Informe de los Derechos Humanos 2016

Nicaragua: Informe de los Derechos Humanos 2016

Resumen

Nicaragua es una república constitucional multipartidista, pero las acciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han dado lugar a una concentración de poder de hecho en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario que ejerce un control considerable sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales. El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció en noviembre la reelección del presidente Daniel Ortega Saavedra del FSLN, después de un proceso electoral que organismos nacionales y la comunidad internacional habían considerado gravemente irregular. Las elecciones también le permitieron al partido gobernante aumentar la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, lo que anteriormente le había permitido reformar la constitución para ampliar las facultades del ejecutivo y eliminar las restricciones para la reelección de alcaldes y funcionarios del poder ejecutivo. Los observadores señalaron graves irregularidades en las elecciones municipales de 2012 y las elecciones regionales de 2014.

En algunas ocasiones, las autoridades civiles no mantuvieron un control eficaz sobre las fuerzas de seguridad.

Los principales abusos en materia de derechos humanos fueron las restricciones al derecho de los ciudadanos a votar, las políticas sesgadas para promover la posición dominante de un solo partido, y el aumento del hostigamiento y la intimidación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno.

Otros abusos importantes en materia de derechos humanos incluyeron el arresto policial arbitrario y la detención de sospechosos, incluido el abuso durante las detenciones; condiciones carcelarias difíciles y que ponen en riesgo la vida con detención arbitraria y prolongada antes del juicio; obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, entre ellos la intimidación y el hostigamiento de los periodistas y los medios de comunicación independientes por parte del gobierno; así como una mayor restricción para acceder a la información pública, incluidas las estadísticas nacionales provenientes de las oficinas públicas. También hubo una corrupción generalizada, incluso en la policía, el CSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros organismos gubernamentales; violencia social, en particular contra las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); trata de personas; discriminación de minorías étnicas y de personas y comunidades indígenas; discriminación social de personas con discapacidades; discriminación de personas con VIH/SIDA y violaciones a los derechos de los sindicatos.

Rara vez el gobierno tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometían abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otras funciones del gobierno. La impunidad siguió siendo un problema generalizado.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilícitos o motivados por cuestiones políticas

Hubo informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias cometidas por el gobierno o sus oficiales, muchas de ellas durante confrontaciones con grupos armados ilegales en el norte del país; no obstante, la falta de investigaciones claras e imparciales dificultó el esclarecimiento de las muertes. Organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes alegaron que algunos de los homicidios tuvieron motivaciones políticas.

El 18 de abril, Andrés Cerrato fue secuestrado y asesinado en la comunidad de San Martín de Daca, en Ayapal, Jinotega. Desde febrero, Cerrato al parecer experimentaba el constante hostigamiento de la Policía Nacional Nicaragüense (PNN) y del ejército, quienes lo acusaban de ayudar a grupos armados con intereses políticos en la región. La familia de Cerrato alegó que hombres armados se lo llevaron a la fuerza de su casa alrededor de la medianoche. Su cuerpo apareció unas horas más tarde, aproximadamente a tres millas de su casa, con heridas de bala y signos de tortura. Antes de su muerte, Cerrato había afirmado que en marzo habían llegado soldados a su casa y lo habían coaccionado para que confesara que poseía información sobre miembros de grupos armados, aunque él había negado cualquier vínculo a esos grupos. Después de la muerte de Cerrato, el ejército negó su participación en dicha operación y dijo que no tenía ninguna información sobre el caso.

Las denuncias de tiroteos se hicieron cada vez más comunes en la zona de Jinotega. Muchos creen que los tiroteos estaban relacionados con la búsqueda por parte del ejército de lo que muchos llaman grupos antigubernamentales armados en la región central norte, aunque el ejército únicamente denuncia la presencia de delincuentes.

No hubo novedades ni se realizó ninguna investigación con respecto al asesinato de Modesto Duarte Altamirano en enero de 2015, o el de Carlos García, exintegrante de la Contra y miembro del Partido Liberal Independiente, en 2014 (véase también la sección 1.d., “Función de la policía y del aparato de seguridad”).

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por razones políticas.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la ley lo prohíbe, hubo muchas denuncias de que la policía maltrataba a los sospechosos durante las detenciones, usaba fuerza excesiva y los sometía a un trato degradante. Durante los primeros seis meses del año, la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) recibió 610 denuncias contra la PNN por uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y trato cruel o degradante, incluso en las prisiones. El CENIDH pudo confirmar el abuso en 391 de esas denuncias.

Se presentaron numerosas denuncias de tortura por parte de los agentes de la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ), unidad policial especial de investigaciones, en especial durante las detenciones relacionadas con la delincuencia organizada. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que la DAJ actuaba al margen de la cadena de mando común de la PNN y era ajena a sus procedimientos normales de asuntos internos.

Después de su liberación, dos presos que habían sido detenidos por su participación en el ataque de una caravana de buses del FSLN en 2014 denunciaron ante la prensa que mientras estuvieron en la cárcel de la DAJ recibieron golpizas con frecuencia. Además, según se informó, un estudiante mexicano que permaneció en custodia en la cárcel de la DAJ por nueve días, se presentó a su juicio con los ojos enrojecidos y con moretones. Los oficiales alegaron que los moretones habían sido “autoinfligidos” para desacreditar al gobierno.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Las condiciones en las cárceles eran duras y potencialmente mortales. El hacinamiento, el saneamiento deficiente, las dificultades para obtener atención médica y la violencia entre los presos siguieron siendo problemas graves.

Condiciones físicas: El hacinamiento persistió. Era normal que los detenidos en régimen de prisión preventiva compartieran celdas con reclusos condenados. Debido al hacinamiento, los presos menores de edad también tenían que compartir la celda con adultos. Las organizaciones de derechos humanos informaron que la policía solía dejar a los sospechosos en las celdas de detención mientras el juicio se llevaba a cabo, ya sea por negligencia policial o por falta de fondos para trasladarlos al tribunal.

Las condiciones en las cárceles siguieron empeorando porque la infraestructura era muy antigua y la población carcelaria iba en aumento. Muchos presos fueron maltratados por oficiales carcelarios y otros reclusos. Los presos también fueron víctimas de infestaciones de parásitos, insuficiente atención médica, frecuente escasez de alimentos, agua contaminada y saneamiento deficiente. Expresidiarios y familiares de presos informaron que la ventilación y la iluminación en la cárcel de la DAJ eran deficientes. Familiares, iglesias y organizaciones de beneficencia complementaron el presupuesto nacional de 10 córdobas (US $0,35) por preso por día para ayudar a pagar la comida. No había ninguna asignación presupuestaria para salud ni higiene personal.

En general, las condiciones de las cárceles de mujeres eran mejores que las de los hombres, pero también había hacinamiento y falta de higiene.

Las condiciones en las cárceles y las celdas de prisión preventiva también eran muy duras. La mayoría de los centros carcelarios estaban infestados de plagas y las instalaciones físicas eran deplorables, no tenían agua potable y las instalaciones carecían de la adecuada ventilación, electricidad y sistemas de alcantarillado.

Administración: El mantenimiento de los expedientes de los presos era inadecuado y el gobierno no tomó ninguna medida para mejorarlo. El problema era especialmente grave en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). En algunos casos, el gobierno restringió las visitas de familiares, abogados, médicos y funcionarios de derechos humanos. Si bien los presos y detenidos podían presentar denuncias ante las autoridades judiciales sin censura y solicitar la investigación de alegaciones convincentes de condiciones inhumanas, con frecuencia las autoridades hacían caso omiso de las denuncias o no les daban curso. Se desconoce en qué medida el gobierno investigó las denuncias sobre las precarias condiciones carcelarias. Si bien el defensor del pueblo nombrado por el gobierno podía actuar en nombre de los presos y detenidos para considerar otras alternativas informales a la reclusión en el caso de los delincuentes no violentos, en general esto no sucedió. El gobierno anunció en febrero que había liberado anticipadamente a más de 8.000 presos desde 2014, y en noviembre señaló, además, que quedaron en libertad condicional aproximadamente otros 1.600 presos que estaban cumpliendo condenas menores a los cinco años por delitos menores. Debido a la falta de estadísticas nacionales congruentes de años anteriores, fue difícil estimar el impacto que tuvieron estas liberaciones en las condiciones carcelarias.

Vigilancia independiente: El gobierno por lo general no permitió las visitas a las cárceles de grupos de derechos humanos locales ni de los medios de información. El gobierno tampoco permitió el acceso del CENIDH a ningún centro penitenciario cuando esta organización intentaba investigar denuncias sobre condiciones peligrosas. Por lo general, las ONG recibían quejas de los familiares de los reclusos, pero, debido a la falta de acceso, no podían darles seguimiento a los casos hasta después de la excarcelación del reo.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno y sus agentes no siempre cumplieron o hicieron cumplir la ley. Las ONG de derechos humanos notaron muchos casos de arrestos arbitrarios por parte de la PNN y el ejército, incluidas detenciones y arrestos irregulares mientras la PNN investigaba a grupos armados de oposición en la región Pacífico norte.

Función de la policía y del aparato de seguridad

La Constitución establece que la PNN es una institución apolítica y no partidista que debe proporcionar la misma protección conforme a la ley a todos los ciudadanos. La Oficina de Asuntos Internos de la PNN es responsable de investigar las denuncias y abusos relacionados con los oficiales de policía o actividades internas de la policía. Muchas de las funciones que antes tenía el Ministerio del Interior para administrar la PNN, con el presidente como comandante en jefe, le fueron trasladadas a la presidencia, de acuerdo con la reforma constitucional de 2014. Tanto el Ministerio del Interior como la PNN tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley y de mantener la seguridad interior en todo el país. El Ministerio del Interior supervisa la Dirección General de Migración y Extranjería, la cual trabaja conjuntamente con la policía para supervisar temas de migración y seguridad en las fronteras.

El ejército se encarga de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades a nivel nacional, como la lucha contra el narcotráfico y el transporte de material electoral como las papeletas de voto. Muchos observadores informados de la sociedad civil y la prensa independiente veían al ejército como una fuerza autónoma que responde directamente al presidente, esto luego de una serie de reformas a la constitución y al código militar que se promulgaron en 2014 y que otorgaron al presidente un mayor control de las fuerzas armadas. La Oficina del Inspector General es la instancia responsable de investigar los abusos y la corrupción en el ejército, pero la información pública disponible sobre sus actividades era limitada.

En algunos casos, el gobierno no pudo mantener un control eficaz sobre la PNN ni logró investigar ni sancionar el abuso y la corrupción. Siguieron presentándose numerosas denuncias de impunidad de las fuerzas de seguridad.

La Oficina de Asuntos Internos de la PNN, y en menor grado la Oficina del Inspector General, se encargan de investigar los abusos policiales. Sin embargo, la corrupción, la ineficiencia y la falta de transparencia del sistema judicial empeoraron la percepción pública de que la policía gozaba de impunidad. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2015 la PNN recibió 162 quejas por el uso de fuerza excesiva. La PNN investigó 127 de esas quejas, y en 93 de ellas los oficiales resultaron culpables. La información sobre la decisión final respecto de quienes fueron declarados culpables no estuvo disponible. Debido a la falta de especificidad acerca de las actividades de la Oficina de Asuntos Internos y el limitado acceso a la información gubernamental en general, fue difícil para las organizaciones de derechos humanos y los expertos en seguridad evaluar la forma en que la PNN investigaba las acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de sus miembros. En general, el gobierno no adoptó medida alguna en respuesta a las denuncias contra las fuerzas de seguridad.

Las ONG informaron que el presidente Ortega politizó la PNN, y por ello muchos cuestionaron su profesionalismo. Por ejemplo, el presidente renovó el mandato de la jefa de la policía nacional por tercera vez consecutiva, con lo que se convirtió en el jefe de policía con más años en el cargo desde 1990. La prórroga era legal de acuerdo con la reforma constitucional de 2014, pero el presidente ya le había prorrogado el mandato mediante un decreto ejecutivo de 2011 que supuestamente violaba el plazo en el cargo establecido por la ley en ese momento. La prórroga se dio después de que se hicieran amplios cambios al código policial que otorgaron al presidente un mayor control sobre la PNN. Los medios también señalaron el uso de un emblema de la PNN con la imagen de Sandino y del presidente Ortega como parte del uniforme de los oficiales, así como la bandera rojinegra del partido del FSLN pintada en ciertas estaciones de policía o desplegada en sus celebraciones. Las ONG y la prensa afirmaron que la PNN siguió dando un trato preferencial a los actos públicos del FSLN y otras campañas oficialistas.

La Ley de Seguridad Soberana del 2015 amplió considerablemente la definición de la soberanía y seguridad del Estado, y además estableció el Comité Nacional de Seguridad Soberana (CNSS), que funciona como un comité a nivel ejecutivo y que cuenta con el respaldo de las fuerzas militares. La ley define la “seguridad soberana” como la “condición permanente de paz” en el país y establece que el gobierno es responsable de brindar protección frente a “cualquier riesgo, amenaza o conflicto que atente contra la seguridad soberana”. Al describir cualquier riesgo o amenaza potencial a la seguridad soberana de la nación, la ley incluye “cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad o la vida de las personas, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense”. La ley faculta al CNSS, conformado por representantes de la PNN y del ejército, a disponer el envío de fuerzas de seguridad. Los grupos de derechos humanos siguieron expresando su gran preocupación por la ley y sus implicaciones en el plano democrático del país.

La impunidad persistió. No hubo novedades sobre las muertes de cuatro civiles en 2013, entre ellos el exlíder de la Contra Joaquín Torres Díaz, alias “Cascabel”, ni sobre el asesinato en 2013 de Yairon Díaz Pastrana en Pantasma, quienes murieron presuntamente a manos de fuerzas militares. De acuerdo con algunas ONG nacionales, tampoco se investigaron las golpizas ni el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes durante las protestas de 2013 frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La PNN y los fiscales declararon que no había pruebas oficiales de lo acontecido que ameritaran hacer una investigación, a pesar de que los hechos habían quedado registrados en YouTube y otros medios de información.

De la misma forma, no hubo novedades sobre la muerte en 2012 del exintegrante de la Contra Santos Guadalupe Joyas Borge (“Pablo Negro”), ni con respecto al caso de los dirigentes comunitarios Pedro Ramón Castro y Miguel Ángel Oliva, que presuntamente murieron a manos de cuatro agentes de la PNN en el municipio de Pantasma.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La policía está obligada por ley a obtener una orden judicial antes de detener a una persona y a notificar a la familia acerca del paradero del detenido dentro de un plazo no mayor de 24 horas. Aunque la ley también dispone que un fiscal acompañe al policía que efectúa la detención, el CENIDH alegó que se habían cometido irregularidades en los procedimientos de detención, lo cual dio lugar a detenciones y encarcelamientos arbitrarios.

La policía puede retener legalmente a un detenido durante 48 horas hasta que tenga lugar la instrucción de cargos, momento en que este debe comparecer ante un juez. El juez debe entonces ordenar la excarcelación del detenido o su traslado a una cárcel, donde deberá permanecer a la espera del juicio. Tras las 48 horas iniciales, el sospechoso tiene derecho a ver a sus familiares. El detenido tiene el derecho a una fianza, a menos que el juez estime que existe riesgo de fuga. En la mayoría de los casos, se informó a los detenidos sobre los cargos que pesaban contra ellos, aunque hubo ocasiones en que esto no ocurrió, y otras veces hubo retrasos. Los detenidos tienen derecho a un abogado inmediatamente después de su detención, y el Estado proporciona un defensor público a los que son indigentes.

Arresto arbitrario: Según algunas ONG y otros grupos de derechos humanos, los arrestos arbitrarios ocurrían habitualmente. Hubo numerosas denuncias del uso de las celdas de la DAJ para arrestos arbitrarios que se extendieron más de las 48 horas de detención permitidas legalmente. Muchos arrestos se hicieron supuestamente sin orden judicial y sin informar a los familiares o a un abogado.

Detención preventiva: La detención preventiva prolongada siguió siendo un problema, sobre todo en la RACCN y la RACCS, donde los detenidos solían esperar un promedio de seis meses hasta que sus casos se presentaran ante un juez. Los observadores atribuyeron las demoras a que había pocas instalaciones, a que el sistema judicial estaba sobrecargado, a la inacción judicial y al alto índice de delincuencia. No se disponía de información sobre el porcentaje de la población carcelaria en prisión preventiva, ni del tiempo promedio a nivel nacional que permanecieron los reclusos en esas condiciones.

Aptitud de un detenido de impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal: Si bien la ley establece que los detenidos pueden tienen el derecho de impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, la información procesal para hacerlo no se encontraba disponible públicamente. Se informó sobre los obstáculos que enfrentaron los abogados cuando intentaron recurrir a protecciones constitucionales para los detenidos, incluido el derecho de hábeas corpus. A menudo los tribunales hacían caso omiso de sus solicitudes.

e. Denegación de juicio público imparcial

A pesar de que la ley estipula que el poder judicial debe ser independiente, esto no se dio en la práctica. La ley dispone que los nombramientos judiciales nuevos sean aprobados por la CSJ, proceso en el que predominan indebidamente el nepotismo, las influencias personales y la afiliación política. Una vez nombrados, muchos jueces se vieron sometidos a presiones políticas y económicas que pusieron en riesgo la independencia de la justicia. Algunas ONG se quejaron de las demoras causadas por la inacción judicial y la impunidad generalizada, en especial con respecto a casos de violencia familiar y doméstica y de abuso sexual. En ocasiones, las autoridades no respetaron las órdenes judiciales.

Procedimientos judiciales

La constitución prevé el derecho a un juicio público imparcial, pero el poder judicial no siempre permitió el ejercicio de este derecho. Los acusados gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Los acusados tienen derecho a que se les informe cabalmente acerca de los cargos que pesan sobre ellos y a un juicio imparcial. Si bien la ley establece plazos específicos para la celebración del juicio, en la mayoría de los casos hubo demoras indebidas. Los juicios son públicos, pero cuando se trata de menores o si la víctima lo solicita, pueden ser privados. La ley requiere que los acusados estén presentes en su juicio, pero esto no siempre se respetó. Los acusados tienen derecho a la asistencia letrada, y el Estado asigna a defensores públicos para que representen a los acusados indigentes. Los acusados tienen derecho a disponer de tiempo y lugar suficientes para preparar su defensa y a conocer toda la información y las pruebas que se encuentren en poder de la fiscalía. También tienen derecho a saber cómo y por qué se obtuvieron, aunque solamente durante el intercambio de pruebas el juicio, y no en la etapa previa al juicio. A pesar de que la constitución reconoce las lenguas indígenas, los acusados no contaron con intérpretes judiciales. Los acusados pueden carear e interrogar a los testigos de cargo y tienen derecho a apelar su condena. Además, pueden presentar sus propios testigos y pruebas en su defensa; no obstante, algunos jueces se han negado a admitir pruebas en nombre de la defensa. A los acusados no se les puede obligar a rendir testimonio ni a declararse culpables. La ley confiere estos derechos a todos los ciudadanos, independientemente del género, etnia, discapacidad o cualquier otra condición.

La prensa independiente denunció que el sistema judicial tenía órdenes no oficiales de no ordenar el encarcelamiento ni la detención preventiva en los casos de violencia doméstica. El presidente de la CJS no refutó estas denuncias y más bien reafirmó que los jueces tenían la libertad para actuar de manera independiente en estos casos, a la vez que hacía referencia a los problemas de hacinamiento en las cárceles y los centros de detención preventiva. Según informes, esta orden solamente se aplicaba para casos leves de violencia doméstica.

Presos y detenidos políticos

No se dispuso de información fidedigna sobre el número de presos políticos ni el trato que recibieron.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Las personas físicas y jurídicas pueden entablar demandas ante los tribunales civiles y exigir indemnización por daños y perjuicios por violaciones de los derechos humanos, pero las autoridades no siempre respetaron las órdenes judiciales.

Por la ausencia de un sistema de derecho civil eficaz, algunas causas civiles se tramitaron como penales, ya que estas suelen resolverse con mayor celeridad. Hubo varios casos de personas y grupos que apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual trasladó los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Restitución de bienes

Aunque el gobierno resolvió algunos reclamos de bienes durante el año, con regularidad no hizo valer las órdenes judiciales de incautación, restitución o compensación de bienes personales. Con frecuencia, el cumplimiento de las órdenes judiciales estuvo supeditado a consideraciones de tipo no judicial. Muchos creen que los miembros del poder judicial, incluidos aquellos en altos cargos, son corruptos o son objeto de presiones políticas. El gobierno no desalojó a las personas que tomaron posesión de propiedad privada de manera ilegal.

Muchos ciudadanos extranjeros denunciaron haber sido víctimas de arrestos, y algunas veces condenas, por delitos no relacionados con ellos y que, según aseguraron, eran falsos, esto debido a controversias por bienes con ciudadanos nicaragüenses con conexiones ventajosas. En abril, Juan Venerio Espinales fue declarado culpable de matar a tiros a dos hombres que eran parte de un grupo de precaristas que supuestamente intentaban tomar su propiedad en Chinandega. Él dijo que actuó de esa manera después de que las autoridades no tomaran ninguna medida en el asunto.

La Asociación de Pequeñas Empresas, varias ONG nacionales y miembros de la oposición alegaron que el gobierno había incautado bienes de un valor menor, como computadoras portátiles, teléfonos celulares y vehículos, sin el debido proceso.

f. Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

Aunque la ley prohíbe estas medidas, varias ONG nacionales e integrantes de la Iglesia católica y de la oposición denunciaron que el gobierno había interceptado su correspondencia electrónica y sus conversaciones telefónicas.

Algunos miembros de comunidades norteñas, en particular de los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega y Madriz, así como de la RACCS y la RACCN, alegaron haber sido sometidos por el gobierno a repetidos interrogatorios y registros sin causa ni orden judicial, en relación con el presunto apoyo a grupos armados, en tanto que el gobierno, por su parte, afirmó que se trataba de delincuentes comunes.

Según informes, el partido gobernante requería que los ciudadanos demostraran la membresía del partido para obtener o conservar el empleo en el sector público y tener acceso a los programas sociales públicos.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión y de prensa

La constitución establece la libertad de expresión y de prensa, pero el gobierno utilizó medios administrativos, judiciales y financieros para limitar el ejercicio de estos derechos. Si bien dispone que el derecho a la información no puede estar sujeto a censura, la ley también estipula la responsabilidad civil retroactiva, incluidas penas por calumnias y difamación.

Libertad de expresión: Algunos individuos sufrieron represalias por haber expresado en público sus opiniones sobre asuntos de especial importancia para el partido gobernante. El 26 de febrero, Carlos Bonilla, figura de la sociedad civil, y su esposa, también activista, Gabriela García, ambos conocidos miembros de la oposición que han criticado abiertamente al gobierno, sufrieron varias heridas de arma blanca y moretones al ser atacados por cinco hombres. Ellos iban camino al CSE para presentar los resultados de una encuesta realizada por su organización sobre la percepción pública de la ineficiencia y la corrupción en dicha institución. De acuerdo con informes de testigos, los vecinos capturaron y retuvieron a dos de los atacantes y los entregaron a la policía. La policía nunca anunció una investigación del ataque ni tampoco difundió ninguna información sobre el paradero de los detenidos.

Libertad de prensa y de los medios: Los medios de comunicación independientes enfrentaron restricciones oficiales y no oficiales, además de sufrir represalias y hostigamiento, pero, en general, se les permitió expresar diversas opiniones. El gobierno restringió la libertad de los medios a través del hostigamiento, la censura y el uso de justificaciones arbitrarias que se basan en legislación pendiente y supuestas preocupaciones por la seguridad nacional. Algunos particulares, simpatizantes del gobierno, también hostigaron a los medios de información por criticar al gobierno.

El 7 de octubre, Carlos Fernando Chamorro, un importante líder de la sociedad civil y dueño del semanario de corte investigativo de mayor circulación, Confidencial, dijo que en septiembre miembros del partido gobernante y un oficial militar se acercaron e intimidaron a dos de sus empleados. En cada caso, los miembros del partido cuestionaron a los empleados sobre la operación interna del periódico, les solicitaron una lista de los visitantes a las oficinas, los códigos de acceso al sitio web del periódico, así como descripciones de las medidas de seguridad que protegen el lugar de trabajo. El ejército rechazó las acusaciones de Chamorro.

El gobierno siguió valiéndose de distintos medios directos e indirectos de presión para intentar cerrar medios de comunicación independientes supuestamente por motivos políticos. Los dueños de medios de información independientes siguieron manifestando su preocupación ya que, mediante incidentes de vandalismo, la incautación de equipos de transmisión y el temor a la imputación de cargos penales por difamación, se creó un clima de autocensura que el gobierno pudo explotar para limitar la libertad de prensa. Los medios de información independientes informaron que, en general, no se les permitió asistir a actos oficiales gubernamentales, que funcionarios del gobierno se negaron a concederles entrevistas y que se les negó o restringió el acceso directo a la información gubernamental. No obstante, los medios de comunicación oficiales no tenían las mismas restricciones.

Desde 2008, la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 200) se encuentra en etapa de revisión en la Asamblea Nacional. Mientras no se aprueben o rechacen las reformas, los medios de información no pueden solicitar nuevas licencias de operación. Sin embargo, el gobierno otorgó licencias de manera discrecional y prorrogó indefinidamente la vigencia de las licencias existentes. Algunos grupos de derechos humanos y medios de comunicación denunciaron la inseguridad jurídica generada por la falta de legislación en materia de telecomunicaciones, ya que la Ley 200 regula el proceso administrativo de rutina, como la compra e importación de bienes relacionados con la adjudicación de licencias y la transmisión. Además, los dueños de estaciones de radio informaron que tenían temor de diferir las inversiones a largo plazo debido a la falta de licencias actualizadas.

Por ejemplo, después de la muerte de su fundador, Juan Toruño, el traspaso de propiedad de la principal estación de radio independiente, Radio Darío, en León, sigue sin resolverse. El hijo de Toruño, quien se desempeñaba como gerente general de Radio Darío, presentó los documentos para el traspaso de la propiedad poco después de la muerte de su padre. Haciendo referencia a que la Ley 200 sigue estando pendiente, los funcionarios aún tienen que finalizar el proceso y por ello la estación es vulnerable a la incautación o al cierre.

El Centro de Investigación de la Comunicación de Nicaragua (CINCO) denunció que durante el año el FSLN y el presidente Ortega mantuvieron el control de los medios de televisión. La televisión nacional estuvo cada vez más estrechamente controlada por socios del presidente, o pasó a ser propiedad de familiares del presidente Ortega, quienes la administraban de manera directa. Ocho de los 10 canales en funcionamiento se encontraban bajo la influencia directa del FSLN, o los poseían y controlaban personas estrechamente vinculadas al gobierno.

En general, las estaciones pertenecientes a la familia presidencial restringieron la programación de noticias y servían como medios para transmitir propaganda a favor del gobierno o del FSLN y anuncios de campaña. La prensa y las organizaciones de derechos humanos alegaron que el uso de fondos públicos en los medios oficiales de comunicación, así como la distribución desigual de los fondos asignados a publicidad, dejaba a los medios independientes en una situación de injusta desventaja. Estos últimos afirmaron que la moratoria en la concesión de nuevas licencias oficiales de operación, junto con la incertidumbre de la prolongada revisión de la ley de telecomunicaciones por parte de la Asamblea Nacional, contribuyeron a la sensación de inseguridad jurídica y a la merma de oportunidades para la inversión privada. Algunos propietarios de medios independientes también alegaron que el gobierno presionaba a las empresas privadas para que limitaran sus anuncios publicitarios en los medios independientes, aunque otros observadores consideraron que la falta de publicidad era producto de la autocensura por parte de las compañías privadas o una decisión empresarial basada en cuestiones de tirada y de audiencia.

En enero, funcionarios, aparentemente del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, incautaron equipo de transmisión de la estación de radio independiente Radio Emperador. Los encargados de la incautación no eran identificables como funcionarios públicos y tampoco se presentaron como tales, aunque les informaron a los funcionarios de la estación que la documentación de la estación no estaba en orden.

Violencia y acoso: Uno de los diarios de oposición de mayor tirada, La Prensa, denunció que funcionarios públicos y simpatizantes del gobierno intimidaban a los periodistas continuamente, obstaculizaban activamente las investigaciones y se negaban a contestar preguntas sobre temas delicados, especialmente sobre la constitución, el estado de derecho y la corrupción. Se denunciaron muchos de casos de amenazas contra la prensa.

Censura o restricción del contenido: Muchos periodistas ejercieron la autocensura por temor a las repercusiones económicas y físicas que les podría acarrear el ejercicio del periodismo de investigación en torno a la delincuencia o la corrupción oficial. Además, los propietarios de medios de información privados hicieron lo propio y optaron por no publicar noticias que afectaban la percepción pública del gobierno o el FSLN. Las calumnias y las injurias son punibles conforme a la ley con multas estructuradas en torno al salario mínimo. Las penas por calumnias e injurias van de 120 a 300 veces el salario mínimo diario.

El gobierno siguió aplicando la polémica Ley 528, o Ley Arce, que, según propietarios de medios de prensa y ONG internacionales, limitaba el acceso del público a los periódicos independientes y de la oposición mediante el establecimiento de tarifas elevadas y obstáculos burocráticos a la importación de tinta, papel, maquinaria y otros insumos de imprenta necesarios a pesar de que la constitución establece protecciones arancelarias para los medios. Organizaciones de periodistas manifestaron su preocupación ante la falta de apoyo del gobierno hacia los medios de información y sus organizaciones.

Leyes sobre difamación: A pesar de que durante el año el gobierno no se amparó en las leyes de calumnias e injurias, ni citó la seguridad nacional como excusa para suprimir publicaciones, los medios independientes informaron que ejercieron la autocensura debido a que el gobierno había hecho uso de esas prácticas previamente.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no restringió el acceso a internet ni censuró los contenidos en línea. No obstante, varias ONG afirmaron que el gobierno vigilaba su correo electrónico sin tener autoridad legal para hacerlo. Además, algunos simpatizantes remunerados del gobierno utilizaron los medios sociales y espacios provistos para comentarios de sitios web para hostigar a prominentes miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y a un conocido periodista.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que, en 2015, aproximadamente el 20% de los ciudadanos utilizaba internet.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno impuso algunas restricciones a la libertad académica, y muchos profesores e investigadores denunciaron haber sido presionados para censurarse. No hubo injerencias gubernamentales en eventos culturales.

Las ONG de derechos humanos y grupos de la sociedad civil manifestaron que las autoridades obligaron a los alumnos de las escuelas públicas de todos los grados a participar en manifestaciones a favor del gobierno durante el horario escolar. La propaganda política del partido gobernante se podía ver en paredes internas de las escuelas públicas. Organizaciones docentes y diferentes ONG denunciaron continuas interferencias por parte del FSLN en el sistema escolar; por ejemplo, el uso de los centros educativos como oficinas de campaña del FSLN, el favoritismo hacia jóvenes afiliados al FSLN o hacia hijos de miembros del partido, la politización de la concesión de becas y el uso de materiales educativos a favor del FSLN.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Libertad de reunión

La ley reconoce el derecho a celebrar reuniones públicas, manifestaciones y movilizaciones, pero los manifestantes deben obtener una autorización para manifestaciones o marchas y tienen que registrar ante la policía el número de participantes y la ubicación previstos. El CENIDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informaron que la policía habitualmente protegía o daba trato preferencial a las manifestaciones progubernamentales del FSLN, mientras que entorpecía o denegaba la inscripción a las de la oposición. En muchos casos, la policía no protegió a los manifestantes de la oposición cuando eran atacados u hostigados por partidarios del gobierno.

El 30 de noviembre, los grupos que se oponen a la construcción prevista de un canal interoceánico organizaron una protesta a nivel nacional centrada en Managua. Los organizadores informaron que la policía arbitrariamente detuvo a miles de manifestantes y evitó su participación haciendo uso de tácticas que incluían un gran despliegue de la policía antimotines en intersecciones rurales clave que conducen a la capital, el uso de maquinaria pesada para obstruir puentes y carreteras cerca de comunidades donde vivían los manifestantes y amenazas de revocar licencias o incautar autobuses y camiones de compañías que transportaran manifestantes. Los oficiales de la PNN incautaron dos vehículos que eran propiedad de la organizadora de la protesta y líder reconocida del movimiento anticanal, Francisca Ramírez. Los vehículos fueron devueltos más tarde con daños importantes. Según informes, la PNN hirió a varios manifestantes con balas de hule, y se informó de embotellamientos vehiculares de hasta 12 millas en las carreteras que conectaban a la capital debido a los puestos de control.

Libertad de asociación

La ley prevé la libertad de asociación, que incluye el derecho a organizar partidos políticos o afiliarse a ellos; no obstante, el CSE y la Asamblea Nacional usaron sus facultades de acreditación con fines políticos. La acreditación otorgada por la Asamblea Nacional es obligatoria para las ONG que deseen recibir donaciones. Las ONG nacionales denunciaron que el control ejercido por la administración de Ortega sobre el acceso a los fondos proporcionados por donantes extranjeros reducía su capacidad de funcionamiento.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (International Religious Freedom Report) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley prevé la libertad de circulación dentro del país, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación de los ciudadanos. En términos generales, el gobierno respetó estos derechos. El gobierno controló en forma estricta el ingreso de personas afiliadas con algunos grupos, específicamente las organizaciones humanitarias y religiosas.

Maltrato de migrantes, refugiados y personas apátridas: El gobierno aplicó controles estrictos para los migrantes que buscaban atravesar el país desde Costa Rica. El gobierno informó que al menos 10 migrantes ilegales habían muerto ahogados en el Lago de Nicaragua.

La Comisión Nacional para los Refugiados no se reunía desde 2015. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que las autoridades de migración por lo general se negaban a inscribir cualquier nueva solicitud de asilo. El ACNUR informó que en 2015 se inscribieron 185 solicitudes de asilo nuevas, pero estas aún no se han considerado. Hubo informes de otras 205 solicitudes realizadas durante el año, pero el ACNUR no tenía más información sobre las acciones del gobierno con respecto a ellas. Los miembros de la oposición notaron el contraste que existía entre la falta de una respuesta a nuevas solicitudes para obtener la condición de refugiado y asilo por parte del gobierno, y la rapidez con la que el expresidente salvadoreño Mauricio Funes recibió asilo político. Al no poder acceder a información oficial, fue imposible conocer de otras solicitudes que fueran aceptadas y de la rapidez de su tramitación.

Protección de los refugiados

Acceso a asilo: La ley contempla la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. El asilo por motivos de persecución política solo puede ser otorgado por el poder ejecutivo o por las embajadas del país.

Soluciones duraderas: De acuerdo con el ACNUR, el gobierno concedió la condición de refugiadas a 61 personas en 2015.

Sección 3. Libertad de participar en el proceso político

La ley les otorga a los ciudadanos la posibilidad de escoger su gobierno en elecciones periódicas, libres e imparciales celebradas sobre la base del sufragio universal e igualitario, emitido de manera secreta. No obstante, en años anteriores, el gobierno restringió el ejercicio de este derecho, y este año tomó aún más medidas para ello.

Las reformas constitucionales de enero de 2014 permiten que los militares uniformados y los oficiales de policía ocupen cargos públicos, que la reelección sea indefinida y que se prorroguen indefinidamente los mandatos de los funcionarios públicos si la Asamblea Nacional no nombra funcionarios nuevos.

Las elecciones del 6 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente, miembros de la asamblea nacional y representantes del parlamento centroamericano no cumplieron las condiciones de libres e imparciales. Los observadores locales, líderes empresariales, representantes de la Iglesia católica y muchos miembros de la sociedad consideraron que el proceso electoral fue ilegítimo a causa de la ausencia de observadores nacionales e internacionales acreditados, el control del partido gobernante sobre la mayoría de los sistemas de equilibrio social para demostrar la imparcialidad de las elecciones y la forma en que el partido del gobierno controla otros poderes del gobierno para detener la participación de cualquier forma de oposición sustancial.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: Las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de noviembre se caracterizaron por alegaciones de fraude institucional y la ausencia de partidos políticos de oposición independientes. Los observadores nacionales y los líderes de oposición sostuvieron que las tasas de abstencionismo fueron de 60% y 70%, contrarias a la tasa de participación de votantes del 68,2% que publicó el CSE. Miembros de los partidos de oposición también informaron que funcionarios gubernamentales habían transportado simpatizantes del partido gobernante a los centros de votación. Miembros de los partidos de oposición y observadores afirmaron que el partido gobernante aprovechó el control que ejerce sobre el CSE para cometer fraude. Empleados del sector público informaron que habían sido presionados para votar y mostrar constancia de voto al día siguiente en sus sitios de trabajo. Observadores nacionales y representantes de la oposición alegaron que hubo escrutiñadores de la oposición a los que se les negó la acreditación, escrutiñadores afiliados al FSLN que se hicieron pasar por escrutiñadores de la oposición y votos que no se contaron de conformidad con la ley.

Partidos políticos y participación en la política: El FSLN utilizó recursos estatales en actividades políticas para ampliar su ventaja electoral en las recientes elecciones. También obligó a cada vez más empleados del sector público a afiliarse al partido. La CPDH y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunciaron que se obligó a empleados de diversas instituciones estatales a afiliarse al FSLN y que las solicitudes de cargos en el gobierno debían estar acompañadas de una recomendación escrita de dicho partido. La ANPDH también recibió informes de que el FSLN descontaba automáticamente la cuota de afiliación al partido del sueldo de algunos empleados estatales.

El FSLN también ejerció su autoridad para decidir quién podía obtener cédulas de identidad. Las personas que no tenían cédula de identidad tuvieron dificultades para participar en la economía legal, realizar operaciones bancarias o votar. Estas personas también estaban sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la tenencia de tierras. Las organizaciones de la sociedad civil siguieron manifestando su preocupación por la politización de la distribución de las cédulas de identidad. Alegaban que de ese modo el FSLN había intentado manipular las elecciones en el pasado, y que el CSE no había entregado las cédulas a los ciudadanos opositores y sí lo había hecho entre quienes eran leales al gobierno.

El 8 de junio, cinco años después de que se entablara una demanda por la representación legal del partido opositor Partido Liberal Independiente (PLI), la CSJ emitió un fallo. La CSJ falló en contra del representante del PLI y principal coordinador de oposición, Eduardo Montealegre, con lo que el partido se traspasó a un representante legal que, al parecer de muchos, respondía al FSLN, Pedro Reyes.

Al ser el segundo partido que recibió más votos en la elección presidencial de 2011, el PLI tenía el derecho constitucional de designar representantes del partido para sesionar en los Consejos Electorales Municipales (CEM) y los Consejos Electorales Departamentales (CED), junto con representantes del FSLN. Los CEM y los CED resuelven diferencias electorales y supervisan el proceso electoral por regiones geográficas. El momento en que se dio el fallo de la CSJ redujo drásticamente la capacidad del PLI para ocupar estos cargos, lo que le permitió al FSLN colocar a sus partidarios en ellos. Los observadores también señalaron que estas acciones, junto con el anuncio del presidente Ortega del 4 de junio de que no habría observación nacional ni internacional de las elecciones, no dejó ningún mecanismo de fiscalización viable e independiente en las elecciones de noviembre.

El 29 de julio, por solicitud de Pedro Reyes, el CSE apartó a 28 diputados pertenecientes al PLI de sus cargos, los cuales son de elección popular, en la Asamblea Nacional porque se negaron a reconocer el nuevo liderazgo.

El 18 de noviembre, Pedro Reyes confirmó informes de que había sido destituido como presidente nacional del PLI; dijo que el CSE le informó que su destitución respondía a la petición de la junta directiva del partido y que se apegaba a las reglas del PLI. Reyes declaró que el CSE también le informó que no podía participar en actividades del partido durante tres años.

Participación de la mujer y de las minorías: Las reformas constitucionales de 2014 exigieron una representación igual de hombres y mujeres en todas las entidades con cargos electivos (incluidos los concejales, alcaldes y vicealcaldes), así como los representantes de la Asamblea Nacional. Los observadores vieron estos cambios como superficiales, e indicaron que las mujeres en estos cargos no tenían poder ni influencia importante dentro de sus respectivas organizaciones. Aunque la ley no menciona específicamente los cargos presidenciales y vicepresidenciales, todos los partidos, excepto uno, presentaron a un hombre y a una mujer como sus candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente, para las elecciones de noviembre. Algunos partidos de oposición expresaron temor de que se les descalificara de la papeleta si no cumplían con el requisito de representación equitativa en la papeleta presidencial, a pesar de que esto no era un requisito expreso de la ley.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley dispone la imposición de sanciones penales en los casos de corrupción oficial; no obstante, el gobierno no aplicó la ley eficazmente, y los funcionarios con frecuencia actuaron de manera corrupta con impunidad.

Funcionarios del poder ejecutivo siguieron distribuyendo, al margen del presupuesto normal controlado por el poder legislativo, los fondos de asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que dirige Venezuela, y que alcanzaron en promedio de más de US $550 millones de dólares al año desde 2010 hasta 2013, pero en 2016 estos fondos se desplomaron a aproximadamente US $200 millones. La prensa informó que los contratos financiados con fondos de la ALBA se adjudicaron a compañías administradas por parientes del presidente Ortega, y señaló que estos fondos de Venezuela operaban como un presupuesto separado, que estaban estrechamente controlados por el FSLN y que prácticamente no tenían fiscalización pública. Según informes, los casos de mala administración de estos fondos por parte de funcionarios públicos fueron manejados personalmente por miembros del partido gobernante en lugar de los entes gubernamentales a cargo de la fiscalización de fondos públicos.

La prensa independiente, grupos de derechos humanos y partidos de la oposición informaron que el gobierno del presidente Ortega, al hacer uso de los gabinetes de familia dirigidos por el FSLN (organismos comunitarios que administran programas sociales del gobierno) y los comités de liderazgo sandinista (CLS) controlados por el partido, borraba toda distinción entre el FSLN y el gobierno. El gobierno administraba alimentos, viviendas y vacunas queestaban subsidiados, así como el acceso a clínicas y otras prestaciones, directamente por conducto de los gabinetes de familia o el sistema de los CLS, los que presuntamente solían obligar a las personas a afiliarse al FSLN y denegar servicios a miembros de la oposición. Las personas que deseaban obtener o conservar el empleo en el sector público, tramitar la cédula nacional de identidad o empadronarse debían obtener cartas de recomendación de los coordinadores de manzana de los CLS. El gobierno siguió delegando responsabilidades legales a los gabinetes de familia, sobre todo en la mediación de casos de violencia doméstica.

Los líderes indígenas, propietarios y organizaciones de la sociedad civil siguieron solicitando información detallada y expresando sus objeciones a la concesión de 100 años que se otorgó a Hong Kong Nicaraguan Canal Development Investment Company en 2013 para construir y dirigir un canal interoceánico que cruza todo el país. Varias organizaciones, grupos de derechos humanos y terratenientes ˗conocidas colectivamente como el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía Nacional˗ trató formalmente de impugnar la ley que permite la concesión, tanto ante la Asamblea Nacional como la CSJ. No obstante, ambas instituciones bloquearon estas solicitudes.

Corrupción: Las compañías informaron que los sobornos de funcionarios públicos, las incautaciones ilegales y las imposiciones arbitrarias por parte de las autoridades fiscales y aduaneras eran moneda corriente. En una encuesta en que participaron 2.500 compañías, un tercio de los encuestados denunciaron acciones ilegales y arbitrarias por parte de los funcionarios gubernamentales que regulan los derechos a la propiedad y la creación de empresas.

Los jueces siguieron siendo bastante permeables a los sobornos, la manipulación y otras formas de corrupción, especialmente a manos del FSLN, lo que hace pensar que el FSLN influía mucho en los fallos de la CSJ y de los tribunales inferiores. En febrero, la prensa informó sobre la liberación de más de 8.000 prisioneros desde 2014 a través de un programa que existía fuera del Ministerio del Interior y evitaba el proceso judicial legal que les otorga a los jueces la autoridad exclusiva para liberar presos. El gobierno confirmó la liberación y la justificó como un programa para la liberación humanitaria de presos y la reunión de las familias. No obstante, las organizaciones de derechos humanos indicaron que varios presos que previamente habían recibido órdenes judiciales de liberación, emitidas a través del sistema judicial, seguían encarcelados. Representantes del sector privado también denunciaron un aumento en la corrupción judicial por la obtención de dinero mediante extorsión.

Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos estaban sujetos a las leyes de divulgación de información financiera. La ley exige que estas declaraciones se hagan públicas y prevé sanciones en caso de incumplimiento. En la práctica, los funcionarios públicos hicieron estas declaraciones en público, y no había registro oficial de las sanciones por incumplimiento. La Contraloría General de la República de Nicaragua se encarga de combatir la corrupción en los organismos y oficinas del gobierno. No obstante, los observadores cuestionaron la imparcialidad del contralor, en particular la falta de supervisión de los fondos de la ALBA otorgados directamente al gobierno. Desde 2007, ningún contralor ha investigado a ninguna oficina del gobierno ni ha impuesto las sanciones por incumplimiento que establece la ley.

Acceso público a información: Aunque la ley estipula el acceso público a la información y a las estadísticas gubernamentales, la falta de transparencia y acceso a la información siguieron siendo un problema grave. Los documentos del presupuesto gubernamental eran fácil y ampliamente accesibles al público en general, pero no daban un panorama completo de los ingresos y gastos. Por ejemplo, el gobierno no dio cuenta de la forma en que se utilizó la importante ayuda extrapresupuestaria proveniente de Venezuela (véase arriba), y además, esta ayuda no estaba sujeta a una auditoría o a la supervisión legislativa. Los retrasos y la denegación de información eran algo habitual, mientras que los mecanismos de apelación eran demasiado lentos y onerosos. El control de la información del gobierno está centralizado en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía (CCC), encabezado por la primera dama, Rosario Murillo, aunque no existe ninguna disposición legal respecto de dicho cargo. Los medios de información y algunas organizaciones de la sociedad civil, como CINCO y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, informaron reiteradamente que era normal denegar las solicitudes de información oficial que no estuvieran expresamente autorizadas por el CCC. La ley contempla excepciones a la divulgación cuando se trata de proteger la seguridad nacional y los secretos comerciales. No existen plazos obligatorios para el cumplimiento de las solicitudes de divulgación.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

En el país actuaron diversos grupos de derechos humanos nacionales e internacionales. Las organizaciones dedicadas a actividades humanitarias enfrentaron obstáculos para actuar o corrieron el riesgo de ser expulsadas, y los funcionarios gubernamentales hostigaron e intimidaron a las ONG nacionales e internacionales que tenían una actitud crítica frente al gobierno o el FSLN. Algunas ONG denunciaron que las intimidaciones de los funcionarios gubernamentales generaban un clima de temor con el objeto de reprimir las críticas. El gobierno siguió impidiendo que las ONG y las organizaciones de la sociedad civil no afiliadas al FSLN participaran en programas sociales del gobierno, como el Programa Amor y Hambre Cero, y para administrarlos a menudo se valió de los gabinetes familiares o los CPC controlados por el FSLN. El gobierno impuso mayores restricciones a la capacidad de las ONG nacionales para recibir fondos directamente de donantes internacionales, lo cual obstaculizó considerablemente su capacidad para funcionar. Además, el creciente control sobre el ingreso de visitantes o grupos de voluntarios extranjeros en el país obstaculizó el trabajo de grupos humanitarios y de las ONG de derechos humanos. Algunos grupos denunciaron dificultades para pasar por aduanas bienes donados.

Las ONG nacionales que fueron investigadas por el gobierno denunciaron tener problemas para recurrir a la justicia, demoras en la radicación de peticiones y presiones de las autoridades estatales. A juicio de muchas ONG, el controlador y las autoridades fiscales auditaban sus cuentas como una forma de intimidación. Según las ONG, si bien están legalmente permitidas, las auditorías sorpresa eran una forma común de hostigamiento que por lo general se realizaban con criterio selectivo. Algunas de estas organizaciones informaron que tuvieron dificultades para concertar reuniones con las autoridades y recibir información debido a una creciente costumbre generalizada de ocultamiento. Algunas ONG también denunciaron que los funcionarios del gobierno reaccionaban de manera hostil o agresiva cuando se les preguntaba o hablaba sobre temas como la corrupción y el estado de derecho.

Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales: En agosto, un relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos canceló un viaje que tenía programado al país y adujo que la cancelación se debía a que la oficina de seguridad de la ONU no había aprobado el viaje. Después de que el gobierno expulsara a personas que trabajaban en asuntos de derechos humanos a principios del año, las organizaciones asociadas locales expresaron que, a su parecer, había otras preocupaciones en relación con la visita del relator especial. El gobierno no envió un representante a las audiencias de abril de la CIDH. Ese tribunal convocó una reunión privada a solicitud del CENIDH para hablar sobre la inacción del gobierno en relación con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor del CENIDH en 2008. También se convocaron dos audiencias públicas relacionadas con asuntos de derechos humanos en general, una en abril y otra en diciembre, en las que el gobierno decidió no participar. La CIDH había solicitado visitar el país en diversas ocasiones durante períodos de sesiones previos, y ya había recibido la promesa del gobierno de que se tramitaría su solicitud.

En febrero, el gobierno detuvo, revocó el permiso de entrada, y expulsó a Carlos Ponce, director para América Latina de Freedom House. Ponce visitaba el país para presentar el caso de Nicaragua según el informe Libertad en el mundo 2015. Los funcionarios indicaron que él había intentado ingresar al país con un pasaporte de una nacionalidad diferente a la que había usado en entradas anteriores. Hubo numerosas detenciones y expulsiones de visitantes extranjeros cuyas visitas se centraban en asuntos sensibles para el partido gobernante, entre ellos las presuntas críticas sobre los derechos humanos, el estado de derecho y el canal interoceánico.

Organismos de derechos humanos gubernamentales: En abril, la administración designó a Corina Centeno para que dirigiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Las organizaciones de derechos humanos respondieron a su nombramiento con críticas y señalaron su experiencia previa con sindicatos de salud y su afiliación al FSLN. La PDDH era vista como una institución ineficaz y politizada.

La Asamblea Nacional formó una comisión de derechos humanos que se ocupó principalmente de amnistías e indultos. Las organizaciones de la sociedad civil tenían la impresión de que dicha comisión estaba paralizada por la política partidista y que carecía de credibilidad.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley sanciona toda forma de violación, independientemente de la relación que exista entre la víctima y el acusado. Las penas por violación van de 12 a 15 años, o son de 15 años en casos de violación con agravantes. La ley dispone sanciones para la violencia doméstica y contempla penas de prisión que van de uno a 12 años. El gobierno no aplicó la ley de manera eficaz, lo que condujo a una impunidad generalizada y denuncias sobre delincuentes liberados más violentos y osados a causa de su liberación. Muchas mujeres eran reacias a denunciar el abuso porque tenían que someterse a los exámenes médicos obligatorios para las víctimas de violación y otros delitos sexuales o por el estigma social, el temor a represalias, la impunidad de los perpetradores y la pérdida de la seguridad económica si sus cónyuges abusivos eran encarcelados. Si bien la ley prevé la emisión de órdenes de alejamiento, su aplicación siguió siendo problemática. Los observadores informaron que el número de delitos sexuales contra las mujeres había aumentado con respecto al año 2015. Según informes de la policía, se habían registrado 1.458 violaciones y violaciones con agravantes y 862 casos de abuso sexual en 2015, que son los últimos datos disponibles. No obstante, el Instituto de Medicina Legal, adscrito al poder judicial, informó que se encontraba investigando 5.596 casos de violencia sexual en 2015, lo que constituyó más del 7% de sus investigaciones. No existen estadísticas completas sobre procesamientos ni condenas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres afirmaron que muchos de los presos que fueron liberados en los últimos años (véase la sección 1.c) habían sido condenados por atacar mujeres, pero estas afirmaciones no pudieron ser verificadas.

Según informes de ONG nacionales, siguió registrándose un alto nivel de violencia contra la mujer. La ONG Católicas por el derecho a decidir de Nicaragua denunció que 41 mujeres habían sido asesinadas entre enero y julio, y muchas de ellas habían sido violadas, golpeadas o mutiladas. Las ONG que trabajan en asuntos de la mujer denunciaron que la gravedad de estos delitos ha aumentado durante los últimos siete años. Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer denunciaron que por lo general la policía subestimaba el nivel de violencia en contra de la mujer. Por ejemplo, en 2015, la PNN reconoció 16 femicidios, mientras que la ONG Red de Mujeres contra la Violencia denunció 53 casos. Las ONG defensoras de los derechos de la mujer siguieron protestando contra el decreto presidencial que reglamenta la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) porque reduce las protecciones de las mujeres contra la violencia que contiene dicha ley.

Las comisarías de la PNN se establecieron en 1993 como oficinas independientes diseñadas para proporcionar asistencia social y jurídica a la mujer; mediar en conflictos conyugales; investigar y ayudar a tramitar denuncias penales; y remitir a las víctimas a otros organismos de ayuda, tanto gubernamentales como no gubernamentales. No obstante, los observadores y los organismos de ayuda informaron que la PNN ya no tenía a su cargo estas comisarías y que las había remitido, junto con la investigación de este tipo de delitos, a la policía común o a la DAJ. Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer denunciaron que a las ONG o los familiares se les prohibió acompañar a las mujeres cuando denunciaban casos de violencia doméstica o agresión sexual, además de que la carga de la prueba del delito por lo general recaía en la víctima. Los grupos de mujeres afirmaron que el reducido número de refugios (dos gubernamentales y 11 no gubernamentales) no era el suficiente, especialmente en la costa del Caribe, donde había solo un refugio (no gubernamental) en la RACCN.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual, y los culpables están sujetos a penas que van de uno a tres años de cárcel, o de tres a cinco si la víctima es menor de 18 años. Los observadores consideraron que la mayoría de los casos de acoso sexual no se denunciaron debido a que las autoridades no les dan importancia y al temor de las víctimas a sufrir represalias.

Derechos reproductivos: Las parejas y los individuos tienen derecho a decidir cuántos hijos desean tener, su espaciamiento y el momento de tenerlos; manejar su salud reproductiva; y tener acceso a la información y los medios para hacerlo, sin discriminación, coacción ni violencia. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud de 2015 estimaron que la tasa de mortalidad materna fue de 150 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. En algunas zonas, como la RACCN y la RACCS, las mujeres no tuvieron acceso generalizado a programas de salud ni atención médica y, en general, la tasa de mortalidad materna fue más alta entre las mujeres pobres de las zonas rurales que entre las de zonas urbanas.

Por lo general se brindó la atención médica de emergencia, pero en algunos casos, las mujeres tuvieron miedo de buscar tratamiento médico para emergencias obstétricas posaborto debido a una prohibición del aborto “sin excepciones”. Los observadores indicaron que el Ministerio de Salud siguió avanzando en cuanto a calidad, cobertura, distribución y uso de anticonceptivos mediante programas de planificación familiar exitosos.

Discriminación: La ley establece la igualdad de género. Pese a ello, las mujeres sufrieron discriminación en la obtención de empleo y préstamos, con respecto a remuneración igual por trabajo de igual valor, o en calidad de propietarias y encargadas de negocios. Las mujeres tuvieron muchas menos oportunidades de alcanzar puestos jerárquicos o gerenciales. En cuestiones relativas al derecho de propiedad, las autoridades solían discriminar a las mujeres de escasos recursos que no tenían certificado de nacimiento o cédula de identidad. La procuradora especial de la mujer de la Defensoría de los Derechos Humanos y el Ministerio Nicaragüense de la Mujer, entidades gubernamentales responsables de proteger los derechos de las mujeres, demostraron tener una eficacia limitada.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el país o a través de los padres. Los nacimientos se deben inscribir en las oficinas locales del registro civil durante los 12 meses siguientes al nacimiento del niño; ahora bien, muchas personas, en particular en las zonas rurales, no tenían certificado de nacimiento. Las personas sin documentos de ciudadanía no pudieron obtener cédulas de identidad, y por ende tuvieron dificultad para participar en la economía legal, realizar operaciones bancarias o votar. Estas personas también estaban sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la tenencia de tierras.

El gobierno siguió inscribiendo a los recién nacidos en mesas instaladas para tal fin en los hospitales públicos y mediante programas a cargo de promotores sociales que visitaban las zonas rurales. MiFamilia, el Registro Civil y, en menor medida, el CSE son las instancias responsables de inscribir los nacimientos, pero no facilitaron datos.

Maltrato de menores: La PNN informó que en 2015, el periodo más reciente con datos disponibles, las autoridades recibieron 889 denuncias de delitos sexuales contra niñas adolescentes. Los grupos de derechos humanos expresaron preocupación por el alto índice de embarazos de adolescentes en el país. De acuerdo con la ONG Plan International, los altos índices de violencia sexual contra jóvenes adolescentes contribuyeron a los altos índices de embarazos de adolescentes.

Matrimonio a edad temprana y forzoso: La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años para hombres y mujeres, en tanto que con la autorización de los padres, la edad es de 16 años. Hubo informes fidedignos de matrimonios forzosos y a edad temprana en algunas comunidades indígenas rurales. El informe Estado Mundial de la Infancia de 2016 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló que el 41% de las mujeres de 20 a 24 años contraía matrimonio, o vivía en unión libre, antes de los 18 años, y el 10% se había casado a los 15 años. No hubo información disponible de que el gobierno hubiera hecho algún intento para impedir el matrimonio forzoso y a edad temprana, en tanto que algunos defensores de los derechos de los menores alegaron que el gobierno no aplicó la ley eficazmente.

Explotación sexual de menores: La Ley contra la Trata de Personas, promulgada en 2015, prohíbe la explotación sexual en general y establece como condición agravante el inducir a niños o adolescentes a realizar algún acto sexual. En los casos de prostitución infantil, por lo general el gobierno hizo cumplir la ley. Las sanciones incluyen penas de cárcel de 10 a 15 años para todo el que induzca u obligue a una persona a realizar algún acto sexual, y de 19 a 20 años de cárcel para los mismos actos cuando se trate de niños y adolescentes. La ley define la violación de un menor como relaciones sexuales con menores de 14 años de edad o menos. Varias ONG informaron que la explotación sexual de niñas de corta edad era común, así como el predominio de hombres mayores que ellas (incluidos no nicaragüenses) que las explotaban bajo el pretexto de estar manteniéndolas.

La ley también prohíbe la pornografía infantil, y el gobierno hizo cumplir la ley. La sanción por inducir, facilitar, promover o utilizar un menor para fines sexuales o eróticos es de 10 a 15 años de prisión.

El país fue país de destino del turismo sexual infantil. La ley impone penas de cinco a siete años de cárcel a los condenados por este delito. Se obtuvieron informes anecdóticos de turismo sexual infantil en Granada, Rivas, Chinandega y Managua, y no hubo denuncias registradas oficialmente.

Sustracción internacional de menores: El país es parte del Convenio de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Véase el informe del Departamento de Estado sobre sustracción de menores por uno de sus padres (Annual Report on International Parental Child Abduction) en travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html.

Antisemitismo

De acuerdo con la Congregación Israelita de Nicaragua, la comunidad judía en Nicaragua está compuesta por aproximadamente 50 miembros. No hubo informes de actos antisemitas.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La discriminación de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, aunque prohibida por la ley, fue generalizada en la educación, el transporte, el acceso a la atención de la salud, los servicios públicos y el empleo. Las leyes sobre las personas con discapacidades no contemplan la imposición de sanciones por incumplimiento, si bien era posible imponerlas en virtud de la Ley General de Inspección del Trabajo. MiFamilia, el Ministerio del Trabajo y la PDDH son algunos de los organismos gubernamentales encargados de proteger y promover los derechos de las personas con discapacidades. El gobierno no hizo cumplir las leyes eficazmente; no estableció la obligatoriedad de facilitar el acceso a edificios, a la información y a las comunicaciones a los discapacitados, ni proporcionó información de que hubiera tratado de promover un mayor respeto de los derechos de estas personas. Los medios de información independientes informaron que las personas con discapacidades no llegaban a representar el 1% de los empleados del sector público, a pesar de que el mínimo exigido por ley es del 2%. Otros informes indicaron que tampoco existía suficiente coordinación entre las entidades públicas y el Ministerio del Trabajo para admitir personas con discapacidades en el lugar de trabajo.

Las personas con discapacidades siguieron teniendo problemas para ingresar a las escuelas, los centros de salud pública y otras instituciones públicas. Muchos centros de votación no eran accesibles para ellas. Persistieron las quejas por la falta de transporte público con acceso para personas con discapacidades en Managua. Si bien algunos autobuses estaban equipados, algunos conductores de estos autobuses supuestamente se negaban a parar para que subieran personas con discapacidades o averiaban deliberadamente los equipos de elevación y las rampas. La prensa informó que la alcaldía de Managua auspició la capacitación de conductores de autobuses a través de las cooperativas de transporte. La procuradora especial de las personas con discapacidad de la PDDH realizó una intensa actividad durante todo el año. Las clínicas y los hospitales públicos prestaron asistencia a los veteranos y a otras personas con discapacidades, aunque por lo general la calidad fue deficiente.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Diversos grupos indígenas y étnicos de la RACCN y la RACCS atribuyeron la falta de recursos públicos destinados a la costa del Caribe a actitudes discriminatorias hacia las minorías étnicas y raciales en esas regiones. Si bien en la composición racial de estas regiones de Nicaragua históricamente han predominado las poblaciones afrodescendiente y amerindia, el aumento de la inmigración desde el interior y la costa del Pacífico del país ha hecho que estos grupos hoy sean minoría en muchas zonas.

La exclusión por motivos de raza, color de la piel y etnia fue común, especialmente en las zonas urbanas más acaudaladas. Los afrodescendientes de piel más oscura oriundos de la RACCN y la RACCS, junto con otros que aparentemente provenían de esas zonas, fueron discriminados, por ejemplo mediante la adopción de mayores medidas de seguridad y la realización de registros ilegales por parte de la policía.

Indígenas

Los pueblos indígenas constituían el 5% de la población del país y se concentraban principalmente en la RACCN y la RACCS. A menudo no participaban en las decisiones que afectaban sus tierras, su cultura y sus tradiciones, ni la explotación de la energía, los minerales, la madera y demás recursos naturales de la región. Miembros de los cinco grupos indígenas principales: misquitos, sumos o mayagnas, garífunas (de ascendencia afroamerindia), creoles y ramas, denunciaron haber sufrido discriminación, ya que no estaban proporcionalmente representados en el poder legislativo.

Los indígenas de las zonas rurales generalmente no tenían certificado de nacimiento, cédula de identidad ni título de propiedad de sus tierras. A pesar de haber creado grupos políticos, estos solían tener poca influencia, y los principales partidos políticos nacionales no les prestaban atención o se valían de ellos para promover sus propios intereses. La mayoría de los indígenas de las zonas rurales no tenían acceso a servicios públicos, y a causa del deterioro de los caminos, los medicamentos y los servicios de salud estuvieron fuera del alcance de muchos de ellos. Los índices de desempleo, analfabetismo y ausentismo figuraban entre los más altos del país. Algunos grupos indígenas seguían sin tener suficiente material didáctico en su idioma nativo y tenían que usar textos en español proporcionados por el gobierno nacional.

Las ONG y los grupos defensores de los derechos indígenas afirmaron que el gobierno no había tutelado los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas. Algunos observadores alegaron que el gobierno ha sido partícipe de la violencia contra las poblaciones misquito en la RACCN a lo largo del río Coco, ya sea a consecuencia de su inacción, o más directamente, como cómplices de los grupos no indígenas que invaden tierras indígenas. De acuerdo con informes de los medios de comunicación y los grupos indígenas locales, la violencia ocasionó hasta 40 muertes entre 2015 y los primeros nueve meses de 2016, incluidas dos decapitaciones, y esa es la razón del desplazamiento de hasta 1.000 personas a localidades aledañas, como Bilwi, y a zonas de Honduras cerca de la frontera. La CIDH emitió tres medidas cautelares por separado debido a la violencia. En gran medida, el gobierno hizo caso omiso de dichas medidas, pero respondió a una de ellas en una carta pública; no obstante, no presentó ninguna posible solución.

Las mujeres indígenas sufrían diferentes grados de discriminación con motivo de su etnia, género y condición económica inferior.

La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, la Procuraduría General y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales no avanzaron en la demarcación de los territorios indígenas. Además, el gobierno no logró reubicar ni retirar a las poblaciones no indígenas de las tierras indígenas ancestrales, lo que dio lugar a una marcada presencia de violencia a lo largo del año, especialmente en la RACCN.

Representantes de las regiones autónomas y de las comunidades indígenas señalaron reiteradamente la falta de inversión gubernamental en infraestructura. Durante el año, los dirigentes indígenas alegaron que el gobierno nacional y gobiernos regionales otorgaron concesiones para la extracción de madera a compañías privadas y empresas afiliadas al gobierno, como ALBA-Forestal, y la extracción de madera continuó, en violación de las leyes nacionales de autonomía de la RACCS y la RACCN.

Los grupos indígenas se mostraron cada vez más preocupados por la violación a sus derechos en relación con los planes de construir un canal interoceánico. Muchos alegan que la concesión fue otorgada de manera ilegal y sin haber realizado las consultas necesarias a la comunidad indígena. Por ejemplo, mientras que el presidente del gobierno Rama-Creole firmó una autorización para que el canal se construyera en territorio Rama-Creole, los miembros del gobierno territorial indígena no lo habían aprobado. Además, los grupos indígenas no son miembros de la Autoridad del Gran Canal, entidad encargada de supervisar la ejecución del proyecto del canal y que se creó sin haber realizado ninguna consulta. Se hicieron algunas presentaciones acerca del canal a los pueblos indígenas, pero ciertos grupos alegan que no fueron suficientes.

Según informes de prensa, durante el año continuaron las violaciones de los derechos de los indígenas sobre sus tierras en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, en la RACCN. El grupo indígena mayagna, que tiene derechos territoriales sobre gran parte de dicha reserva, criticó enérgicamente la falta de voluntad del gobierno para impedir la presunta usurpación de tierras por colonos no indígenas, así como la tala ilícita y otras explotaciones de recursos naturales. Esto también ocurrió con frecuencia en la Reserva Indio Maíz.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos motivados por la orientación sexual y la identidad de género

Aunque no menciona específicamente la orientación sexual, la legislación declara que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección. Las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI siguieron siendo objeto de discriminación y abuso sociales generalizados, especialmente en relación con la vivienda, la educación y el empleo. En términos generales, la comunidad LGBTI consideró que la procuradora especial de la diversidad sexual no contaba con recursos suficientes. No existen leyes específicas que castiguen los delitos de odio contra los grupos LGBTI. El Código de Familia establece que una familia la componen un hombre y una mujer unidos en matrimonio, o bien un hombre y una mujer que conviven en una unión de hecho. Esta definición discriminatoria afectó principalmente a la comunidad LGBTI en las áreas de adopción y acceso a beneficios de la seguridad social.

Estigma social del VIH y el sida

Si bien la ley contempla medidas concretas para proteger a las personas con VIH/SIDA contra la discriminación relativa al empleo y los servicios de salud, dichas personas siguieron siendo objeto de discriminación social. Aunque después de la capacitación se han reconocido algunas mejoras entre el personal médico, la falta de conocimiento y educación del público persistió en dicho sector y en el público en general con respecto a la prevención, el tratamiento y la transmisión del VIH/SIDA.

Una resolución administrativa emitida por el Ministerio de Salud contra la discriminación establece los métodos para presentar reclamaciones contra los trabajadores de la salud que discriminan a personas que trabajan en la prostitución, o pacientes con VIH/SIDA o por motivo de orientación sexual. La resolución también establece sanciones para el personal médico que comete actos de discriminación por estos motivos.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley confiere a todos los trabajadores del sector público y privado, excepto los pertenecientes al ejército y la policía, el derecho a organizarse y afiliarse al sindicato independiente de su elección y a negociar colectivamente. La Constitución reconoce el derecho de huelga, aunque con ciertas limitaciones. La ley prohíbe la discriminación contra los gremios y exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por desempeñar actividades gremiales. No obstante, los patronos solían ejercer su derecho de obtener el permiso del Ministerio del Trabajo para despedir a un empleado, incluidos los organizadores de los sindicatos obreros, inmediatamente después de haberlo reincorporado, siempre que el patrono se comprometiera a pagar el doble de la indemnización acostumbrada por despido. Los procesos de conciliación eran lentos y onerosos, lo cual frustró los intentos de los trabajadores de convocar huelgas. Por otra parte, si una huelga se prolonga por 30 días sin resolverse el asunto de fondo, el Ministerio del Trabajo está facultado para suspenderla y someter la controversia a arbitraje.

Los convenios de negociación colectiva tienen una vigencia máxima de dos años, al cabo de los cuales se renuevan automáticamente a menos que una de las partes solicite alguna modificación. Las compañías que tienen diferendos con sus empleados deben negociar con el sindicato, si lo hay. Por ley, varios sindicatos pueden coexistir en una misma empresa, la cual puede celebrar un contrato colectivo con cada uno de ellos.

Con algunas excepciones, el gobierno hizo cumplir eficazmente las leyes pertinentes y a menudo intentó resolver conflictos laborales por la vía de la negociación informal, en lugar de recurrir a procesos judiciales o administrativos. La ley no establece multas específicas, y los observadores consideraron que las penas no eran suficientes para impedir las violaciones. Si bien la ley establece un proceso de arbitraje en el fuero laboral, como el proceso es largo y complejo, numerosos conflictos laborales se resolvieron por la vía extrajudicial. El Ministerio de Trabajo indicó que conoció de 19.651 conflictos laborales en 2014, que es el último año para el que se cuenta con información pública disponible. De ese número, 7.148 se resolvieron por medio de una negociación y 12.503 en los tribunales. No obstante, organizaciones sindicales y de derechos humanos siguieron alegando que los fallos por lo general eran desfavorables para los trabajadores. Los representantes de una firma extranjera alegaron que un funcionario del Ministerio de Trabajo les prohibió cerrar permanentemente su fábrica, despedir a los empleados y dejar el país antes de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre.

En general, se respetó la libertad de asociación y el derecho a las negociaciones colectivas, pero al igual que en otros casos relacionados con grupos independientes, el gobierno intervino frecuentemente por razones políticas. La mayoría de los sindicatos se aliaron a partidos políticos y, en los últimos años, se dieron denuncias de que el gobierno de forma ilegal disolvió sindicatos y despidió a trabajadores no afiliados al partido oficialista FSLN. No obstante, las organizaciones independientes ya no dan seguimiento a la gravedad de la situación. Algunos exempleados de ministerios y organizaciones laborales y de derechos humanos afirmaron que los sindicatos del sector público simpatizantes del FSLN recurrían a la coacción y la intimidación para reclutar a nuevos afiliados y que a menudo presionaban a los trabajadores para que renunciaran a los sindicatos que no pertenecían al FSLN.

Persistió el despido de trabajadores por motivos políticos. Los observadores notaron que los despidos se habían producido por motivos políticos, como la negativa del trabajador a afiliarse al FSLN o a participar en las manifestaciones que organizaba este partido. Además, según informes, los solicitantes a un puesto de trabajo en el sector público debían estar afiliados al partido o contar con una carta de recomendación de los secretarios del partido, los coordinadores de los gabinetes de familia u otros funcionarios del partido. Varias fuentes manifestaron que se siguieron presentando casos similares de despidos de empleados del sector público a quienes no se les habían pagado las prestaciones laborales.

No hubo casos prominentes de huelgas que hubieran sido declaradas ilegales. Aunque los patronos no pueden contratar trabajadores temporales para que reemplacen a sus empleados durante una huelga, los sindicatos alegaron que esto era una práctica común. Las huelgas no autorizadas, es decir las convocadas por los trabajadores sin autorización del sindicato, han sido siempre cosa común.

Los patronos interfirieron en el funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores y cometieron otras violaciones de la libertad de asociación y del derecho a las negociaciones colectivas. Los dirigentes laborales se quejaban de que los patronos transgredían con impunidad y en forma regular los convenios colectivos de trabajo y las leyes laborales.

Muchos patronos del sector formal siguieron agregando nombres de sindicalistas a sus listas negras, o bien los despidieron sin volverlos a contratar. Muchos de estos casos no llegaron a los tribunales o a un proceso de mediación dirigido por el Ministerio de Trabajo. Los patronos con frecuencia demoraban el pago de las prestaciones laborales por despido, o directamente no los hacían. Los patronos también evitaban sanciones legales mediante la organización de sindicatos que ellos mismos dirigían, y a menudo contrataron trabajadores temporales para reemplazar a los huelguistas. Hubo denuncias de que la cuota de afiliación al partido se descontaba directamente del sueldo.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe todo tipo de trabajo forzoso u obligatorio. Las sanciones van de 10 a 20 años de prisión, pero, en general, no fueron suficientes para impedir las infracciones. No hubo información disponible sobre la aplicación de estas leyes por parte del gobierno. A pesar de la voluntad política declarada para combatir la trata de personas, incluida la trata de personas con fines laborales, durante el año el gobierno procesó y condenó menos tratantes que el año anterior y suministró información limitada sobre su labor para hacer cumplir la ley.

Los observadores señalaron que se dieron algunas denuncias de trabajo forzoso, entre otras de hombres, mujeres y niños sujetos a esta práctica en el sector agrario y de servidumbre doméstica.

Véase también el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años y limita la jornada laboral para los jóvenes entre 14 y 18 años de edad a seis horas por día y a 30 horas por semana. Los menores de 14 a 16 años tienen que tener el permiso de sus padres para trabajar o firmar un contrato formal de trabajo. La ley prohíbe que los trabajadores domésticos adolescentes pernocten en la residencia de sus patronos. Asimismo, la ley prohíbe el trabajo de menores en lugares que, a juicio del Ministerio del Trabajo, puedan ser perjudiciales para su salud o seguridad (como minas, basureros y establecimientos de entretenimiento nocturno) y determinadas formas de trabajo agrícola. La ley también prevé sanciones de ocho años de prisión y multas elevadas para las personas que empleen a menores en trabajos peligrosos, a la vez que permite que los inspectores clausuren sus establecimientos.

El gobierno destinó sus limitados recursos a combatir las violaciones de las leyes sobre el trabajo infantil en determinados sectores de zonas geográficas muy limitadas, como las regiones productoras de café, sin prácticamente prestar atención al vasto sector informal.

El gobierno continuó con el Programa Amor, cuyo principal objetivo era erradicar el trabajo infantil mediante la reinserción social de los niños abandonados. No había información disponible sobre las actividades, la financiación ni la eficacia del programa.

El trabajo infantil siguió siendo generalizado. Una encuesta realizada en 2005 por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo sobre el trabajo infantil de adolescentes en el país (la estadística más reciente que está disponible) reveló la existencia de 238.800 menores trabajadores de entre cinco y 17 años de edad, de los cuales el 80% realizaba trabajos de alto riesgo y el 36% eran menores de 14 años. De acuerdo con organizaciones que trabajaban en defensa de los derechos de los niños, es probable que el número de menores que realizan algún tipo de trabajo infantil haya aumentado a 320.000. Una característica común del trabajo infantil era el predominio del trabajo familiar no remunerado. El Instituto indicó que el 80% de los niños y adolescentes no eran remunerados por su trabajo.

La mayor parte del trabajo infantil se concentró en la silvicultura, la pesca y el sector informal, sobre todo en plantaciones de café y granjas de subsistencia. El trabajo infantil también se constató en la elaboración de productos lácteos; el cultivo de naranja, banano, tabaco, palma, café, arroz y caña de azúcar; la cría de ganado; las ventas ambulantes; la separación manual de residuos; la trituración de piedra: las actuaciones callejeras y el transporte.

Los menores que trabajan en la agricultura estuvieron expuestos al sol, a temperaturas extremas, así como a plaguicidas y otros agentes químicos peligrosos. Los menores que trabajan en la industria pesquera se encontraban en riesgo debido a las aguas contaminadas y condiciones marítimas peligrosas.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil (Findings on the Worst Forms of Child Labor) en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Discriminación con respecto al empleo y a la profesión

La ley y los reglamentos prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, género, discapacidad, idioma, orientación sexual o identidad de género, infección del VIH o de otras enfermedades transmisibles, o condición social. El gobierno no aplicó estas leyes y reglamentaciones de forma eficaz.

Se cometieron actos de discriminación en el empleo y la ocupación en relación con las mujeres, las personas con discapacidades y por motivo de orientación sexual e identidad de género (véase la sección 6).

e. Condiciones de trabajo aceptables

La ley establece salarios mínimos obligatorios en 10 sectores económicos. Estos salarios se calculan de manera diferente para cada sector y el promedio fue de 5.151 córdobas (US $180) al mes. Según el Ministerio del Trabajo, el salario mínimo legal promedio cubre el 35% del costo de la canasta básica.

En general, el salario mínimo legal solamente se pagó en el sector formal, que se estima que representa aproximadamente el 20% de la economía. Aunque el Ministerio de Trabajo constituye el principal organismo ejecutor, el gobierno no dotó a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo de personal ni recursos suficientes para poder ejecutar las medidas de higiene y seguridad necesarias. Por lo general, las penas establecidas fueron lo suficientemente severas para impedir las infracciones.

La semana laboral normal es de 48 horas como máximo y tiene un día de descanso. Las leyes laborales disponen el pago obligatorio de un bono a fin de año, equivalente al salario de un mes y proporcional a la cantidad de meses trabajados. La ley establece el pago con recargo por horas extra, prohíbe las horas extra obligatorias y fija un máximo de tres horas extra al día y de nueve a la semana. La ley establece normas de salud y seguridad laborales. Dichas normas no estaban actualizadas ni eran adecuadas para las principales actividades productivas del país.

El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, incluidos sus comités departamentales, se encarga de aplicar la legislación de seguridad laboral y de colaborar con otros organismos del gobierno y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de programas de asistencia y de promoción de actividades de capacitación y prevención de riesgos. De acuerdo con el informe anual de 2014 del Ministerio de Trabajo, se realizaron 1.382 inspecciones de higiene y seguridad que condujeron a 14 multas.

Las normas de salud y seguridad no se hicieron cumplir en el vasto sector informal, el cual representa el 77% de la fuerza laboral y el 90% de los negocios. Este sector agrupa a la gran mayoría de los vendedores ambulantes, los trabajadores del sector agropecuario, el transporte, el servicio doméstico, la pesca y la construcción menor. Con frecuencia los patronos hicieron caso omiso de las limitaciones a las jornadas laborales y adujeron que los empleados estaban dispuestos a trabajar horas extra voluntariamente para recibir paga adicional. En el sector informal, las infracciones de las reglamentaciones sobre jornada de trabajo y sueldos fueron habituales, sobre todo el de las ventas ambulantes, el trabajo doméstico y la agricultura, y en general dichas infracciones no se investigaron. Se denunció la imposición de horas extra obligatorias en el sector de la seguridad privada, donde frecuentemente se exigía que los empleados trabajaran turnos excesivamente largos sin relevo.

La ley establece que los trabajadores pueden negarse a trabajar en circunstancias peligrosas para su salud o seguridad sin temor a perder el empleo. No estaba claro si las autoridades brindaron la protección adecuada a los empleados en todos estos casos.