por punto respecto de estos y otros casos no relacionados. El ejército adujo que los asesinatos tuvieron que ver con conflictos por tierras o narcotráfico, y que en algunos casos las unidades del ejército se defendieron del fuego hostil de campesinos armados.

b. Desaparición

Las fuerzas parapoliciales armadas detuvieron arbitrariamente a los manifestantes y, con frecuencia, los retuvieron en instalaciones improvisadas sin permitirles dar aviso a sus familiares ni buscar asesoramiento jurídico. Por lo general, las detenciones duraron de dos días a una semana. A menudo, los oficiales de la PNN y las autoridades penitenciarias negaron que los detenidos estuvieran bajo custodia.  Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que la incapacidad de la PNN y del sistema penitenciario para localizar a los prisioneros no se debió a registros insuficientes, sino que era parte deliberada de una campaña de desinformación. El gobierno no hizo ningún esfuerzo por evitar, investigar o castigar estos actos. La mayoría, si no todas, de los cientos de desapariciones perpetradas por la PNN y las fuerzas parapoliciales durante el momento más tenso de la sublevación en pro de la democracia de 2018 quedaron sin resolver.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Aun cuando la ley prohíbe estas prácticas, hubo casos bien documentados de tortura, y los funcionarios públicos cometieron actos que causaron daños físicos y mentales graves con el fin de obtener información, imponer penas y disuadir a otros ciudadanos para evitar que denunciaran las acciones del gobierno o que participaran en acciones cívicas contra este. Los grupos más propensos a ser sometidos a estos tratos fueron los miembros de la sociedad civil y los líderes estudiantiles participantes en las protestas que comenzaron en abril de 2018.

En su informe del 3 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó varios relatos de tortura, en particular de los manifestantes bajo custodia policial, sobre todo en las prisiones La Modelo y La Esperanza, situadas en Tipitapa. La ACNUDH denunció golpizas con garrotes, aplicación de gas pimienta en los genitales de los detenidos e inspecciones oculares injustificadas y degradantes de las cavidades corporales de los presos políticos durante los registros sin ropa a los que eran sometidos casi todas las veces que salían de sus celdas. Las organizaciones locales de derechos humanos denunciaron que varios de los detenidos habían sido golpeados, desnudados y alimentados con comida envenenada o contaminada.

Las organizaciones locales de derechos humanos señalaron que los presos políticos, tanto hombres como mujeres, fueron sometidos a violencia sexual, incluida la violación, cuando estuvieron bajo custodia de las fuerzas de seguridad.   La ACNUDH informó de que muchos detenidos, especialmente durante los arrestos relacionados con las protestas, fueron sometidos a tratos degradantes y violencia sexual, incluidos el tocamiento indebido y las amenazas de violación contra mujeres, cuando estuvieron bajo custodia de las fuerzas parapoliciales, los oficiales carcelarios y la PNN, así como de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), una unidad especial de investigaciones policiales, en su cárcel conocida comúnmente como El Chipote.

Condiciones de las cárceles y los centros de detención

Las condiciones en las cárceles fueron duras y podían poner en peligro la vida.  El hacinamiento, las condiciones sanitarias deficientes, la dificultad para obtener atención médica y la violencia entre los reclusos siguieron siendo problemas graves.

Condiciones físicas: Las condiciones en las cárceles siguieron empeorando debido a la antigüedad de la infraestructura y al aumento de la población carcelaria. A pesar de las nuevas celdas de detención transitoria en la DAJ, el resto del sistema penitenciario seguía en condiciones deficientes. El gobierno reconoció en 2018 que el número de presos retenidos excedía la capacidad del sistema carcelario en alrededor de 9.000 reclusos. A las organizaciones de derechos humanos les seguía preocupando el hacinamiento carcelario. Debido al hacinamiento, las personas en detención preventiva compartieron celdas con reclusos condenados, y los menores de edad fueron colocados en las mismas celdas que los adultos.

Muchos presos fueron maltratados por los oficiales carcelarios y por otros reclusos.  Otros problemas que afrontaron los presos fueron parásitos, atención médica inadecuada, escasez frecuente de alimentos, la contaminación de alimentos, agua contaminada y condiciones sanitarias deficientes. Aunque las condiciones para las reclusas fueron en general mejores que las de los hombres, no dejaban de ser inseguras y antihigiénicas. La ACNUDH denunció que algunos hombres y mujeres detenidos durante las protestas de 2018 fueron sometidos a un régimen de aislamiento en celdas de máxima seguridad en las prisiones La Modelo y La Esperanza, en algunos casos durante meses.

Las condiciones en las cárceles y las celdas de detención transitoria también fueron duras. La mayoría de las instalaciones se encontraban en condiciones físicas deplorables e infestadas de parásitos; y carecían de sistemas adecuados de ventilación, electricidad y alcantarillado, y de agua potable.

Administración: Aunque los presos y detenidos podían presentar quejas sin censura a las autoridades judiciales y solicitar la investigación de afirmaciones fiables de condiciones inhumanas, con frecuencia, las autoridades hicieron caso omiso o no tramitaron las quejas. Se desconoce el alcance de las investigaciones del gobierno de las denuncias de condiciones carcelarias deficientes. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos podía actuar en nombre de los presos y detenidos para considerar asuntos como alternativas informales al encarcelamiento en el caso de los delincuentes no violentos; sin embargo, esto en general no sucedió. En algunos casos, el gobierno restringió el acceso de los prisioneros a visitantes, abogados y médicos. No se permitió el acceso del personal de las organizaciones de derechos humanos, los familiares y otras partes interesadas al sistema penitenciario ni a los prisioneros bajo custodia.

Vigilancia independiente: El gobierno se opuso a la visita de los grupos locales de derechos humanos y de los medios de información a las prisiones. Por lo general, las ONG recibían las quejas de los reclusos por medio de los familiares, pero, debido a la falta de acceso, no podían dar seguimiento a los casos sino hasta después de que el prisionero era liberado. El gobierno rechazó todas las solicitudes de acceso de las organizaciones locales de derechos humanos a los centros penitenciarios.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y estipula el derecho de cualquier persona a cuestionar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. No obstante, las ONG de derechos humanos señalaron cientos de casos de arrestos arbitrarios efectuados por la PNN y las fuerzas parapoliciales, aun cuando estas últimas no tienen facultad para hacer arrestos.

Procedimientos de arresto y trato de los detenidos

La ley exige que la policía obtenga una orden judicial de una autoridad judicial antes de detener a un sospechoso y que informe a la familia del paradero del detenido en un plazo de 24 horas. No obstante, esto casi nunca sucedió durante los arrestos relacionados con los disturbios civiles.

La policía puede retener legalmente a un sospechoso durante 48 horas antes de hacerlo comparecer ante un juez para presentar cargos contra él. El juez debe entonces ordenar la liberación del sospechoso o su transferencia a una cárcel de detención preventiva. Se permite al sospechoso recibir la visita de sus familiares después de las primeras 48 horas. Un detenido tiene derecho a una fianza, a menos que el juez considere que existe un riesgo de fuga. El código penal enumera los delitos que pueden ser enjuiciados por un juez sin jurado y que no reúnen los requisitos para el derecho de fianza o de arresto domiciliario durante el juicio. Los detenidos tienen derecho a un abogado inmediatamente después de su arresto y el Estado proporciona un defensor público a los detenidos indigentes. Hubo numerosas denuncias de que los detenidos no tuvieron acceso inmediato a un abogado o asesor legal, y de que tampoco se les proporcionó uno durante su período de detención de 48 horas. En varios casos, las autoridades negaron tener a los detenidos bajo custodia en una cárcel específica, incluso ante sus familiares o su asesor legal.

Las organizaciones de derechos humanos y los activistas de la sociedad civil afirmaron que el gobierno abusó de la Ley de Seguridad Soberana de 2015, la cual amplió considerablemente la definición de la soberanía y la seguridad del Estado, con el pretexto de arrestar a los manifestantes y ciudadanos que se oponían a los objetivos del gobierno. El gobierno no citó públicamente la ley en casos específicos.

Arresto arbitrario: Según algunas ONG y otros grupos de derechos humanos, las detenciones arbitrarias fueron habituales, entre otras ocasiones, durante las protestas en pro de la democracia. En muchos casos, la PNN detuvo a quienes se manifestaron en pro de la democracia durante las marchas y los transportaron a otra parte de la ciudad para no tramitar el arresto. Hubo muchas denuncias de que las autoridades utilizaron las celdas de la cárcel de la DAJ para arrestos arbitrarios que se prolongaron más de las 48 horas de detención que establece la ley. Se presume que muchos arrestos se hicieron sin una orden judicial y sin informar a los familiares o a un abogado. Hubo muchas denuncias de hombres armados, encapuchados y vestidos de civiles, que actuaron solos o junto con la policía para arrestar y detener a los manifestantes de las protestas en pro de la democracia. Las organizaciones de derechos humanos indicaron que las demoras para liberar a los prisioneros después de cumplir la condena generaron muchos casos de prolongación arbitraria de la situación de arresto. La PNN también efectuó arrestos y detenciones irregulares durante las investigaciones de los grupos armados opositores o de otros delitos violentos en la región norte-centro del país.

Detención preventiva: La detención preventiva prolongada siguió siendo un problema. Muchos de los manifestantes de las protestas en pro de la democracia fueron detenidos y retenidos sin presentar cargos contra ellos y sin seguir el debido proceso. Los observadores señalaron que, en varios casos, la detención preventiva prolongada fue intencional contra líderes específicos de las protestas. También atribuyeron las demoras a la capacidad limitada de las instalaciones, a la sobrecarga del sistema judicial, a la falta de acción judicial y al índice elevado de delincuencia. No se contó con información sobre el porcentaje de la población carcelaria que estaba en prisión preventiva, ni sobre el tiempo promedio nacional que los reclusos permanecieron en esas condiciones.

Capacidad de un detenido para impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal: Aun cuando la ley dispone que los detenidos pueden impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal, por lo general, el gobierno no permitió que las personas arrestadas durante las protestas cuestionaran en un tribunal la legitimidad de su arresto o detención. Hubo denuncias de los obstáculos a los que se enfrentaron los asesores legales cuando intentaron recurrir a las garantías constitucionales de los detenidos, entre estas, el derecho de hábeas corpus. Con frecuencia, los tribunales hicieron caso omiso de sus solicitudes.

e. Denegación de juicio público imparcial

La ley establece que el Poder Judicial es independiente, pero el gobierno no respetó ni la independencia ni la imparcialidad judiciales. La ley exige que los aspirantes a jueces sean evaluados por la Corte Suprema de Justicia, proceso totalmente dominado por el nepotismo, las influencias personales y la afiliación política. Una vez nombrados, muchos jueces se vieron sometidos a presiones políticas y alicientes económicos, tanto para ellos como para sus familiares, que comprometieron su independencia. Algunas ONG se quejaron de las demoras en la administración de la justicia a causa de la inacción judicial y la impunidad generalizada, especialmente en lo que se refiere a la violencia familiar y doméstica y el abuso sexual. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, en muchos casos, la hora de inicio de los juicios cambió sin que se informara de ello a una o a ambas partes del litigio. En ocasiones, las autoridades no respetaron las órdenes judiciales.

Procedimientos judiciales

Las leyes estipulan el derecho a un juicio imparcial y público. No obstante, la reforma de la ley promulgada en 2017 permitió a los jueces negar juicios con jurado en una variedad más amplia de casos, negar la fianza o el arresto domiciliario sobre la base de normas poco claras y trasladar arbitrariamente un caso de otros distritos judiciales a Managua, en detrimento de los imputados, sus familias o su abogado. Los acusados tienen el derecho a ser informados cabal y prontamente de los cargos que se les imputan, así como el derecho a un juicio imparcial. Si bien la ley establece plazos específicos para la celebración del juicio, en la mayoría de los casos hubo demoras indebidas. Los juicios son públicos, pero cuando se trata de menores o si la víctima lo solicita pueden ser privados. La ley exige que los acusados estén presentes en su juicio, aunque esto no siempre fue respetado. En la mayoría de los casos relacionados con los cargos de terrorismo presentados contra los manifestantes de las protestas en pro de la democracia, los procedimientos fueron privados, excepto por la presencia de los medios de difusión oficiales.

La Constitución establece la presunción de la inocencia de los imputados hasta demostrar su culpabilidad. No obstante, los observadores denunciaron que los juicios contra los manifestantes de las protestas en pro de la democracia se demoraron excesivamente y no cumplieron con el debido proceso, y que la liberación de los acusados se basó en muchas ocasiones en decisiones políticas, más que en el estado de derecho. El 8 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía y liberó a algunos manifestantes encarcelados a raíz de las protestas que se iniciaron en abril de 2018. La ley fue criticada por los abogados, las organizaciones de derechos humanos y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos porque incluía una disposición según la cual los presos liberados en virtud de la amnistía podían ser encarcelados nuevamente, y sus acusaciones originales podían ser readmitidas si reincidían en las actividades que dieron lugar a su arresto inicial. Además, los observadores señalaron que, en una gran mayoría de los casos contra los manifestantes, de haberse celebrado un juicio imparcial se habría liberado a los acusados sin necesidad de una amnistía.

El informe de la ACNUDH de septiembre señaló que hubo violaciones del derecho a un juicio imparcial en los casos de personas enjuiciadas por su participación en las manifestaciones, algunas veces basadas en una aplicación distorsionada del derecho penal, que no está conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

Los acusados tienen derecho a asesoramiento jurídico, y el Estado proporciona defensores públicos a las personas indigentes. Los acusados también tienen el derecho de contar con tiempo suficiente e instalaciones para preparar una defensa; sin embargo, fue habitual que los jueces no concedieran al imputado el acceso a un asesor jurídico. En algunos casos relacionados con las protestas en pro de la democracia, no se permitió a los acusados nombrar a su asesor jurídico y el tribunal les asignó defensores públicos, lo cual los perjudicó, como afirmaron sus familiares y las organizaciones de derechos humanos. En muchas ocasiones, los asesores jurídicos de los acusados recibieron amenazas de muerte, lo que hizo que algunos de ellos renunciaran. A pesar de que la Constitución reconoce las lenguas indígenas, los acusados no siempre contaron con intérpretes o traductores judiciales. Los acusados pueden carearse con los testigos e interrogarlos, y tienen derecho a apelar su condena. Además, pueden presentar sus propios testigos y pruebas en su defensa; no obstante, algunos jueces se rehusaron a admitir las pruebas en nombre de la defensa. A los acusados no se les puede obligar a testificar ni a declararse culpables.

Las organizaciones de derechos de la mujer consideraron que el sistema judicial siguió funcionando bajo órdenes no oficiales de prescindir del encarcelamiento o la detención preventiva en los casos de violencia doméstica. Supuestamente, esa política se aplicaba solo en los casos leves de violencia doméstica.

Presos y detenidos políticos

Las ONG de derechos humanos calificaron como prisioneros políticos a los manifestantes detenidos en relación con las protestas en pro de la democracia. El gobierno no tipifica a los presos políticos como una categoría de reclusos y considera que el resto de los presos son delincuentes comunes. El 21 de mayo, las autoridades indicaron que habían liberado a 336 personas encarceladas en relación con los incidentes ocurridos después del 18 de abril de 2018. Posteriormente, el gobierno liberó a otros 158 presos que participaron en las protestas en pro de la democracia, incluidos los 106 presos políticos liberados en virtud de la Ley de Amnistía del 8 de junio. A pesar de la amplia amnistía, al 28 de noviembre, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos señaló que 161 presos políticos permanecían detenidos. El 30 de diciembre, el gobierno liberó a 91 presos políticos y 70 continuaron presos.

Los presos políticos liberados denunciaron haber sido golpeados y mantenidos en régimen de aislamiento por semanas y haber estado expuestos a deficientes sistemas de ventilación y alimentos y agua envenenados o contaminados. Las organizaciones de derechos humanos creían que una parte de los 70 presos políticos restantes estuvieron encarcelados junto con delincuentes comunes. El gobierno no permitió el acceso de los grupos de derechos humanos o las organizaciones humanitarias a los presos políticos.

Represalia por motivos políticos contra personas que se encuentran fuera del país

Hubo informes fidedignos de que el gobierno intentó emplear indebidamente los instrumentos internacionales de cumplimiento de la ley para tomar represalias contra personas por motivos políticos. Por ejemplo, en septiembre, las autoridades del gobierno recurrieron al sistema de la Interpol para exigir el arresto en los Estados Unidos del hijo de un prominente líder de la oposición. La prensa local informó que la orden judicial de la Interpol se basaba en cargos falsos de contrabando de armas a grupos de la oposición.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Las personas físicas y jurídicas pueden entablar demandas ante los tribunales civiles y reclamar daños y perjuicios por supuestas violaciones de los derechos humanos; sin embargo, las autoridades no siempre respetaron las decisiones de los tribunales.

La falta de un sistema de derecho civil eficaz dio lugar a que algunos casos civiles se tramitaran como penales, los cuales solían resolverse con mayor celeridad. En varias ocasiones, hubo personas y grupos que apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Restitución de bienes

Con frecuencia, el gobierno no tomó acciones eficaces con respecto a las órdenes judiciales de incautación, restitución o compensación de bienes propios. Esta falta de acción fue exacerbada por los disturbios sociales de 2018, en los cuales grupos de personas, incluidos los miembros del FSLN, se adueñaron ilícitamente de tierras de propiedad privada, con el apoyo implícito y explícito de funcionarios de gobierno nacional y municipal. Algunas incautaciones de tierras fueron políticamente selectivas y dirigidas contra personas específicas, como empresarios tradicionalmente considerados independientes o contrarios al partido gobernante. Por lo general, el Ministerio Público rechazó las solicitudes de desalojo de ocupantes ilegales de bienes inmuebles, o no respondía a estas solicitudes. Además, la policía nacional y local se negó sistemáticamente a desalojar a los ocupantes ilegales de estos bienes inmuebles. El sistema judicial retrasó los fallos definitivos sobre los casos entablados contra los ocupantes ilegales. La opinión generalizada fue que los miembros del Poder Judicial, incluidos quienes ocupan los cargos más elevados, son corruptos o están sujetos a presiones políticas. Cuando los jueces emitieron órdenes judiciales a favor de los terratenientes, el cumplimiento de estas órdenes estuvo con frecuencia supeditado a consideraciones no judiciales. Ante la falta de acción del gobierno, algunos terratenientes se vieron obligados a pagar a los ocupantes ilegales para que desalojaran sus bienes inmuebles. Hasta el 4 de julio, el sector privado confirmó que continuaban incautados alrededor de 12.500 acres.

f. Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe estas acciones. No obstante, el gobierno no respetó las prohibiciones de interferencias ilícitas en la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia. Las organizaciones populares del partido FSLN, entre otros, los Consejos del Poder Ciudadano, actuaron en colusión con fuerzas parapoliciales o personas leales al partido contra los hogares de manifestantes de las protestas en pro de la democracia. Sin ninguna orden judicial ni autoridad jurídica, estos grupos asaltaron ilegalmente las viviendas y detuvieron a los ocupantes. Estas acciones predominaron en las grandes ciudades, como Managua, Matagalpa, Estelí, Masaya, Rivas, León y Jinotega.

Las ONG nacionales, representantes de la Iglesia católica romana, periodistas y miembros de la oposición denunciaron que el gobierno vigilaba sus correos electrónicos y sus conversaciones telefónicas. Los representantes de la iglesia también declararon que sus sermones eran sujetos a vigilancia. Como parte de una campaña continua de las redes sociales contra las protestas en pro de la democracia, miembros y simpatizantes del partido en el poder usaron las redes sociales para publicar información personal de los defensores de los derechos humanos y de miembros de la sociedad civil. Los partidarios del gobierno marcaron las casas de miembros de la sociedad civil con difamaciones despectivas o amenazas, y luego publicaron en las redes sociales fotografías de las casas marcadas. En varias ocasiones, estas marcas llevaron a la destrucción de bienes propios.

El 4 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la ley que estableció la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para obligar a los abogados y contadores a informar al Estado sobre cualquier comportamiento financiero sospechoso de sus clientes y empleadores. Los abogados independientes señalaron que el nuevo reglamento traspasaba el secreto profesional y podía obligar a los abogados y notarios a acusar a sus clientes o a correr el riesgo de perder su licencia. Los miembros de la oposición estaban preocupados de que el gobierno empleara esta ley con fines de persecución política.

Los habitantes de comunidades del norte del país, en particular de los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega y Madriz, así como de la RACCN y la RACCS, denunciaron haber sido sometidos repetidamente por el gobierno a interrogatorios y registros sin motivo ni orden judicial, en relación con el presunto apoyo a grupos armados, en tanto que funcionarios del gobierno, por su parte, afirmaron que se trataba de delincuentes comunes. Varios miembros de la oposición que fueron Contras denunciaron que la policía los vigilaba constantemente, que los detenían y que eran sometidos a un interrogatorio por varias horas, por lo general en relación con el presunto contacto que tenían con grupos rearmados o con protestas antigubernamentales. Asimismo, señalaron que los simpatizantes del gobierno los amenazaron verbalmente fuera de sus viviendas y vigilaron y vandalizaron sus casas.

Según informes, el partido gobernante exigía a los ciudadanos demostrar que eran miembros del partido para que pudieran obtener o conservar su empleo en el sector público y tener acceso a los programas sociales públicos.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa

La ley concede la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, pero el gobierno no respetó este derecho. Las restricciones de la libertad de prensa, la ausencia de un Poder Judicial independiente y el sistema político no democrático se combinaron para inhibir la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa.  La ley dispone que el derecho a la información no puede estar sujeto a censura; no obstante, el gobierno y personas que actúan bajo su control ejercieron represalias contra la prensa y las estaciones de radio y televisión al bloquear transmisiones, obstaculizar la importación de tinta y papel, y ejercer violencia contra periodistas. Algunos medios de información independientes también denunciaron haber sido víctimas de ciberataques.

Libertad de expresión:  El gobierno usó represalias para limitar la capacidad de las personas de criticar al gobierno.

Los medios de comunicación independientes estuvieron activos y expresaron una amplia gama de opiniones a pesar de los intentos del gobierno por restringirlos e intimidarlos. Sufrieron vandalismo, la incautación del equipo de transmisión, arrestos y el temor de cargos penales de difamación. En repetidas ocasiones, el gobierno negó licencias de transmisión y otros permisos a los medios de difusión independientes. Otros intentos de intimidación fueron las constantes auditorías financieras llevadas a cabo por la Dirección General de Ingresos, que derivaron en el envío de casos al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA). La libertad de expresión de los medios informativos independientes fue restringida, por ejemplo, no se les permitió asistir a actos oficiales del gobierno, los funcionarios del gobierno se negaron a concederles entrevistas y se les impidió o limitó el acceso directo a información gubernamental. No obstante, los medios de difusión oficiales no fueron objeto de las mismas limitaciones.

El gobierno restringió el discurso simbólico. Los manifestantes en pro de la democracia fueron arrestados en múltiples ocasiones por exhibir la bandera nacional como una pancarta de protesta.

Prensa y medios de comunicación, inclusive la prensa en línea: Los medios independientes de comunicación fueron objeto de restricciones oficiales y no oficiales, represalias y acoso, pero, a pesar de ello, lograron expresar puntos de vista diversos. Los reporteros de muchas estaciones fueron amenazados y acosados con objeto de limitar su independencia editorial.

Siguió habiendo influencia, titularidad y control considerables del Estado respecto de los medios de información. La televisión nacional estuvo controlada mayormente por asociados comerciales del presidente o pasó a ser propiedad de sus familiares bajo la administración directa de estos. De los 10 canales básicos existentes, ocho estuvieron bajo la influencia directa del FSLN o bajo control y propiedad de personas estrechamente vinculadas con el gobierno. Por lo general, las estaciones pertenecientes a la familia presidencial limitaron la programación de noticias y funcionaron como medios para transmitir propaganda en pro del gobierno o del FSLN y publicidad de campañas. La prensa y las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el uso de fondos públicos para los medios oficiales de comunicación, así como el favoritismo en la distribución del dinero del gobierno asignado a publicidad, pusieron en desventaja a los medios de información independientes.

Violencia y acoso: Los periodistas fueron objeto de violencia, acoso y amenazas de muerte por el gobierno. En enero, el renombrado periodista Carlos Fernando Chamorro salió del país al exilio después de ser víctima de hostigamiento y amenazas de muerte. El 25 de noviembre regresó al país junto con otros cinco periodistas. El canal de televisión 100% Noticias y las oficinas de la revista de noticias Confidencial permanecieron cerrados y bajo custodia policial tras el allanamiento a dichas instalaciones en diciembre de 2018.

Censura o restricción del contenido: El gobierno penalizó a quienes hicieron publicaciones contrarias a la ideología del partido gobernante; sin embargo, no lo hizo conforme a directrices específicas.

Para controlar la prensa impresa, el gobierno siguió aplicando la polémica Ley 528, o “Ley Arce”, que establece aranceles elevados y demoras burocráticas para la importación de tinta, papel, maquinaria y otros insumos de imprenta, a pesar de las disposiciones de la Constitución que protegen el derecho de los medios de información a la exención de esos aranceles. Hasta septiembre, el gobierno no había permitido a los medios de prensa nacionales e independientes La Prensa y El Nuevo Diario importar tinta, papel o piezas de maquinaria para seguir imprimiendo por más de un año. Esto causó un aumento significativo de los costos de impresión y restricciones a la capacidad de impresión de ambos periódicos. El 27 de septiembre, casi después de 40 años de actividad, El Nuevo Diario anunció su cierre definitivo, citando “dificultades económicas, técnicas y logísticas que hicieron insostenible [su] funcionamiento”.

En septiembre, Radio Corporación, una emisora de radio independiente, descubrió que su antena de radio AM había sido saboteada y que los cables de transmisión habían sido desenterrados y cortados en pedazos. El personal de la estación de radio indicó que los perpetradores anónimos responsables del ataque sabían de antemano dónde el sabotaje podría causar más daños. Como resultado, la estación de radio perdió su capacidad de transmitir en la frecuencia AM por más de una semana y cambió toda su programación a una frecuencia FM. Esto generó una menor audiencia, en particular entre los radioescuchas rurales que dependen principalmente de la frecuencia AM para las transmisiones de radio.

Las restricciones impuestas a la adquisición de licencias y equipo de transmisión evitaron el funcionamiento libre de los medios de difusión. A partir de 2008, los medios de comunicación no pudieron solicitar nuevas licencias de transmisión mientras la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) estaba bajo revisión en la Asamblea Nacional. El gobierno prolongó la validez de las licencias vigentes por tiempo indefinido. Los grupos de derechos humanos y los medios de difusión independientes también afirmaron que la falta de aprobación o denegación de la Ley 200 causó incertidumbre en lo que se refiere a la compra e importación de mercancías relacionadas con la transmisión. En consecuencia, los propietarios de las estaciones de radio independientes siguieron aplazando las inversiones a largo plazo.

Algunos propietarios de medios de difusión independientes denunciaron también que el gobierno presionaba a las empresas privadas para que limitaran los anuncios publicitarios en estos medios, aunque otros observadores consideraron que la falta de publicidad se debía a la autocensura de las mismas empresas privadas o a una decisión comercial basada en los resultados de su difusión. Muchos periodistas practicaron la autocensura por temor a las repercusiones físicas y económicas que podía conllevar el ejercicio del periodismo de investigación sobre la delincuencia o la corrupción oficial. Además, los propietarios de medios de comunicación privados hicieron lo propio y optaron por no publicar noticias que influyeran en la opinión del público sobre el gobierno o el FSLN.

Leyes sobre difamación: A pesar de que durante el año el gobierno no recurrió las leyes de difamación, los medios independientes informaron de que practicaron la autocensura porque el gobierno había hecho uso de esas leyes anteriormente. La calumnia y la difamación son castigadas con multas que van de 120 a 300 veces el salario mínimo diario.

Seguridad Nacional: Las ONG de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil sostuvieron que el gobierno se basó en la Ley de Seguridad Soberana para no respetar las libertades civiles. Aunque no se cita en casos específicos, la ley se aplica a “cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense”.

Con el pretexto de proteger la seguridad nacional, un reglamento de la PNN limita las críticas que se pueden hacer a las políticas y los funcionarios del gobierno.

Libertad de acceso a internet

Hubo informes fidedignos de que el gobierno vigiló las comunicaciones privadas en línea sin la debida autoridad legal y, en algunos casos, restringió o interrumpió el acceso a internet o censuró contenidos en línea.

Varias ONG afirmaron que el gobierno vigilaba su correo electrónico y la actividad en línea sin tener autoridad legal para hacerlo. Las ONG nacionales, representantes de la Iglesia católica romana, periodistas y miembros de la oposición denunciaron que el gobierno vigilaba sus correos electrónicos y sus conversaciones telefónicas. Algunos partidarios pagados del gobierno usaron los medios sociales y los espacios de comentarios en los sitios web para acosar a miembros prominentes de la sociedad civil, a defensores de los derechos humanos y a conocidos periodistas.

El gobierno divulgó información personal de identificación para penalizar la expresión de opiniones. Como parte de una campaña continua de las redes sociales contra las protestas en pro de la democracia, miembros y simpatizantes del partido en el poder usaron las redes sociales para publicar información personal de los defensores de los derechos humanos y de miembros de la sociedad civil.  Estos últimos afirmaron que las entidades de gobierno proporcionaron la información.  Los partidarios del gobierno también usaron la información personal de identificación para marcar las casas de miembros de la sociedad civil con difamaciones despectivas o amenazas y luego publicaron en las redes sociales fotografías de las casas marcadas.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno impuso restricciones a la libertad académica y muchos estudiantes, profesores universitarios e investigadores denunciaron que se les presionó para que se autocensuraran.

Las universidades públicas eliminaron los expedientes y expulsaron a muchos estudiantes universitarios que participaron en las protestas en pro de la democracia.   En muchos casos, los estudiantes que se fueron al exilio no pudieron continuar sus estudios en el extranjero al no contar con sus expedientes académicos. Las entradas de acceso a las universidades públicas eran vigiladas a menudo por la policía y los guardias partidarios del gobierno inspeccionaban regularmente a todos los visitantes. Algunos rectores de las universidades señalaron que la matriculación tras los disturbios en pro de la democracia se redujo al 50% de los niveles anteriores a la crisis.

Las ONG de defensa de los derechos humanos y los grupos de la sociedad civil manifestaron que las autoridades obligaron a los alumnos de las escuelas públicas primarias y secundarias a participar en manifestaciones en pro del gobierno durante el horario escolar. La propaganda política del partido gobernante se exhibió en el interior de las escuelas públicas. Las organizaciones de maestros y las ONG denunciaron la interferencia continua del FSLN en el sistema escolar, por ejemplo, mediante el uso de los centros educativos como sedes de campaña del FSLN, el favoritismo mostrado hacia los jóvenes afiliados al FSLN o los hijos de miembros de ese partido, la politización del otorgamiento de becas y el uso de material didáctico en pro del FSLN.

La PNN y las fuerzas parapoliciales sitiaron y hostigaron a los estudiantes dentro de los campus universitarios durante las manifestaciones estudiantiles, lo cual es una violación a la autonomía universitaria.

b. Libertades de reunión y de asociación pacíficas

El gobierno restringió las libertades de reunión y asociación pacíficas.

Libertad de reunión pacífica

El gobierno no respetó el derecho legal a las reuniones, manifestaciones y movilizaciones públicas. No se permitieron las marchas y protestas en pro de la democracia durante el año. La policía no solo no protegió a los manifestantes pacíficos de los ataques, sino que también cometió agresiones y ofreció apoyo logístico a otros agresores. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que, cuando se trataba de manifestaciones en favor del gobierno, la policía interrumpía el tráfico y protegía a los manifestantes.

Mediante parámetros poco claros, la PNN se rehusó continuamente a aceptar solicitudes y denegó permisos para realizar marchas en pro de la democracia en espacios públicos. La denegación de un permiso por parte de la PNN dio lugar a una elevada represión y violencia contra los manifestantes durante las protestas. El 21 de septiembre, la PNN lanzó gases lacrimógenos y disparó canicas de vidrio y perdigones contra los manifestantes de las protestas en pro de la democracia y cuya solicitud había sido denegada por la PNN. Durante todo el año, las fuerzas parapoliciales atacaron las iglesias católicas romanas mientras se celebraban las misas en conmemoración de los manifestantes asesinados durante la sublevación en pro de la democracia en abril de 2018.

El 14 de noviembre, la policía sitió una iglesia en Masaya donde el sacerdote Edwin Román acogía a un grupo de madres de presos políticos que estaban en huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos. La policía obstaculizó el acceso y evitó que salieran de la iglesia, y más tarde ese mismo día el gobierno suspendió el suministro de agua y electricidad a la iglesia. El 15 de noviembre, la PNN detuvo a 16 personas que llegaron a la iglesia para solidarizarse con las madres en huelga de hambre al brindarles agua. La PNN acusó a estas personas de tráfico de armas, municiones y explosivos. Los medios de información locales y los abogados de los acusados manifestaron que la policía colocó armas de uso militar dentro de los vehículos de estas personas después de detenerlas. Un abogado de algunos de los detenidos denunció que habían recibido una golpiza en la prisión. El 2 de diciembre, el juez Adalberto Zeledón informó que el juicio de estas 16 personas iniciaría el 30 de enero de 2020.

El 18 de noviembre, oficiales de la PNN y la policía antimotines, que habían sitiado y bloqueado el acceso a la Catedral de Managua cuando las familias de los prisioneros políticos iniciaron una huelga de hambre en su interior, permitieron la entrada a la catedral a un grupo de al menos 30 personas simpatizantes del régimen, que agredieron al sacerdote Rodolfo López y profanaron objetos y espacios sagrados. Los partidarios del régimen acamparon en el altar de la catedral durante la noche y amenazaron a los huelguistas de hambre que se habían encerrado en la sacristía. El asedio finalizó el 19 de noviembre cuando la Cruz Roja evacuó a los huelguistas de hambre.

En varios comunicados de prensa y arrestos, la PNN alegó que los manifestantes fueron los responsables de la destrucción de edificios públicos y privados, incendios, homicidios y saqueos. La mayoría de los manifestantes eran pacíficos, pero algunos recurrieron a la violencia al responder a las provocaciones de la PNN y las fuerzas parapoliciales, e hicieron uso de la fuerza con piedras, morteros y armas de fabricación casera para defender sus posiciones.

Libertad de asociación

La ley concede la libertad de asociación, incluido el derecho a organizarse o afiliarse a partidos políticos; no obstante, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional usaron sus facultades de acreditación con fines políticos. La acreditación de la Asamblea Nacional es obligatoria para que las ONG puedan recibir financiamiento, tener cuentas bancarias o emplear a trabajadores legalmente. El Ministerio de Gobernación vigila que las ONG cumplan con los reglamentos y emite las certificaciones. Muchas ONG encargadas de temas de democracia, derechos humanos y asuntos de la mujer denunciaron que el Ministerio retuvo deliberadamente las certificaciones para obstaculizar su trabajo y el acceso al financiamiento. La ONG Cáritas, de la Iglesia católica romana, declaró públicamente que el gobierno retuvo mercancías de ayuda humanitaria en las aduanas mediante la imposición de requisitos poco claros para el ingreso de los productos en el país.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto en el mundo (International Religious Freedom Report) https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación

La ley concede la libertad de circular dentro del país, viajar al extranjero, emigrar y repatriarse y, en general, el gobierno respetó estos derechos. El gobierno controló de forma estricta el ingreso de personas afiliadas a algunos grupos, específicamente a organizaciones humanitarias y religiosas. El gobierno puede impedir la salida de viajeros que tengan casos pendientes, y las autoridades hicieron uso de esta facultad contra las personas que participaron en los movimientos de protesta. La ley exige visados de salida para los menores de edad.

e. Desplazados internos

No aplica.

f. Protección de refugiados

Acceso a asilo: La ley dispone la concesión de asilo o la condición de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. El asilo por motivos de persecución política solo puede ser concedido por el Poder Ejecutivo o las embajadas del país en el extranjero. La Comisión Nacional para los Refugiados (CONAR) de Nicaragua no se había reunido desde 2015.

Soluciones duraderas: El gobierno reconoció a 61 personas como refugiadas en 2015, el año más reciente para el cual hubo información disponible. Hasta mediados de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó sobre 326 refugiados o personas en condición similar a la de refugiado en el país.

g. Personas apátridas

No aplica.

Sección 3. Libertad de participar en el proceso político

La ley dispone que los ciudadanos pueden escoger su gobierno en elecciones periódicas, libres e imparciales celebradas por medio del sufragio universal e igualitario emitido de manera secreta; sin embargo, las restricciones impuestas a las libertades de expresión y de reunión y asociación pacíficas, y el fraude institucional, entre otros obstáculos, imposibilitaron las oportunidades de una elección significativa.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes:  Las elecciones en la región Caribe del 3 de marzo y las elecciones municipales de 2017 se vieron empañadas por el fraude institucional generalizado. Las elecciones en la región Caribe se caracterizaron por una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, incluida la policía antimotines en los centros de votación que, según la prensa local, intimidaron a los votantes y provocaron un bajo número de votantes. En ambas elecciones, las autoridades no proporcionaron a las organizaciones nacionales de la sociedad civil la acreditación de observadores electorales. Miembros de los partidos opositores denunciaron que los funcionarios gubernamentales trasladaron a los simpatizantes del FSLN a los centros de votación. Tanto partidos opositores como observadores afirmaron que el FSLN se sirvió del control que ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) para cometer fraude. Hubo informes de empleados del sector público que fueron presionados para votar y presentar constancia de voto en su trabajo al día siguiente.  Los representantes de la oposición declararon que se negó la acreditación a los observadores electorales de los partidos opositores, que los observadores afiliados al FSLN se hicieron pasar por representantes de la oposición y que los votos no se contaron conforme a la ley.

Varios enfrentamientos violentos y aislados posteriores a las elecciones entre simpatizantes de los partidos políticos contendientes y las fuerzas de seguridad dejaron un saldo de al menos seis personas muertas después de las elecciones municipales de 2017. Una confrontación prolongada y de mayor proporción entre partidarios del partido indígena YATAMA y el partido del FSLN en el poder causó el saqueo e incendio de varios edificios, al menos un muerto y decenas de heridos. La PNN arrestó a unos 55 miembros de los partidos de la oposición acusándolos de violencia postelectoral, pero los puso en libertad más adelante.

Los grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de un proceso electoral imparcial y transparente en vísperas tanto de las elecciones en la región Caribe de marzo como de las elecciones municipales de 2017. Los expertos electorales, líderes empresariales, representantes de la Iglesia católica romana y organizaciones de la sociedad civil indicaron que la falta de observadores nacionales acreditados, aunada al control del partido oficial sobre las estructuras electorales oficiales y todos los poderes públicos, entorpecieron la celebración de una elección libre e imparcial.

Partidos políticos y participación en la política: El FSLN utilizó los recursos del Estado en actividades políticas para ampliar su ventaja electoral en las elecciones recientes. La prensa independiente, los grupos de derechos humanos y los partidos de la oposición informaron de que el gobierno utilizó fondos públicos para proporcionar alimentos subsidiados, viviendas, vacunas, acceso a clínicas y otros beneficios directamente por medio de los Gabinetes de la Familia encabezados por el FSLN (organismos comunitarios que administran los programas sociales del gobierno) o del sistema de Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) controlado por el partido. Según se informó, estos comités y gabinetes obligaban a los ciudadanos a afiliarse al FSLN y denegaban servicios a los miembros de la oposición. El FSLN también hizo obligatoria la afiliación al partido para un número cada vez mayor de empleados del sector público. Los observadores señalaron que se siguió presionando a los empleados gubernamentales para que se afiliaran al FSLN y participaran en las actividades del partido.

El FSLN también usó su autoridad para decidir quién podía obtener cédulas nacionales de identidad. Las personas que deseaban obtener empleo en el sector público o conservarlo, tramitar documentos nacionales de identidad o inscribirse en el registro electoral fueron obligadas a obtener cartas de recomendación de los coordinadores de manzana de los CLS. Para las personas que no tenían cédula de identidad fue difícil participar en la economía legal, hacer transacciones bancarias o votar. Estas personas también estuvieron sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la propiedad de tierras. Las organizaciones de la sociedad civil siguieron manifestando su preocupación por la politización de la distribución de las cédulas de identidad y denunciaron que así fue como el FSLN había manipulado las elecciones en el pasado. Agregaron que el CSE no entregó las cédulas de identidad a miembros de la oposición, pero sí las distribuyó ampliamente a los simpatizantes del partido.

Participación de la mujer y de las minorías: Ninguna ley limita la participación de las mujeres o de las minorías en el proceso político, y ambos grupos lo hicieron. No obstante, los observadores señalaron que la mayoría de las mujeres en cargos electos a nivel nacional y municipal tuvieron facultades o influencia limitadas en sus respectivos organismos.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La corrupción predominó en la policía, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, las autoridades aduanales y fiscales y otras entidades del gobierno. El gobierno no hizo cumplir eficazmente las sanciones penales por corrupción y permitió que los funcionarios participaran en prácticas corruptas con impunidad.  La Corte Suprema y los tribunales de primera instancia siguieron siendo particularmente vulnerables a los sobornos, la manipulación y la influencia política, en especial del FSLN. Las empresas informaron que fueron habituales los sobornos de funcionarios públicos, las incautaciones ilegales y las imposiciones arbitrarias de las autoridades fiscales y aduaneras.

Corrupción: La corrupción y la impunidad siguieron siendo endémicas entre los funcionarios del gobierno, y el estado general de permisividad frustró la posibilidad de solucionar el problema de forma eficaz. La falta de instituciones sólidas, un sistema de frenos y contrapesos débil, así como el control político dominante de las instituciones gubernamentales han permitido que perdure la corrupción.

La Contraloría General de la República se encarga de combatir la corrupción interna de los organismos y las oficinas del gobierno. El contralor no hizo una verificación completa de todos los estados financieros del gobierno. En 2015, el contralor declaró que no se auditó a la empresa privada Albanisa, la cual es controlada por personas vinculadas con el régimen, que importa y vende derivados de petróleo de Venezuela, ni tampoco los ingresos asociados en virtud del acuerdo de cooperación con la petrolera venezolana porque la Asamblea Nacional no aprobó el acuerdo. Entre enero y junio, el contralor informó de que los actos de corrupción cometidos por 26 funcionarios públicos generaron pérdidas económicas al gobierno de 2,8 millones de córdobas (US $116.000), importe que los observadores consideraron irrazonablemente bajo.

Los funcionarios del Poder Ejecutivo siguieron participando en negocios financiados con fondos de la asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), al margen del proceso presupuestario normal controlado por la asamblea legislativa. Los medios informaron que los contratos financiados por ALBA fueron adjudicados a empresas vinculadas con familiares del presidente y señalaron que los fondos de Venezuela funcionaban como un presupuesto aparte controlado estrechamente por el FSLN y con escasa supervisión pública. Se supo que los casos de mala gestión de estos fondos administrados por funcionarios públicos fueron manejados personalmente por miembros del FSLN y familiares cercanos del presidente Ortega, y no por las entidades gubernamentales a cargo del erario público.

Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos casi nunca dieron a conocer su información financiera como lo exige la ley y no hubo un registro público de las sanciones impuestas por incumplimiento.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestos abusos de los derechos humanos

El gobierno impuso fuertes sanciones al limitado número de organizaciones de derechos humanos que podían trabajar en el país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) siguió estando despojado de su personalidad jurídica, lo que limitó efectivamente su capacidad para investigar los abusos y las violaciones de los derechos humanos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) siguió trabajando desde el exilio forzoso en Costa Rica y se centró más en la comunidad de exiliados nicaragüenses. Otras organizaciones de derechos humanos enfrentaron un considerable acoso y vigilancia policial. Se negó el ingreso a las organizaciones humanitarias o sus operaciones fueron obstaculizadas, y los funcionarios gubernamentales acosaron e intimidaron a las ONG nacionales e internacionales que criticaban al gobierno o al FSLN. Algunas ONG denunciaron que las intimidaciones del gobierno crearon un clima de temor con objeto de acallar las críticas.

El gobierno siguió impidiendo que las ONG y los grupos de la sociedad civil no afiliados al FSLN participaran en programas sociales del gobierno, como el Programa Amor, que ofrece servicios de bienestar social a niños y adolescentes, y Hambre Cero, un programa que distribuye ganado a pequeños productores.   También se valió a menudo de los Gabinetes de la Familia, dirigidos por el FSLN, y de los CLS, controlados por el partido, para administrar estos programas. Los programas gubernamentales creados supuestamente para prestar apoyo a las víctimas de la violencia desde abril de 2018 beneficiaron únicamente a los partidarios del FSLN. El gobierno impuso más restricciones a la capacidad de las ONG nacionales para recibir fondos directamente de donantes internacionales, lo que dificultó considerablemente su capacidad para funcionar. El gobierno siguió ampliando el alcance de su Unidad de Análisis Financiero (UAF) por medio de una enmienda a la ley aprobada el 19 de agosto que obliga a los abogados, notarios y contadores a informar a la unidad sobre actividades sospechosas realizadas por sus clientes y empleadores, medida que los observadores calificaron de extralimitación de la autoridad con fines de persecución política. En varios casos, el gobierno utilizó la unidad para bloquear a una ONG el acceso a su cuenta bancaria. Además, el creciente control sobre el ingreso de visitantes o de grupos de voluntarios extranjeros en el país dificultó el trabajo de los grupos humanitarios y las ONG de defensa de los derechos humanos. Algunos grupos informaron que tuvieron problemas para pasar las mercancías donadas por el control aduanero, y que los funcionarios del gobierno casi nunca cooperaron ni respondieron a sus quejas.

Las ONG nacionales investigadas por el gobierno denunciaron problemas para recurrir a la justicia, demoras para presentar peticiones y presiones de las autoridades gubernamentales. A juicio de muchas ONG, el contralor y las autoridades fiscales auditaban sus cuentas como un medio de intimidación, y aunque las auditorías sorpresa están permitidas legalmente, para las ONG, fueron una forma común de acoso, usadas a menudo de manera selectiva. Algunas de estas organizaciones informaron que tuvieron problemas para concertar reuniones con las autoridades y recibir información oficial debido a una cultura de ocultamiento cada vez más generalizada. Las ONG locales denunciaron que tuvieron que canalizar las solicitudes de reuniones con funcionarios de los ministerios, y de obtención de información pública a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la mayoría de los casos, no se tramitaron estas solicitudes. Algunas ONG también afirmaron que los funcionarios del gobierno mostraban hostilidad o agresión cuando se les hacían preguntas o se hablaba sobre temas como la corrupción y el estado de derecho. Los grupos que se oponían a la propuesta de construcción de un canal interoceánico también denunciaron haber sido objeto de acoso y vigilancia.

Las Naciones Unidas u otros organismos internacionales: El gobierno no permitió que la ACNUDH y la CIDH enviaran grupos de trabajo para vigilar la situación de los derechos humanos en el país. Como lo indicaron en sus informes, el gobierno no cooperó con estos grupos. Durante una reunión en julio entre el gobierno y la oficina regional de la ACNUDH, el gobierno no dio respuesta a la solicitud de la ACNUDH para que se le permitiera regresar al país para seguir documentando los abusos de los derechos humanos.

El Consejo Permanente de la OEA celebró su Asamblea General el 26 y 27 de junio, durante la cual adoptó una resolución para crear una comisión de alto nivel que ayudara a resolver la crisis del país. El gobierno rechazó su creación y señaló que no permitiría su ingreso en el país. El 14 de septiembre, el gobierno emitió una circular a sus oficinas de migración que prohibía el ingreso en el país de los miembros de la comisión, incluidos los embajadores y altos funcionarios de cinco estados miembros de la OEA, y al Jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA.

Nicaragua no envió a ningún representante a ninguna de las audiencias de la CIDH de 2019. En varios casos, los manifestantes protegidos por las medidas cautelares de la CIDH fueron detenidos o siguieron siendo acosados por los partidarios del gobierno. El 20 de septiembre, el gobierno rechazó 124 de las 259 recomendaciones hechas durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU).

Organismos gubernamentales de derechos humanos: En noviembre, la Asamblea Nacional eligió como procuradora de derechos humanos a Darling Ríos, una socióloga sin experiencia previa en derechos humanos. Ríos era una prominente dirigente de la Juventud Sandinista del FSLN. La Asamblea Nacional también eligió un nuevo subprocurador, Adolfo Jarquín, quien era hijo del anterior subprocurador y que tampoco tenía experiencia en derechos humanos. Se consideró que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) actuaba de manera politizada e ineficaz. En marzo, el CDHNU degradó a la PDDH de la categoría A a la B, aduciendo su falta de independencia.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley penaliza toda forma de violación de hombres o mujeres, independientemente de la relación que exista entre la víctima y la persona acusada. Las sentencias condenatorias por violación van de ocho a 12 años de prisión. La ley tipifica como delito la violencia doméstica y dispone penas de prisión que van de uno a 12 años.

El gobierno no hizo cumplir las leyes sobre violación y violencia doméstica, lo que dio lugar a una impunidad generalizada y a denuncias de un recrudecimiento de la violencia por parte de delincuentes liberados y envalentonados por su liberación.   El gobierno siguió empleando a los Gabinetes de la Familia dirigidos por el FSLN y a los CLS en los procesos de mediación de casos de violencia doméstica. Los procesos de ambos grupos funcionaron de manera politizada y al margen del estado de derecho. En intentos vanos y simbólicos, el gobierno recurrió de manera limitada a la educación pública, los albergues, las líneas directas, los servicios psicosociales y la capacitación policial para solucionar el problema.

Los observadores informaron que aumentó en general el número de delitos sexuales y la violencia contra las mujeres; no obstante, los datos no eran confiables. Las ONG encargadas de los asuntos de la mujer denunciaron que aumentó la violencia contra las mujeres y, por lo general, la policía minimizó la gravedad del problema.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual y los condenados por este delito quedan sujetos a penas que van de uno a tres años de prisión, o de tres a cinco años si la víctima es menor de 18 años. No hubo datos disponibles sobre iniciativas del gobierno para prevenir o enjuiciar las denuncias de acoso sexual.

Coacción en el control de la población: No se recibieron denuncias de abortos coaccionados ni de esterilizaciones involuntarias.

Discriminación: La ley establece la igualdad de género. Pese a ello, con frecuencia las mujeres sufrieron discriminación en el empleo, la obtención de crédito y la remuneración igual por trabajo similar, así como en la propiedad y la administración de negocios. El gobierno hizo cumplir la ley eficazmente en el sector público; sin embargo, las mujeres que ocupaban cargos de autoridad fueron objeto de limitaciones y su autoridad fue menor que la de los hombres. La ley no se aplicó satisfactoriamente en el sector privado ni en el sector informal más amplio.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se adquiere por haber nacido en el territorio nacional y de los progenitores. Los nacimientos se deben inscribir en el registro civil local en los 12 meses posteriores al nacimiento, aunque muchas personas, especialmente en las zonas rurales, no tenían acta de nacimiento.  Las personas sin documentos de ciudadanía no pudieron obtener cédulas de identidad nacional y, por lo tanto, tuvieron problemas para participar en la economía legal, hacer transacciones bancarias o votar. Estas personas también estuvieron sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la propiedad de tierras.

Maltrato infantil: Conforme al Código Penal, las condenas por violación cometida contra menores van de 12 a 15 años y por maltrato de menores, de siete a 12 años.  Las iniciativas del gobierno fueron insuficientes para combatir el maltrato infantil y la violencia sexual contra menores. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los elevados índices de violencia sexual contra las adolescentes contribuyeron al aumento de las tasas de embarazo en la adolescencia.

Matrimonio a edad temprana y forzoso: La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años para hombres y mujeres, o de 16 años con autorización de los padres. Hubo informes fidedignos de matrimonios forzosos y a edad temprana en algunas comunidades indígenas rurales. En el informe Estado Mundial de la Infancia 2017 del UNICEF, que incluye los datos más recientes, se señaló que el 41% de las mujeres de 20 a 24 años contraía matrimonio o vivía en unión libre antes de los 18 años, y que el 10% se había casado antes de los 15 años.  No hubo información disponible sobre iniciativas del gobierno para solucionar o evitar el matrimonio forzoso y a edad temprana.

Explotación sexual de menores: La ley prohíbe la explotación sexual en general y establece que inducir a niños o adolescentes a realizar algún acto sexual es una condición agravante. Por lo general, en los casos de trata infantil con fines sexuales, el gobierno hizo cumplir la ley. Las sanciones incluyen de 10 a 15 años de prisión para quien induzca u obligue a una persona a participar en actividad sexual, y de 19 a 20 años de prisión para los mismos actos cuando se trate de niños y adolescentes. La ley define el estupro como la relación sexual con niños de 14 años de edad o menores.

La ley también prohíbe la pornografía infantil y, por lo general, el gobierno hizo cumplir la ley. La sanción por inducir, facilitar, promover o utilizar a un menor con fines sexuales o eróticos es de 10 a 15 años de prisión.

El país fue destino del turismo sexual infantil. La ley impone penas de cinco a siete años de prisión a quienes son declarados culpables del delito de turismo sexual con menores.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Véase el informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por uno de sus padres (Annual Report on International Parental Child Abduction) en https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.

Antisemitismo

El país tiene una comunidad judía muy reducida. No se supo de informes sobre actos de antisemitismo.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

Personas con discapacidades

A pesar de que la ley la prohíbe, la discriminación contra las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales fue generalizada. Las leyes sobre personas con discapacidades no establecen sanciones por incumplimiento, aunque la imposición de estas es posible en virtud de la Ley General de Inspección del Trabajo.  El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son algunas de las dependencias gubernamentales encargadas de proteger y promover los derechos de las personas con discapacidades. El gobierno no hizo cumplir las leyes eficazmente, no ordenó la accesibilidad de las personas con discapacidades a los edificios, la información y las comunicaciones, ni proporcionó información sobre iniciativas para impulsar el respeto de los derechos de estas personas. Según los medios de difusión independientes, las personas con discapacidades representaron menos del 1% de los empleados del sector público, a pesar de que el mínimo exigido por ley es del 2%. Otros informes indicaron que no hubo coordinación suficiente entre las entidades públicas y el Ministerio del Trabajo para hacer adaptaciones en el lugar de trabajo para las personas con discapacidades.

Las personas con discapacidades siguieron teniendo problemas serios para acceder a las escuelas, los centros de salud pública y otras instituciones públicas. Los menores con discapacidades asistieron a las escuelas con otros menores sin discapacidades; sin embargo, según pruebas anecdóticas, el porcentaje de niños con discapacidades que completaron la educación secundaria fue considerablemente inferior al de otros menores. Las escuelas públicas casi nunca estuvieron bien equipadas, y la capacitación de los maestros fue deficiente para proporcionar la debida atención a los niños con discapacidades. Muchos centros de votación no fueron accesibles. Continuaron las quejas respecto de la falta de transporte público accesible para las personas con discapacidades en Managua.  Las organizaciones de personas con discapacidades afirmaron que no había acceso a servicios de intérpretes para sordos en las escuelas y universidades, lo que dificultó que estas personas recibieran educación. Las clínicas y los hospitales públicos brindaron atención a veteranos y otras personas con discapacidades, aunque la calidad fue en general deficiente.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

La exclusión por motivos de raza, color de la piel y origen étnico fue común, especialmente en las zonas urbanas de mayores ingresos. Las personas afrodescendientes de piel más oscura de la RACCN y la RACCS, al igual que otras que supuestamente provenían de esas zonas, fueron víctimas de discriminación, por ejemplo, fueron sometidas a medidas de seguridad adicionales y a registros ilícitos por parte de la policía. Los grupos indígenas y de otras etnias en la RACCN y la RACCS denunciaron que las actitudes discriminatorias hacia las minorías étnicas y raciales ocasionaron la asignación deficiente de recursos del gobierno a esas regiones. El partido gobernante dedicó atención y recursos a mantener el control político de las entidades encargadas de las decisiones en las regiones habitadas por la mayoría de los grupos indígenas.

Indígenas

Las personas indígenas representaron aproximadamente el 5% de la población del país, y se concentraron principalmente en la RACCN y la RACCS. A pesar de contar con entidades gubernamentales autónomas, las decisiones relacionadas con las tierras, culturas o tradiciones, o con la explotación de energía, minerales, madera y demás recursos naturales en las tierras de estos grupos fueron tomadas o aprobadas en su mayoría por las autoridades gubernamentales nacionales o por representantes del FSLN. Cinco de los grupos indígenas principales —misquitos, sumus o mayangnas, garífunas (de origen afroamerindio), creoles y ramas— denunciaron haber sufrido discriminación del gobierno por medio de representación insuficiente en el Poder Legislativo.

Las ONG y los grupos defensores de los derechos de los indígenas afirmaron que el gobierno no protegió los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas. Algunos observadores aseguraron que el gobierno participó en los actos de violencia contra las poblaciones misquitas en la RACCN a lo largo del río Coco, sea por no defender a las poblaciones indígenas o por complicidad con los grupos no indígenas que invaden las tierras de esas poblaciones.

Los grupos indígenas siguieron denunciando las violaciones de derechos humanos en relación con los planes para la construcción de un canal interoceánico. A menudo, los indígenas de las zonas rurales no contaban con actas de nacimiento, cédula de identidad, ni títulos de propiedad de sus tierras. La mayoría de los indígenas de las zonas rurales no tuvieron acceso a servicios públicos, y el deterioro de los caminos hizo que la obtención de medicamentos y servicios de salud fuera casi imposible para muchos de ellos.

Las mujeres indígenas fueron discriminadas a distintos niveles por motivos de etnia, género y condición económica inferior.

Durante el año, los dirigentes indígenas sostuvieron que el gobierno nacional y los gobiernos regionales otorgaron concesiones para la explotación forestal a empresas privadas y empresas afiliadas al gobierno, como ALBA-Forestal, y que la explotación forestal continuó en la RACCS y la RACCN, en contravención de las leyes nacionales sobre autonomía.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos sociales motivados por la orientación sexual y la identidad de género

Aunque no menciona específicamente la orientación sexual ni la identidad de género, la ley establece que todas las personas son iguales ante la ley y concede el derecho a la misma protección. La ley no penaliza específicamente la actividad sexual consensual entre adultos del mismo sexo. No obstante, las personas LGBTI siguieron siendo objeto de discriminación social y abuso generalizados, especialmente en relación con la vivienda, la educación y el empleo. Los grupos LGBTI denunciaron la discriminación, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de respuesta de la PNN. El gobierno y los partidarios del FSLN a menudo dirigieron campañas de desprestigio en línea y, en algunos casos, cometieron agresiones físicas en particular contra personas LGBTI que participaron en protestas civiles. No se contó con datos confiables sobre el alcance de esta discriminación, ni tampoco existen leyes específicas que castiguen los delitos de odio contra los grupos LGBTI.

Hubo informes de agresiones contra mujeres transgénero y de que la PNN no investigó debidamente estos casos. Las mujeres transgénero que participaron en las protestas en pro de la democracia fueron particularmente sometidas a hostigamiento mientras estuvieron en custodia. Se las mantuvo encarceladas con hombres reclusos, se las obligó a desnudarse frente a otros detenidos y fueron específicamente objeto de ataques verbales por parte de los guardias. La ley no reconoce la identidad de género y, por lo tanto, el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género.

Estigma social de la infección por el VIH y el sida

La ley dispone protecciones específicas para las personas con VIH y sida contra la discriminación en el empleo y los servicios de salud; sin embargo, estas personas siguieron siendo objeto de discriminación social. Siguió vigente una resolución administrativa, emitida por el Ministerio de Salud, en la que se declara que los pacientes con VIH o sida no deberían ser discriminados y que cuentan con una oficina para la presentación de quejas.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley concede a todos los trabajadores en los sectores público y privado, con excepción de los militares y policías, el derecho de organizar sindicatos independientes, de afiliarse al sindicato que elijan sin autorización previa y de negociar colectivamente. En la práctica, el gobierno violó este derecho al ejercer control sobre los sindicatos establecidos. La Constitución reconoce el derecho de huelga, aunque le impone ciertas restricciones. La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos; sin embargo, no establece medidas de protección contra las violaciones de derechos. Los procesos de conciliación fueron lentos y onerosos, y frustraron la capacidad de los trabajadores de convocar a huelga. El gobierno creó sindicatos paralelos de trabajadores para confundir y dispersar los intentos de organizar huelgas y otras acciones laborales. Además, si una huelga se prolonga por 30 días sin ninguna resolución, el Ministerio del Trabajo puede suspenderla y enviar el asunto a arbitraje.

La vigencia máxima de un convenio de negociación colectiva no puede exceder de dos años, al cabo de los cuales el convenio se renueva automáticamente a menos que una de las partes solicite su revisión. No obstante, la vigencia de los acuerdos de negociación colectiva en las regiones de la zona de libre comercio es de cinco años. Las empresas que tienen conflictos con sus empleados deben negociar con su sindicato, si lo hay. La ley permite que haya varios sindicatos en una misma empresa y la gerencia puede celebrar un contrato colectivo por separado con cada sindicato,

El gobierno intentó a menudo resolver los conflictos laborales por medio de negociaciones informales, en lugar de recurrir a los procesos administrativos o judiciales formales. La ley no establece multas específicas por infracciones de las leyes laborales, y en general las sanciones no fueron suficientes para disuadir a los infractores. Aunque la ley determina un proceso de arbitraje en un tribunal laboral, el proceso implicaba tiempos de espera prolongados y trámites largos y engorrosos, por lo que muchos conflictos laborales se resolvieron fuera del tribunal. El gobierno indicó que la gran mayoría de los conflictos laborales se resolvieron de manera favorable para los trabajadores, pero las organizaciones de trabajadores y de derechos humanos siguieron denunciando que, con frecuencia, las decisiones fueron desfavorables para los trabajadores.

No se respetó la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, y el gobierno intervino muchas veces por motivos políticos. La mayoría de los sindicatos estuvieron aliados a los partidos políticos y, en los últimos años, se informó de que el gobierno ha disuelto los sindicatos y despedido a los trabajadores que no estaban afiliados al FSLN.

Los despidos por motivos políticos siguieron siendo un problema y, al parecer, durante las protestas el gobierno aceleró estos despidos. Después de la sublevación en pro de la democracia en 2018, la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) denunció que, hasta agosto, al menos 405 médicos, incluidos algunos profesores de la Facultad de Medicina, habían sido despedidos del sistema de salud pública sin motivo. Muchos de los afectados declararon que fueron despedidos por rehusarse a obedecer las órdenes del gobierno de no prestar atención médica a los manifestantes. En 2018, las autoridades despidieron de manera similar a más de 40 empleados universitarios, que también afirmaron que los despidos fueron en represalia por expresar su apoyo a las protestas o por estar a favor de los estudiantes universitarios que participaron en ellas. La mayoría de los médicos y el personal universitario del sector público que fueron despedidos por motivos políticos no habían recibido la indemnización por despido en noviembre.   Además, a los solicitantes de empleo en el sector público presuntamente se les exigió la afiliación al partido o una carta de recomendación de los secretarios del partido, los coordinadores de los Gabinetes de la Familia u otros funcionarios del partido. Varias fuentes destacaron que hubo casos similares de despidos de empleados del sector público sin el pago de la indemnización correspondiente.

No se supo de casos documentados de huelgas que hayan sido declaradas ilegales.   Durante una huelga, los empleadores no pueden contratar trabajadores sustitutos; sin embargo, los sindicatos afirmaron que esa contratación fue una práctica habitual. Las huelgas imprevistas, es decir, las convocadas por los trabajadores sin autorización del sindicato, han sido comunes desde siempre.

Los empleadores interfirieron en el funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores y cometieron otras violaciones relacionadas con la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva. Los líderes de los trabajadores señalaron que, en repetidas ocasiones, los empleadores infringieron con impunidad los acuerdos de negociación colectiva y las leyes laborales.

Muchos empleadores del sector formal, cuyo número disminuyó durante el año, siguieron agregando nombres de sindicalistas a sus listas negras, o bien los despidieron sin reincorporarlos. Muchos de estos casos no llegaron a los tribunales ni a un proceso de mediación dirigido por el Ministerio del Trabajo. Con frecuencia, los empleadores demoraron el pago de la indemnización por despido o simplemente no lo efectuaron. También evitaron sanciones legales mediante la organización de sindicatos no independientes que ellos mismos dirigían, y a menudo usaron contratistas para reemplazar a los huelguistas. Hubo denuncias de que la cuota de afiliación al partido FSLN se deducía directamente del pago salarial.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe todo tipo de trabajo forzoso u obligatorio. Las sanciones por lo general fueron insuficientes para prevenir las infracciones. No se contaba con información disponible sobre la aplicación de estas leyes por parte del gobierno. A pesar de la voluntad política para combatir la trata de personas y la trata de personas con fines laborales, durante el año, el gobierno no tomó suficientes medidas para determinar el alcance del problema, y solo proporcionó información limitada sobre sus iniciativas para hacer cumplir la ley.

Los observadores indicaron que hubo denuncias de trabajo forzoso de hombres, mujeres y niños en la agricultura, la construcción, la minería, actividades de mendicidad en las calles, y la servidumbre doméstica.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe las peores formas de trabajo infantil. La ley establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años y limita la jornada de trabajo para los jóvenes entre 14 y 18 años de edad a seis horas por día y 30 horas por semana. Los menores de 14 a 16 años de edad deben tener el permiso de sus padres para trabajar o para firmar un contrato formal de trabajo. La ley prohíbe que los adolescentes que desempeñan trabajo doméstico pernocten en la vivienda de sus empleadores.  Asimismo, es ilícito el trabajo de los menores de edad en los lugares que el Ministerio del Trabajo considere perjudiciales para su salud o seguridad (como minas, basureros y centros de entretenimiento nocturno), así como el desempeño de ciertos trabajos agrícolas. El gobierno hizo cumplir la ley mayormente en el sector formal, el cual es mucho menor que el sector informal donde el trabajo infantil fue predominante. Las sanciones legales para las personas que emplean menores de edad en trabajos peligrosos fueron suficientes para disuadir a los infractores.

El gobierno concentró sus escasos recursos en las contravenciones de las leyes sobre el trabajo infantil ocurridas en determinados sectores de zonas geográficas muy concretas, como las regiones productoras de café, y prestó solo atención limitada al vasto sector informal.

El gobierno siguió ejecutando el Programa Amor, cuyo objetivo es erradicar el trabajo infantil mediante la reinserción social de los niños abandonados; sin embargo, no hubo información disponible sobre las actividades, el financiamiento ni la eficacia del programa.

El trabajo infantil siguió siendo generalizado.  Según las organizaciones que trabajaban en defensa de los derechos del niño, es probable que el número de menores que desempeñan alguna forma de trabajo infantil haya aumentado a 320.000. Una característica común del trabajo infantil fue el predominio del trabajo familiar no remunerado, y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) indicó que el 80% de los niños y adolescentes eran trabajadores no remunerados.

La mayor parte del trabajo infantil se concentró en la silvicultura, la pesca y el sector informal, así como en los cafetales y las explotaciones agrícolas de subsistencia. También hubo trabajo infantil en la producción de lácteos; el cultivo de naranja, banano, tabaco, productos de la palma, café, arroz y caña de azúcar; la cría de ganado; las ventas ambulantes; la recuperación manual en los basureros; la trituración de piedra; la minería de oro y la extracción de piedra pómez y caliza; la construcción; la producción y el tráfico de drogas; las actuaciones callejeras; el trabajo doméstico y el transporte.

Los menores que trabajaban en la agricultura estuvieron expuestos al sol, temperaturas extremas, pesticidas y otras sustancias químicas peligrosas; y los que trabajaban en la industria pesquera, a aguas contaminadas y condiciones marítimas peligrosas.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil (Findings on the Worst Forms of Child Labor) en https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings y el informe del Departamento de Trabajo sobre la lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso (List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor) en https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.

d. Discriminación con respecto al empleo o la ocupación

La ley y los reglamentos prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, género, discapacidad, idioma, orientación sexual o identidad de género, infección del VIH o de otras enfermedades transmisibles, o condición social. El gobierno no impidió esta discriminación, ya que no hizo cumplir eficazmente las leyes ni los reglamentos.

Hubo muchas formas de discriminación en el trabajo. En general, las mujeres tuvieron igualdad de acceso al empleo, pero pocas ocuparon los cargos superiores en las empresas y trabajaron en el sector informal en cargos más elevados que los hombres. En el sector público o en los cargos de elección popular, la influencia y la independencia de las mujeres fueron limitadas. Además, los salarios de las mujeres fueron generalmente más bajos que los de sus homólogos hombres, aun cuando se trataba del mismo puesto y desempeñaban el mismo trabajo. Entre los obstáculos que enfrentaron las personas con discapacidades en el lugar de trabajo se encontraron infraestructura inadecuada, falta de oportunidades educativas y, la mayoría de las veces, un porcentaje inferior de puestos en los servicios públicos, a pesar de que la ley exige la disponibilidad de un cierto porcentaje de esos puestos para las personas con discapacidades. Las organizaciones de personas LGBTI denunciaron que la orientación sexual y la identidad de género siguieron siendo motivo de comportamiento discriminatorio.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron una profunda preocupación por la discriminación por motivos políticos en el ejercicio del derecho a trabajar. Los trabajadores que discreparon de las recomendaciones del gobierno fueron despedidos, y se contrató solamente a las personas que tuvieran una tarjeta de afiliación al partido gobernante.

e. Condiciones de trabajo aceptables

La ley establece un salario mínimo reglamentario en 10 sectores económicos.  Según el Ministerio del Trabajo, el salario mínimo legal promedio cubría solamente el 35% del costo de la canasta básica. El ministerio, junto con los sindicatos alineados con el partido gobernante, acordó congelar los aumentos del salario mínimo para ese año.

El salario mínimo legal generalmente solo se pagó en el sector formal que, según se estimó, representa alrededor del 20% de la economía, y la contratación. Aunque el Ministerio del Trabajo es la principal dependencia ejecutora, el gobierno no asignó personal suficiente ni puso en práctica otras medidas para que la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo hiciera cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional. Por lo general, las sanciones establecidas fueron suficientes para disuadir a los infractores.

La semana laboral normal es de 48 horas como máximo, con un día de descanso.  La ley ordena el pago obligatorio de una bonificación a fin de año equivalente al salario de un mes y proporcional al número de meses trabajados. También impone el pago de una prima por sobretiempo, prohíbe el sobretiempo obligatorio y fija un máximo de tres horas extraordinarias por día, sin exceder de nueve horas por semana.

Según las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, el número de inspectores laborales era insuficiente para la población activa, que era alrededor de tres millones de trabajadores.

El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus consejos departamentales se encargan de aplicar la legislación en materia de seguridad laboral y de colaborar con otras dependencias del gobierno y organizaciones de la sociedad civil para establecer programas de asistencia y promover actividades de capacitación y prevención. Las normas de seguridad y salud ocupacional no disuadieron a los infractores en el sector formal porque casi nunca se hicieron cumplir.

De acuerdo con informes de 2016 de los Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), las normas de seguridad y salud ocupacional tampoco se aplicaron ampliamente en el vasto sector informal en crecimiento, que representó el 77% de la ocupación y el 88% de los negocios. El sector informal incluyó a la mayor parte de los vendedores ambulantes, los trabajadores del sector agropecuario, el transporte, el servicio doméstico, la pesca y la construcción menor. Con frecuencia, los empleadores hicieron caso omiso de los límites legales del horario de trabajo y afirmaron que los empleados estaban dispuestos voluntariamente a trabajar horas extraordinarias a cambio de mayor remuneración.  En el sector informal, las infracciones de los reglamentos sobre horarios y salarios fueron habituales y en la mayoría de los casos no se investigaron, particularmente en las ventas ambulantes, el trabajo doméstico y la agricultura, donde los menores siguieron trabajando en las plantaciones de café, banano, y tabaco. Se denunció el sobretiempo obligatorio en el sector de la seguridad privada, donde se exigió a menudo que los guardias trabajaran turnos excesivamente prolongados sin relevo.

De acuerdo con la ley, los trabajadores pueden negarse a trabajar en situaciones que pongan en peligro su salud o su seguridad, sin por ello arriesgar su empleo.  No quedó claro si las autoridades protegieron realmente a los empleados en estos casos.