Informe Anual del Departamento de Estado Sobre la Trata de Personas

Junio 30, 2016

Esta es la parte del reporte específicametne sobre Nicaragua. Para leer el reporte completo visite Department’s Trafficking in Persons Report page.

Nicaragua (Nivel 2)

Nicaragua es principalmente un país de origen y tránsito de hombres, mujeres, niñas y niños sujetos a la trata sexual y de trabajo forzado.  Las mujeres, niños y niñas nicaragüenses son sujetos a la trata sexual dentro del país y en otros países de Centroamérica, México y Estados Unidos.  Muchas víctimas de trata son reclutadas en áreas rurales o en zonas fronterizas a través de falsas promesas de altos salarios por trabajo en centros urbanos y locales turísticos, en donde son sujetos a la trata sexual o laboral.  Los familiares de las víctimas con frecuencia son cómplices de su explotación.  Las mujeres, niños y niñas nicaragüenses son objeto de trata sexual y laboral a lo largo de las dos regiones autónomas del Caribe, en donde la falta de instituciones del orden público sólidas y las altas tasas de criminalidad incrementan la vulnerabilidad de la población local.  Hay reportes que indican que los nicaragüenses de los departamentos de la zona Norte y Central que migran a otros países de Centroamérica y Europa  son vulnerables a la trata sexual y laboral.  Así mismo, los niños y niñas que estos migrantes dejan en Nicaragua, según los informes, terminan siendo vulnerables a la trata sexual y laboral.  Los adultos, niñas y niños nicaragüenses son sujetos al trabajo forzado en los sectores de agricultura, construcción, minería, trabajo en el sector informal y trabajo doméstico tanto dentro del país como en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y otros países.  Los niños en el sector de extracción artesanal en minas y canteras son vulnerables al trabajo forzado.  Las ONG reportan que los niños y niñas y las personas con discapacidades son sometidos a la mendicidad forzada, especialmente en Managua y cerca de centros turísticos.  Hombres migrantes de otros países centroamericanos  transitan por Nicaragua en su ruta hacia Panamá en busca de trabajo; algunos son sometidos a la trata laboral en Panamá.  Nicaragua es un destino para turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental que buscan la explotación sexual de niños y niñas nicaragüenses.

El Gobierno de Nicaragua no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; no obstante, realiza esfuerzos significativos para cumplir dicho fin.  El gobierno aprobó e inició la implementación de una nueva ley específica para la trata, la cual impone sanciones estrictas para los delitos de trata sexual y laboral.  Sin embargo, su definición de trata de personas no es consistente con la legislación internacional; combina la trata de personas con otros delitos, tales como la adopción ilegal, y establece el uso de la fuerza, coerción, o el engaño como factor agravante en vez de un elemento esencial de la mayoría de los delitos de trata.   Las autoridades continuaron ejerciendo procesos de enjuiciamiento, condenas, e imponiendo sentencias estrictas a los tratantes.  Sin embargo, el gobierno identificó significativamente menos víctimas que en el 2014, y en general los esfuerzos de protección fueron débiles; el gobierno no financió ni otorgó presupuesto para servicios de atención adecuados para las víctimas, ni tampoco refirió sistemáticamente a todas las víctimas a ONGs para recibir dicha atención.  El gobierno careció de procedimientos formales para la identificación de víctimas entre los grupos vulnerables, y los funcionarios que abordan este tema de forma directa no contaron con el entrenamiento adecuado para identificar a todas las formas de trata.  La coalición liderada por el gobierno contra la trata y sus mesas de trabajo regionales, en la mayoría de los casos estuvieron inactivas durante el período evaluado, y elementos esenciales de la nueva ley de trata – tales como el fondo especial contra la trata – no fueron implementados.  Los enjuiciamientos, la protección y prevención continuaron siendo mucho más débiles en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua que en el resto del país.

Recomendaciones para Nicaragua:

Brindar, junto con organizaciones de la sociedad civil, servicios especializados para las víctimas de trata; incrementar el financiamiento para la protección de víctimas; incluyendo a través de presupuestar los fondos para el recién creado fondo contra la trata; implementar procedimientos operativos para referir de forma efectiva a las víctimas a los servicios adecuados; incrementar la capacitación para funcionarios gubernamentales – incluyendo a trabajadores sociales, inspectores laborales y agentes del orden público – para facilitar mejor identificación de víctimas y su asistencia, particularmente en las regiones autónomas; implementar procedimientos oficiales para identificar proactivamente a víctimas de trata entre poblaciones vulnerables; mejorar el registro de estadísticas sobre trata y la coordinación entre entidades gubernamentales y aumentar la transparencia al reportar sobre los esfuerzos anti-trata de entidades gubernamentales en coordinación con actores externos;  fortalecer los esfuerzos de aplicación de la ley y los esfuerzos de protección a las víctimas en las regiones autónomas del Caribe, incluyendo el incremento de recursos humanos y financiamiento; incrementar los esfuerzos para investigar y procesar casos que impliquen todas las formas de trata de seres humanos, y condenar y castigar a los tratantes y turistas involucrados en turismo sexual de menores; reformar la ley contra la trata del 2014 a fin de que contenga la definición de trata de personas consistente con la legislación internacional; asociarse con organizaciones de sociedad civil para garantizar que las víctimas reciban servicios de atención y de reintegración a largo plazo; reanudar el trabajo de la coalición nacional contra la trata y las mesas de trabajo locales, incluyendo el nombramiento del Secretario Ejecutivo; e invitar a un sector amplio de organizaciones de sociedad civil a que formen parte formal de la coalición anti-trata nacional y de las mesas locales.

Enjuiciamiento

El gobierno continuó enjuiciando y condenando a los tratantes, pero únicamente brindó información limitada sobre sus esfuerzos de aplicación de la ley.  La primera ley anti-trata de Nicaragua, Ley 896, entró en efecto en Febrero de 2015.  Esta ley prohíbe todas las formas de trata y establece penalidades desde 16 a 18 años de cárcel; estas sanciones son suficientemente rigurosas y equivalentes a las sanciones prescritas para otros delitos, tales como la violación. Sin embargo, es inconsistente con la legislación internacional; combina la trata de personas  con otros delitos, tales como la adopción ilegal, y establece el uso de la fuerza, coerción, y el engaño como un factor agravante en vez de un elemento esencial de la mayoría de los delitos de trata.

El gobierno reportó diez investigaciones por trata y 23 sospechosos fueron enjuiciados en ocho casos en el 2015, comparado con 24 sospechosos enjuiciados por 17 casos en el 2014.  Las autoridades condenaron a 10 tratantes en seis casos, comparado con 12 condenas por ocho casos en el 2014.  De estas condenas, el gobierno reportó tres casos por trata sexual y uno por ambas – trata sexual y laboral; la mayoría incluía a víctimas menores de edad.  En el primer caso exitoso bajo la nueva ley anti-trata, el gobierno condenó a tres ofensores por actividades de trata sexual de menores ofrecidas a turistas extranjeros en Granada.  Al cierre del período del informe, todos los tratantes condenados que habían sido sentenciados recibieron sentencias de entre 12 a 20 años de cárcel. Nueve sospechosos fueron declarados no culpables y el enjuiciamiento de otros ocho sospechosos estaba en proceso.  El gobierno no brindó información sobre el número de enjuiciamientos en proceso correspondientes a los años anteriores.  Aunque el trabajo doméstico infantil es una forma de trata de personas bajo la legislación nicaragüense, el gobierno no consideró casos de ese tipo como delito de trata de personas y no emprendió juicios en dichos casos; niños y niñas identificados en posición de trabajo doméstico fueron devueltos a sus familias, dejándolos en riesgo de volver a ser explotados.  No hubo investigaciones, enjuiciamientos, o condenas a empleados gubernamentales por complicidad en relación a ofensas de trata de personas.  El gobierno mantuvo sus esfuerzos de capacitar a sus funcionarios en temas de trata.

Protección

El gobierno disminuyó sus esfuerzos para identificar víctimas, y en general la protección a víctimas continuó siendo inadecuada.  El gobierno identificó y brindó asistencia indeterminada a 30 víctimas nicaragüenses, incluyendo 2 adultos y 28 niños y niñas, una disminución significativa en comparación con las 51 víctimas identificadas por el gobierno en el 2014.  Una ONG reportó la identificación de siete víctimas más.  El gobierno no brindó información sobre el tipo de trata que estas víctimas experimentaron.  Las autoridades no tenían procedimientos formales para la identificación de víctimas entre las poblaciones más vulnerables, como son las personas trabajando o participando en prostitución o trabajo infantil. Los funcionarios locales no fueron capacitados adecuadamente para identificar todas las formas de trata, y la identificación de víctimas en las regiones autónomas continuó siendo menor que los esfuerzos nacionales.

Hubo muy pocos servicios especializados para las víctimas de trata en Nicaragua. El gobierno mantuvo un albergue de corto plazo operado por la policía en Managua para víctimas de violencia doméstica y trata de personas, el cual brindó asistencia a un número desconocido de víctimas.  El gobierno remitió a siete menores de edad víctimas de trata a albergues operados por ONGs para menores en riesgo o víctimas de abuso doméstico.  El gobierno no brindó fondos a las ONGs que brindaron la mayoría de la protección a víctimas.  Los servicios y albergues para jóvenes varones continuaron siendo limitados y no hubo albergues disponibles para hombres.  El gobierno no brindó asistencia de largo plazo y la disponibilidad de servicios a largo plazo por parte de las ONG fue limitada.  El gobierno expuso a algunos menores de edad víctimas de trata a ser nuevamente objeto de trata al dejarlos en manos de familiares que pudieron haber sido cómplices en su explotación.  Las regiones fuera de Managua más afectadas por la trata de personas carecieron en gran medida de servicios adecuados.

La ley 896 establece un fondo especial – que debe financiarse a través de designaciones presupuestarias, donaciones, y bienes incautados a los tratantes – para actividades de protección y prevención de víctimas. Sin embargo este fondo, no recibió recursos ni entró en operación durante el período valorado.  El gobierno no reportó sobre casos de asistencia a víctimas ejecutados a través de sus misiones diplomáticas en el exterior.

No hubo informes de víctimas penalizadas por actos ilegales cometidos como resultado de haber sido sujetas a trata de personas; no obstante, dado que los esfuerzos por monitorear los indicadores de trata entre grupos vulnerables fueron inadecuados, pudiese ser que algunas víctimas no identificadas hayan sido sancionadas.  Existe la disponibilidad de visas humanitarias para víctimas extranjeras de trata, aunque el gobierno no reportó casos ni solicitudes en el 2015.

Prevención

Los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para la prevención de la trata disminuyeron.  Algunas ONGs aseguraron que la coalición nacional contra la trata no se reunió durante el período valorado en este informe, continuando de esta manera inactiva por segundo año consecutivo.  El gobierno no nombró a nadie para llenar la posición de Secretario Ejecutivo, creado por la nueva ley contra la trata para liderar la coalición, aun cuando la ley estipula que debería haberse completado el nombramiento a los 45 días de su entrada en vigencia.  El gobierno reportó que continuaron operando las 17 mesas regionales contra la trata de personas, aunque las ONGs partícipes de las mesas reportaron que la mayoría de estas estuvieron inactivas durante el año.  De conformidad con la nueva ley, las organizaciones de sociedad civil – que anteriormente fungían como miembros activos de la coalición gubernamental contra la trata – serán representadas por una sola organización, a menos que sean individualmente invitadas a participar por el Secretario Ejecutivo.  Las autoridades reportaron que ejecutaron actividades de concientización y con los medios para educar al público sobre la trata de personas; no queda claro si estos eventos fueron financiados con recursos del gobierno o si recibieron fondos de ONGs.  El gobierno brindó capacitación sobre la trata de personas a su personal diplomático.  Las autoridades no investigaron, enjuiciaron, o condenaron a ningún turista por utilizar actividades de comercio sexual de menores en el 2015.  El gobierno no reportó sobre esfuerzos para disminuir la demanda de actividad sexual comercial o de trabajo forzado.