Informe Anual del Departamento de Estado Sobre la Trata de Personas 2017

Porción del informe sobre Nicaragua. Para el texto original y/o información sobre otros países, visitar el sitio web del Departamento de Estado.

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés

Nicaragua (Lista de Observación Nivel 2)

El Gobierno de Nicaragua no cumple a cabalidad con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; no obstante, está realizando esfuerzos significativos para su cumplimiento. El gobierno mostró esfuerzos significativos durante el período de revisión con la realización de acciones de sensibilización a nivel nacional. Sin embargo, el gobierno no demostró un incremento en dichos esfuerzos con respecto al período anterior. El gobierno identificó un número significativamente menor de víctimas por segundo año consecutivo y no brindó ni financió servicios adecuados para las víctimas. La coalición contra la trata de personas presidida por el gobierno y las mesas departamentales fueron en gran medida ineficaces a lo largo del año y aspectos clave de la ley contra la trata de personas–tales como un fondo contra la trata de personas—no fueron ejecutados por segundo año consecutivo. Los esfuerzos dirigidos al enjuiciamiento, protección y prevención en las dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua siguieron siendo mucho más débiles que en el resto del país. Por esta razón, Nicaragua bajó al Nivel 2 Lista de Observación.

Rercomendaciones para Nicaragua

Aumentar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los casos relacionados a todas las formas de trata de personas y condenar y castigar a los traficantes, incluyendo a los turistas involucrados en el turismo sexual de menores; brindar servicios especializados a las víctimas de trata o dedicar recursos a las organizaciones de la sociedad civil para que brinden dichos servicios; aumentar el financiamiento a la protección de las víctimas, incluyendo el financiamiento del fondo contra la trata; ejecutar procedimientos operativos efectivos para remitir a las víctimas de trata a los servicios correspondientes; crear alianzas con las organizaciones de la sociedad civil para asegurar que las víctimas reciban atención prolongada y servicios para su reintegración; reformar la ley contra la trata de personas emitida en el 2014 a fin de incorporar una definición de la trata de personas acorde con la ley internacional; aumentar la capacitación a los funcionarios del gobierno—incluyendo a los trabajadores sociales, inspectores laborales y agentes del orden—para facilitar un incremento en la identificación y la asistencia a las víctimas y asegurar su restitución; institucionalizar procedimientos formales para la identificación proactiva de las víctimas dentro de las poblaciones vulnerables en las regiones autónomas y aquéllas en condiciones de trabajo forzado; fortalecer la aplicación de la ley y los esfuerzos de protección en las Regiones Autónomas del Caribe, incluyendo un mayor personal y financiamiento; mejorar los registros sobre la trata y la coordinación entre las instituciones y mejorar las medidas para dar seguimiento a los esfuerzos contra la trata entre las entidades del gobierno y compartirlos con otros sectores interesados; reactivar el trabajo de la coalición nacional y las mesas departamentales contra la trata, incluyendo el nombramiento de un secretario ejecutivo a nivel nacional; e invitar a una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil a ser miembros oficiales tanto la coalición nacional como las departamentales.

Enjuiciamiento

Los esfuerzos del gobierno en la aplicación de la ley continuaron siendo desiguales, enfocándose en su mayoría en la trata de personas para explotación sexual comercial. La Ley 896 de 2015 criminaliza todas las formas de trata de personas y establece penas que van de los 16 a los 18 años de cárcel; estas penas son suficientemente rigurosas y acordes con las penas establecidas para otros delitos graves, como la violación. Sin embargo, la definición legal de la trata es incongruente con la ley internacional; la vincula a otros delitos, como la adopción ilegal, y establece el uso de la fuerza, la coerción y el engaño como un factor agravante y no como un elemento esencial de la mayoría de los delitos de trata de personas.

Las autoridades reportaron haber iniciado ocho investigaciones por trata de personas para explotación sexual comercial y el enjuiciamiento de 13 tratantes sexuales en siete casos en 2016, comparado con un total de 23 sospechosos enjuiciados en 8 casos en 2015. Bajo la ley 896, los tribunales de primera instancia dictaron sentencia contra nueve tratantes sexuales en seis casos, la mayoría de los cuales incluyeron víctimas menores de edad, comparado con 10 tratantes sexuales sentenciados en seis casos en 2015; en un caso en particular, el gobierno reportó haber dictado sentencia a dos personas por conscientemente solicitar a un menor de 14 años practicar actos sexuales con fines comerciales. Los tratantes sentenciados en cuatro de estos seis casos, apelaron las sentencias y las penas establecidas; los tribunales de apelación mantuvieron las sentencias en dos casos, la revirtieron en un caso que involucraba a dos acusados y dejaron un caso pendiente. Todos los tratantes declarados culpables y sentenciados recibieron entre 10 y 20 años de prisión. El gobierno no brindó información sobre el número de juicios de años anteriores que siguen en proceso y reportó cero investigaciones por trata con fines de explotación laboral o enjuiciamientos. Una ONG reportó haber referido cuatro casos adicionales para investigación, ninguno de los cuales fue investigado por el gobierno. El gobierno no identificó ni enjuició casos de trabajo forzado, incluyendo casos de trabajo doméstico de menores de edad durante el período en revisión. La corrupción es generalizada en Nicaragua. No hubo investigaciones, procesos judiciales ni condenas contra trabajadores del gobierno cómplices en delitos de trata de personas. El gobierno reportó que sus programas de sensibilización sobre los delitos de trata de personas llegaron a 743 funcionarios de gobierno, incluyendo investigadores, fiscales, jueces y otros agentes del orden público.

Protección

El gobierno redujo los esfuerzos de identificación de víctimas y mantuvo limitados esfuerzos de protección enfocados únicamente a las víctimas nicaragüenses de trata para fines de explotación sexual del sexo femenino. El gobierno identificó a 13 mujeres nicaragüenses víctimas de trata, incluyendo cuatro adultas y nueve niñas, lo que representa una reducción en comparación con las 30 víctimas que identificó el gobierno en 2015 y las 51 que identificó en 2014.

El gobierno brindó a estas víctimas asistencia legal y alojamiento temporal, alimentos y servicios médicos. Una ONG reportó haber identificado y brindado asistencia a 11 víctimas adicionales, incluyendo hombres, mujeres y menores de edad nicaragüenses de ambos sexos explotados tanto para fines sexuales como laborales. Las autoridades no contaron con procedimientos formales para identificar víctimas entre grupos vulnerables, como personas en prostitución o niños trabajadores. El gobierno contó con un proceso interno para remitir a víctimas de casos de trata, pero no está claro si utilizó este mecanismo para remitir alguna víctima durante este período de revisión. Por el contrario, el gobierno reportó la remisión ad hoc de seis víctimas de trata, incluyendo menores de edad y abuso doméstico, a albergues de ONG para su asistencia prolongada. Los funcionarios locales no fueron debidamente capacitados para reconocer todas las formas de trata de personas e identificaron un número menor de víctimas en las regiones autónomas, en donde hay carencia de mecanismos de identificación y para remitir a las víctimas, que en otras regiones. Se reportaron pocos servicios especializados para las víctimas de trata en Nicaragua. El gobierno mantuvo dos albergues de corto plazo operados por la policía para víctimas de violencia doméstica y trata de personas que brindaron asistencia a un número no determinado de víctimas; el gobierno cerró las oficinas de la unidad especializada de mujeres que antes operaba estos albergues, lo que planteó desafíos en la coordinación entre los albergues y las ONG. El gobierno no brindó financiamiento a las ONG que brindaron la mayor parte de la protección a las víctimas. Los servicios y albergues a menores y jóvenes del sexo masculino continuaron siendo limitados y fueron inexistentes en el caso de los mayores de edad. El gobierno no brindó atención prolongada y hubo recursos limitados de parte de las ONG para brindar servicios ampliados. El gobierno puso a algunas víctimas menores de edad en riesgo de ser re-victimizadas al dejarlas a cargo de familiares que podrían ser cómplices en su explotación. Las regiones fuera de Managua más afectadas por la trata de personas en su mayoría carecen de servicios adecuados.

La ley 896 estableció un fondo—a ser financiado con asignaciones presupuestarias, donaciones y bienes incautados a los tratantes—para actividades de protección a las víctimas y de prevención. No obstante, por segundo año el gobierno no brindó el financiamiento ni lo hizo operativo. Las víctimas pueden obtener compensación por daños al demandar civilmente a los tratantes; sin embargo, el gobierno y las ONG reportaron que en la práctica las víctimas nunca han ejercido este derecho. El gobierno no reportó ninguna asistencia a víctimas nicaragüenses por medio de sus misiones diplomáticas en el exterior. No hubo reporte de víctimas penalizadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de su sometimiento a la trata de personas, pero es posible que sí hayan existido debido a los débiles esfuerzos de identificación. El gobierno reportó la realización de inspecciones para buscar indicadores de trata de personas entre poblaciones de migrantes y grupos involucrados en prostitución, sin embargo éstas no lograron identificar ninguna víctima de trata para fines de explotación laboral, ni víctimas de terceros países. El gobierno informó que, a pesar de estar disponibles, no hubo solicitud de visas por parte de las víctimas de trata provenientes de terceros países.

Prevención

El gobierno mantuvo mínimos esfuerzos para prevenir la trata de personas. Aunque el gobierno reportó que su coalición contra la trata se mantuvo activa a lo largo del período de revisión, por segundo año ésta se mantuvo sin un secretario ejecutivo para presidir y coordinar sus esfuerzos. Además, las ONG reportaron que por segundo año consecutivo la coalición ni sus mesas departamentales sostuvieron reuniones con ellas, a pesar que la ley 896 establece la inclusión de un representante de las ONG en estas instancias. El gobierno informó sobre la realización de investigaciones sobre la trata de personas y de reuniones para dar seguimiento a las tendencias, a los casos y a los esfuerzos de prevención; sin embargo, las ONG y ex-miembros de la coalición reportaron no haber estado al tanto de estos esfuerzos. El gobierno informó sobre la realización y pleno financiamiento de 443 campañas de prevención durante el período, que estuvieron dirigidas a estudiantes, profesores, padres de familia, comunidades indígenas y líderes comunitarios en poblaciones a lo largo de la frontera, así como destinos turísticos. Algunos nicaragüenses no pudieron obtener cédulas, lo que aumentó su vulnerabilidad a la trata. El Ministerio del Trabajo informó sobre la realización de supervisiones a agencias de empleo las que deben estar registradas bajo la ley nicaragüense. El gobierno informó sobre la realización de capacitaciones a su personal diplomático. Las autoridades no investigaron, enjuiciaron ni condenaron a ningún turista por pagar por sexo con menores durante el 2016, aunque las ONG reportaron que el turismo sexual con menores de edad sigue siendo un problema en el país. Los esfuerzos del gobierno para reducir la demanda de explotación sexual comercial y el trabajo forzado fueron limitados.

Perfil de la Trata de Personas

Como se ha informado en los últimos cinco años, Nicaragua es principalmente un país de origen y tránsito para la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y laboral de hombres, mujeres y niños. Las mujeres y niños nicaragüenses son sometidos a la trata para explotación sexual comercial dentro del país, en otros países centroamericanos, México y Estados Unidos. Muchas víctimas de trata son reclutadas en áreas rurales o en zonas fronterizas bajo la falsa promesa que serán contratadas en trabajos con alta remuneración en centros urbanos y lugares turísticos, donde terminan sometidas a la trata para explotación sexual comercial o laboral. Los familiares de las víctimas son con frecuencia cómplices en su explotación y de conformidad a informes los tratantes han aumentado sus actividades de reclutamiento en los medios sociales. Las mujeres y niños nicaragüenses son sometidos a la trata para explotación sexual comercial y laboral en las dos regiones autónomas del Caribe, donde la carencia de instituciones fuertes del orden público y el mayor índice de delincuencia aumentan la vulnerabilidad de la población local. Se reporta que los nicaragüenses de los departamentos de la región centro-norte del país que emigran a otros países centroamericanos y a Europa son vulnerables a la trata para fines de explotación sexual comercial y laboral. Durante el período de revisión, se reporta que Nicaragua está entre las principales nacionalidades de las víctimas identificadas en Guatemala. De igual manera, los hijos de estas migrantes que quedan en Nicaragua se vuelven vulnerables a la trata para fines de explotación sexual comercial y laboral. Los nicaragüenses adultos y niños son sometidos al trabajo forzado en los sectores agrícola, construcción, minero, informal y en el servicio doméstico tanto dentro del país, como en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y otros países. Los niños en el sector de minas y canteras artesanal son vulnerables al trabajo forzado. Las ONG reportan que los niños y personas con discapacidades son sometidos a la mendicidad forzosa, especialmente en Managua y cerca de zonas turísticas. Los migrantes del sexo masculino provenientes de Centroamérica cruzan Nicaragua en su ruta hacia Panamá en busca de empleo; algunos son sometidos a la trata para explotación laboral en Panamá. Nicaragua es un destino para turistas de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental en busca de turismo sexual con menores.