Informe de Derechos Humanos (Nicaragua) 2015

Resumen

Nicaragua es una república constitucional multipartidista, pero en los últimos años el poder se ha concentrado en un solo partido, y un poder ejecutivo cada vez más autoritario ejerce un control considerable sobre los poderes legislativo, judicial y electoral. En 2011, el Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que Daniel Ortega Saavedra, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), había sido reelecto presidente en elecciones que fueron descritas como gravemente irregulares por observadores nacionales e internacionales. Organismos nacionales e internacionales expresaron su preocupación por la legitimidad constitucional de la reelección de Ortega. Las elecciones de 2011 también otorgaron al partido gobernante una mayoría cualificada en la Asamblea Nacional, lo que le permitió cambiar la constitución, incluida la ampliación de las facultades del ejecutivo y la eliminación de las restricciones para la reelección de alcaldes y funcionarios del poder ejecutivo. Los observadores señalaron graves irregularidades en la forma en que se llevaron a cabo las elecciones municipales de 2012 y las regionales de marzo de 2014. Las autoridades civiles mantuvieron generalmente el control eficaz sobre las fuerzas de seguridad.

Los principales abusos de los derechos humanos fueron las restricciones al derecho de los ciudadanos a votar; los obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, incluidos la intimidación y el hostigamiento de los periodistas y los medios de comunicación independientes por parte del gobierno; una mayor restricción para acceder a la información pública, incluidas las estadísticas nacionales de las oficinas públicas, así como el aumento del hostigamiento y la intimidación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno.

Otros abusos importantes cometidos contra los derechos humanos incluyeron las políticas apreciablemente sesgadas para promover la posición dominante de un solo partido; el arresto policial arbitrario y la detención de sospechosos, incluido el abuso durante las detenciones; condiciones carcelarias difíciles y que ponen en riesgo la vida con detención arbitraria y prolongada antes del juicio, así como la discriminación de las minorías étnicas y las personas y comunidades indígenas.  También hubo una corrupción generalizada, incluso en la policía, el CSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros organismos gubernamentales; violencia social, en particular contra las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); trata de personas; discriminación social de personas con discapacidades; discriminación contra personas con VIH/SIDA y violaciones a los derechos de los sindicatos.

Rara vez el gobierno tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometían abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otras funciones del gobierno. La impunidad siguió siendo un problema generalizado.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

Hubo informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias cometidas por el gobierno o sus oficiales, muchas de ellas durante confrontaciones con grupos armados ilegales en el norte del país; no obstante, la falta de investigaciones claras e imparciales dificultó el esclarecimiento de las muertes. Organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes alegaron que algunos de los homicidios tuvieron motivaciones políticas.

El 20 de enero, Modesto Duarte Altamirano fue asesinado en la ciudad norteña de Santa María de Pantasma, en Jinotega. De acuerdo con varios testigos, el asesinato ocurrió durante una operación militar en respuesta a una explosión ocurrida en una propiedad de Altamirano y que mató a dos miembros de un grupo rearmado e hirió a otros dos. Supuestamente, Altamirano apoyaba un grupo armado que se opone al gobierno. Los testigos indicaron que la operación militar empezó unos minutos después de la explosión. Diferentes organizaciones de la sociedad civil e informes de la prensa independiente argumentaron que el ejército fue directamente responsable de la planificación de la explosión o que tenía conocimiento previo de esta. El ejército negó su participación en dicha operación, y para octubre no había habido más investigaciones sobre el incidente.

El 11 de julio, miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) le dispararon a un vehículo y mataron a una mujer y dos niños en Las Jagüitas, Managua, durante una operación antinarcóticos fallida. La PNN destituyó a nueve oficiales de sus cargos y a estos se les impusieron penas que oscilan entre dos y 11 años de cárcel. Los observadores notaron que las penas de cárcel estaban por debajo del castigo esperado en comparación con casos similares que no involucraron oficiales de policía.

No hubo novedades ni se realizó ninguna investigación sobre la muerte en julio de 2014 de Carlos García, exintegrante Contra e integrante del Partido Liberal Independiente (véase también la sección 1.d., Función de la policía y del aparato de seguridad). No hubo novedades ni se realizó ninguna investigación sobre las muertes de cuatro civiles en 2013, entre ellos el exlíder Contra Joaquín Torres Días, alias “Cascabel”, ni sobre el asesinato en octubre de 2013 de Yairon Díaz Pastrana en Pantasma, quienes murieron presuntamente a manos de fuerzas militares.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la ley lo prohíbe, se informó que normalmente la policía maltrataba a los sospechosos durante las detenciones, usaba fuerza excesiva y los sometía a un trato degradante. Durante los primeros nueve meses del año, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) recibió 419 denuncias contra la PNN por uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y trato cruel o degradante, incluso en las prisiones.

Se presentaron numerosas denuncias de tortura por parte de los agentes de la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ), en especial en las detenciones de alto perfil relacionadas con la delincuencia organizada. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que la DAJ, unidad policial especial de investigaciones, actuaba al margen de la cadena de mando común de la PNN y era ajena a sus procedimientos normales de asuntos internos.

Durante su investigación de la explosión del 20 de enero en Santa María de Pantasma, la PNN y el ejército realizaron redadas y detuvieron a varios ciudadanos en la comunidad norteña. El 25 de marzo, una mujer joven denunció ante organizaciones de derechos humanos que un oficial de policía de alto nivel la violó mientras se encontraba detenida en una celda de prisión preventiva. La PNN afirmó que investigó el caso y determinó que ese incidente no se había dado. La madre de la víctima afirmó que tanto ella como su hija estuvieron bajo vigilancia policial después que la víctima fue liberada. La víctima no presentó cargos contra el oficial. El 25 de agosto, la PNN arrestó a tres hombres en la comunidad de Santa Elena, la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), por el asesinato de cinco oficiales de la policía. Un sospechoso alegó que la PNN lo golpeó y le arrancó una uña mientras se encontraba detenido.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Las condiciones en las cárceles eran duras y peligrosas. El hacinamiento, el saneamiento deficiente, las dificultades para obtener atención médica y la violencia entre los presos siguieron siendo problemas graves.

Condiciones físicas: Como en años anteriores, el hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema. Era normal que los detenidos en régimen de prisión preventiva compartieran celdas con reclusos condenados. Debido al hacinamiento, los presos menores de edad también tenían que compartir la celda con adultos. Las organizaciones de derechos humanos informaron que la policía solía dejar a los sospechosos en las celdas de detención mientras se desarrollaba el juicio, ya sea por negligencia policial o por falta de fondos gubernamentales para trasladarlos al tribunal.

Las condiciones en las cárceles siguieron empeorando debido a que la infraestructura era muy antigua y a que la población carcelaria iba en aumento. Muchos presos fueron maltratados por oficiales carcelarios y otros reclusos. Los presos también fueron víctimas de infestaciones de parásitos, insuficiente atención médica, frecuente escasez de alimentos, agua contaminada y saneamiento deficiente. Familiares, iglesias y organizaciones de beneficencia complementaron el presupuesto nacional de 10 córdobas (US $0,36) por preso por día para ayudar a pagar la comida. No había ninguna asignación presupuestaria para salud ni higiene personal.

El 3 de mayo, Francisco Javier Ponce Sanarrusia murió mientras se encontraba retenido en la prisión de la DAJ. Los oficiales catalogaron su muerte como un suicidio y argumentaron que se había colgado utilizando una camisa de manga larga. Sin embargo, los familiares de Ponce se mantuvieron firmes en que él no se había suicidado y denunciaron que su cuerpo tenía varios moretones. Además, los reclusos de esta cárcel no usan camisas de manga larga. La PNN admitió que por error le habían dado a Ponce una camisa de manga larga, pero afirmaron que no existió ningún delito.

En general, las condiciones de las cárceles de mujeres eran mejores que las de los hombres, pero también había hacinamiento y falta de higiene.

Las condiciones en las cárceles y las celdas de prisión preventiva también eran muy duras. La mayoría de los centros carcelarios estaban infestados de plagas y se encontraban en condiciones físicas deplorables, no tenían agua potable y las instalaciones carecían de la adecuada ventilación, electricidad y sistemas de alcantarillado.

Administración: El mantenimiento de los expedientes de los presos era inadecuado y el gobierno no tomó ninguna medida para mejorarlo. El problema era especialmente grave en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) y la RACS. En algunos casos, el gobierno restringió las visitas de familiares, abogados, médicos y funcionarios de derechos humanos. Si bien los presos y detenidos tenían la posibilidad de presentar denuncias ante las autoridades judiciales sin censura y solicitar la investigación de alegaciones convincentes de condiciones inhumanas, casi siempre las autoridades hacían caso omiso de las denuncias o no les daban curso. Se desconoce en qué medida el gobierno investigó las denuncias sobre las condiciones carcelarias. Si bien el defensor del pueblo nombrado por el gobierno podía actuar en nombre de los presos y detenidos para considerar otras alternativas informales a la reclusión en el caso de los delincuentes no violentos, en general esto no sucedió. No se conocen programas de penas alternativas en el país.

Vigilancia independiente: En octubre, el gobierno autorizó a la ONG Comisión permanente de Derechos Humanos (CPDH) y a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) a inspeccionar las condiciones carcelarias de una prisión, pero por lo general no permitió las visitas a las cárceles de otros grupos de derechos humanos locales ni de los medios de información. El gobierno tampoco permitió el acceso del CENIDH a ningún centro penitenciario cuando la organización intentó investigar denuncias sobre condiciones peligrosas. Por lo general, las ONG recibían quejas de los familiares de los reclusos, pero, debido a la falta de acceso, no podían darles seguimiento a los casos hasta después de la excarcelación del reo.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe la detención o el encarcelamiento arbitrario, pero el gobierno y sus agentes no siempre acataron ni hicieron cumplir la ley. Las ONG de derechos humanos notaron muchos casos de arrestos arbitrarios por parte de la PNN y el ejército, incluido un caso de alto perfil ligado a investigaciones por el asesinato de cinco oficiales de la policía cerca de Punta Gorda en la RACS, así como en casos relacionados con protestas en Chichigalpa, Bonanza y León.

Función de la policía y del aparato de seguridad

La Constitución establece que la PNN es una institución apolítica y no partidista que debe proporcionar la misma protección ante la ley a todos los ciudadanos. La Oficina de Asuntos Internos de la PNN es responsable de investigar las denuncias y abusos relacionados con los oficiales de policía o actividades internas de la policía.  El Ministerio de Gobierno administra la PNN con el presidente como comandante en jefe y, tanto en la legislación como en la práctica, constituye la única fuerza responsable de hacer cumplir la ley en todo el país y de mantener la seguridad interna. La Dirección General de Migración y Extranjería está adscrita al ministerio y trabaja conjuntamente con la policía para supervisar temas de migración y seguridad fronteriza. Los observadores señalaron que los cambios en la constitución y el código policial promulgados en 2014 aumentaron el control presidencial sobre la policía.

El ejército se encarga de la seguridad externa pero también tiene algunas responsabilidades a nivel nacional, como la lucha contra el narcotráfico y el transporte de material electoral, como las papeletas de voto. Si bien el ejército depende del Ministerio de Defensa, muchos observadores informados creen que el control del ministerio se ha limitado desde 2007, cuando el ejército comenzó a funcionar como fuerza autónoma que rinde cuentas directamente al presidente. Dicha impresión se vio reforzada por las reformas de la constitución y del código militar que fueron promulgadas en 2014, las cuales otorgan al presidente un mayor control sobre el ejército. La Oficina del Inspector General es la instancia responsable de investigar los abusos y la corrupción, pero solo se dispone de información limitada sobre sus actividades.

En algunos casos, el Ministerio del Interior no pudo mantener un control eficaz sobre la PNN, y el gobierno no logró investigar ni sancionar el abuso y la corrupción. Siguieron presentándose numerosas denuncias de impunidad contra las fuerzas de seguridad.

La Oficina de Asuntos Internos de la PNN, y en menor grado la Oficina del Inspector General, se encargan de investigar los abusos policiales. Sin embargo, la corrupción, la ineficiencia y la falta de transparencia del sistema judicial contribuyeron a crear la percepción pública de que la policía gozaba de impunidad. Debido a la falta de estadísticas oficiales actualizadas y el limitado acceso a la información pública en general, fue difícil para las organizaciones de derechos humanos y los expertos en seguridad entender la forma en que la PNN investigaba las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de sus miembros. En general, el gobierno no adoptó medida alguna en respuesta a las denuncias contra las fuerzas de seguridad.

Las ONG informaron que en ejercicio del cargo de comandante en jefe, el Presidente Ortega politizó la PNN, con lo cual muchos cuestionaron su profesionalismo. Por ejemplo, el presidente prorrogó en varias ocasiones el mandato del jefe nacional de policía, primero por medio de un decreto ejecutivo de 2011 que violaba el plazo del mandato establecido por la ley en ese momento y luego por medio de la aprobación de un nuevo código policial y amplias reformas constitucionales en 2014. Los medios también señalaron el uso de un emblema de la PNN con la imagen de Sandino y del Presidente Ortega como parte del uniforme de los oficiales, así como la bandera rojinegra del partido del FSLN pintada en ciertas estaciones de policía. Las ONG y la prensa también afirmaron que la PNN siguió dando un tratamiento preferencial a los actos públicos del FSLN y otras campañas oficialistas.

El 2 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Soberana, con la cual se amplió la definición de la soberanía y seguridad del Estado, y además se estableció un Comité Nacional de Seguridad Soberana (CNSS) que funciona como un comité a nivel ejecutivo y que cuenta con el respaldo de las fuerzas militares. La ley define la “seguridad soberana” como la “condición permanente de paz” en el país y además establece que el gobierno es responsable de brindar protección frente a “cualquier riesgo, amenaza o conflicto que atente contra la seguridad soberana”. Al describir cualquier riesgo o amenaza potenciales a la seguridad soberana de la nación, la ley incluye “cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad o la vida de las personas, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense”. La ley estipula que el CNSS estará conformado por representantes de la PNN y del ejército y tendrá la facultad de enviar fuerzas de seguridad.  Los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por la ley y sus implicaciones en el plano democrático del país.

La impunidad persistió. No hubo novedades sobre la muerte en 2012 del exintegrante de la Contra Santos Guadalupe Joyas Borge (“Pablo Negro”), ni con respecto al caso de los dirigentes comunitarios Pedro Ramón Castro y Miguel Ángel Oliva, que presuntamente murieron a manos de cuatro agentes de la PNN en el municipio de Pantasma en 2012.

No se investigaron numerosas alegaciones de corrupción relacionadas con una trama a la que se dio mucha publicidad en 2012 sobre narcóticos y blanqueo de dinero en la que estaban involucrados oficiales superiores de la PNN. Tampoco se investigaron las golpizas ni el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes durante las protestas de 2013 frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La PNN y los fiscales declararon que no había pruebas oficiales de lo acontecido que ameritaran hacer una investigación, a pesar de que los hechos habían quedado registrados en YouTube y otros medios de información.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La policía está obligada por ley a obtener una orden judicial antes de detener a una persona y a notificar a la familia acerca del paradero del detenido dentro de un plazo no mayor de 24 horas. Aunque la ley también dispone que un fiscal acompañe al policía que efectúa la detención, el CENIDH alegó que se habían cometido irregularidades en los procedimientos de detención, lo cual dio lugar a detenciones y encarcelamientos arbitrarios. La policía puede retener legalmente a un detenido durante 48 horas hasta que tenga lugar la instrucción de cargos, momento en que este debe comparecer ante un juez. El juez debe entonces ordenar la excarcelación del detenido o su traslado a una cárcel, donde deberá permanecer a la espera del juicio. Tras las 48 horas iniciales, el sospechoso tiene derecho a ver a sus familiares.  El detenido tiene el derecho a una fianza, a menos que el juez estime que existe riesgo de fuga. En la mayoría de los casos, se informó a los detenidos sobre los cargos que pesaban contra ellos, aunque a veces hubo retrasos. Los detenidos tienen derecho a un abogado inmediatamente después de su detención, y el Estado proporciona un defensor público a los que son indigentes.

Arresto arbitrario: Según algunas ONG y otros grupos de derechos humanos, las detenciones arbitrarias ocurrían habitualmente. Los observadores notaron que se dieron arrestos arbitrarios después de la explosión y el tiroteo en Pantasma, durante las protestas en Mina El Limón y en Chichigalpa. En particular, los testigos declararon que policías encubiertos arrestaron a Francisco Javier Ponce Sanarrusia sin notificar la razón.  Sanarrusia murió mientras se encontraba en custodia.

Detención preventiva: La prisión preventiva prolongada siguió siendo un problema, sobre todo en la RACN y la RACS, donde los detenidos solían esperar un promedio de seis meses hasta que sus casos se presentaran ante un juez. Los observadores atribuyeron las demoras a que había pocas instalaciones, a que el sistema judicial estaba sobrecargado, a la inacción judicial y al alto índice de delincuencia. No se disponía de información sobre el porcentaje de la población carcelaria en prisión preventiva, ni del tiempo promedio que permanecieron los reclusos en esas condiciones.

e. Denegación de juicio público imparcial

Si bien la ley estipula que el poder judicial debe ser independiente, esto no se dio en la práctica. La ley dispone que los nombramientos judiciales nuevos sean aprobados por la CSJ, proceso en el que predominan indebidamente el nepotismo, las influencias personales y la afiliación política. Una vez nombrados, muchos jueces se vieron sometidos a presiones políticas y económicas que pusieron en riesgo la independencia de la justicia. Algunas ONG se quejaron de las demoras causadas por la inacción judicial y la impunidad generalizada, en especial con respecto a casos de violencia familiar y doméstica y de abuso sexual. En ocasiones, las autoridades no respetaron las órdenes judiciales.

Procedimientos judiciales

Los acusados gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Los acusados tienen derecho a que se les informe cabalmente acerca de los cargos que pesan sobre ellos y a un juicio imparcial. Si bien la ley establece plazos específicos para la celebración del juicio, en la mayoría de los casos hubo demoras indebidas. Los juicios son públicos, pero cuando se trata de menores o si la víctima lo solicita, pueden ser privados. La ley estipula que los acusados pueden optar por un juicio por jurado, aunque en ciertos casos (como los delitos por drogas, delincuencia organizada o lavado de dinero), no existe la opción de un juicio por jurado, sino que la decisión la toma un juez. Los acusados tienen derecho a la asistencia letrada y el Estado asigna a defensores públicos para que representen a los acusados indigentes. Los acusados tienen derecho a disponer de tiempo y lugar suficientes para preparar su defensa y a conocer toda la información y las pruebas que se encuentren en poder de la fiscalía. También tienen derecho a saber cómo se obtuvieron y el motivo, aunque solamente en la etapa de instrucción y durante el juicio, y no en la etapa previa al juicio. Los acusados pueden carear e interrogar a los testigos de cargo y tienen derecho a apelar su condena. Además, pueden presentar sus propios testigos y pruebas en su defensa; no obstante, algunos jueces se han negado a admitir pruebas en nombre de la defensa. A los acusados no se les puede obligar a rendir testimonio ni a declararse culpables. La ley confiere estos derechos a todos los ciudadanos, independientemente del género, etnia, discapacidad o cualquier otra condición.

En Octubre, la CSJ aprobó una orden judicial administrativa mediante la cual se prohibía a los defensores públicos representar a aquellas personas que no fueran capaces de demostrar convincentemente su imposibilidad de pagar los servicios de un abogado. Dicha orden judicial también evita que los defensores públicos representen a aquellas personas acusados por casos de narcotráfico, delincuencia organizada, trata de personas y abuso sexual de menores.

Presos y detenidos políticos

No se dispuso de información fidedigna sobre el número de presos políticos ni el trato que recibieron.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

La ley estipula que las personas físicas y jurídicas pueden entablar demandas ante los tribunales civiles y exigir indemnización por daños y perjuicios por violaciones de los derechos humanos, pero las autoridades no siempre respetaron las órdenes judiciales.

La ausencia de un sistema de derecho civil eficaz dio lugar a que causas civiles se tramitaran como penales, ya que estas suelen resolverse con mayor celeridad.

Restitución de bienes

Aunque el gobierno resolvió algunos reclamos de bienes durante el año, con regularidad no hizo valer las órdenes judiciales de incautación, restitución o compensación de bienes personales. Con frecuencia, el cumplimiento de las órdenes judiciales estuvo supeditado a consideraciones de tipo no judicial. Muchos creen que los miembros del poder judicial, incluidos aquellos en altos cargos, son corruptos o están sujetos a presiones políticas.  El gobierno no desalojó a las personas que tomaron posesión de propiedad privada de manera ilegal. Muchos ciudadanos extranjeros denunciaron haber sido víctimas de arrestos, y algunas veces condenas, por delitos no relacionados entre sí y que alegaban no haber cometido, esto debido a controversias por bienes con ciudadanos nicaragüenses con conexiones ventajosas. Varias ONG nacionales e integrantes de la Iglesia Católica y de la oposición alegaron que el gobierno había incautado bienes de un valor menor, como computadoras portátiles, teléfonos celulares y vehículos, sin el debido proceso.

f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

Aunque la ley prohíbe estas medidas, varias ONG nacionales e integrantes de la iglesia católica y de la oposición denunciaron que el gobierno había interceptado su correspondencia electrónica y sus conversaciones telefónicas.

Algunos miembros de comunidades norteñas, en particular de los departamentos de Nueva Segovia y Madriz, así como de la RACS y la RACN, alegaron haber sido sometidos por el gobierno, sin causa alguna, a repetidos interrogatorios y registros en relación con el presunto apoyo a grupos armados, en tanto que el gobierno, por su parte, afirmó que se trataba de delincuentes comunes.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión y de prensa

La constitución establece la libertad de expresión y de prensa, pero el gobierno utilizó medios administrativos, judiciales y financieros para limitar el ejercicio de estos derechos. Si bien ley dispone que el derecho a la información no puede estar sujeto a censura, también estipula la responsabilidad civil retroactiva, incluidas penas por calumnias y difamación.

Libertad de expresión y de prensa: Algunos individuos sufrieron represalias por haber expresado en público sus opiniones sobre cuestiones de especial importancia para el partido gobernante. El 8 de enero, el teniente primero Yadder Nicolás Montiel fue arrestado por el ejército y se le condenó por el delito de falta contra el decoro militar. Montiel había expresado su punto de vista sobre la represión policial en una protesta contra la construcción de un canal en diciembre de 2014. Cuando hizo el comentario, Montiel no estaba ejerciendo funciones oficiales ni estaba vistiendo el uniforme. Un tribunal militar lo juzgó y lo sentenció a tres meses y 15 días de cárcel.

Libertad de prensa y de los medios de información: Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron una diversidad de opiniones. No obstante, el gobierno intentó restringir la libertad de los medios de información recurriendo al hostigamiento, la censura y argumentos en pro de la seguridad nacional. Algunos particulares simpatizantes del gobierno también hostigaron a los medios de información por criticar al gobierno. Con frecuencia, el Presidente Ortega recurrió a una ley que permite al gobierno el uso de la cadena nacional en caso de emergencia para obligar a las redes nacionales a transmitir sus discursos o interrumpir temporalmente la programación.

El gobierno continuó valiéndose de distintos medios directos e indirectos de presión para intentar cerrar las emisoras de radio independientes supuestamente por motivos políticos. Los dueños de medios de información independientes siguieron manifestando su preocupación, ya que mediante incidentes de vandalismo, la incautación de equipos de transmisión y la imputación de cargos penales por difamación, se creó un clima de autocensura que el gobierno pudo explotar para limitar la libertad de prensa. Los medios de información independientes informaron que, en general, no se les permitió la entrada a actos oficiales gubernamentales, que funcionarios del gobierno se negaron a concederles entrevistas y que se les negó o restringió el acceso a la información pública. No obstante, a los medios de comunicación oficiales sí se les permitió cubrir estos eventos.

Desde 2008, la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 200) se encuentra en etapa de revisión en la Asamblea Nacional. Mientras no se aprueben o rechacen las últimas reformas de la ley, los medios de información no pueden solicitar nuevas licencias de operación. Sin embargo, el gobierno otorgó licencias de manera discrecional.  Si bien la vigencia de las licencias de las emisoras de comunicación se prorrogó indefinidamente, algunos grupos de derechos humanos y los medios denunciaron la inseguridad legal creada por la falta de legislación en materia de telecomunicaciones.

El Centro de Investigación de la Comunicación de Nicaragua (CINCO) denunció que durante el año el FSLN y el Presidente Ortega mantuvieron el control de los medios de televisión. La televisión nacional estuvo cada vez más estrechamente controlada por socios del presidente, o pasó a ser de propiedad de familiares del Presidente Ortega quienes la administraban de manera directa. Ocho de los diez canales en funcionamiento se encontraban bajo la influencia directa del FSLN o eran controlados por empresarios estrechamente vinculados al gobierno.

En general, los medios de información pertenecientes a la familia presidencial solo incluían en la programación propaganda a favor del gobierno o del FSLN y anuncios de campaña. La prensa y las organizaciones de derechos humanos alegaron que el uso de fondos públicos en los medios oficiales de comunicación, así como la distribución desigual de los fondos asignados a publicidad, dejaba a los medios independientes en una situación de injusta desventaja. Estos últimos afirmaron que la moratoria en la concesión de nuevas licencias oficiales de operación, junto a las incertidumbres del prolongado examen de la ley de telecomunicaciones por parte de la Asamblea Nacional, contribuyeron a la sensación de inseguridad legal y a la merma de oportunidades para la inversión privada. También alegaron que el gobierno presionaba a las empresas privadas para que limitaran sus anuncios en los medios independientes.

El 31 de mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones incautó el equipo de transmisión de Radio Voz de Mujer en la ciudad norteña de Jalapa, supuestamente porque la estación estaba transmitiendo en una frecuencia no autorizada. Voz de Mujer era dirigida por una ONG que se centra en asuntos de la mujer y que muchas veces criticó las políticas del gobierno en relación con este tema. La ley no establece la incautación de equipo como una medida punitiva en contra de una estación de radio. A pesar de que se solicitó un estudio oficial del caso, para noviembre la estación no había reanudado sus transmisiones.

Violencia y acoso: Uno de los diarios de mayor circulación, La Prensa, denunció que funcionarios públicos y simpatizantes del gobierno intimidaban a los periodistas continuamente y que los funcionarios de la CSJ y el CSE respondían de manera agresiva o se negaban a contestar preguntas sobre temas delicados, especialmente sobre la constitución, el estado de derecho o la corrupción. En el año se denunciaron varios casos de violencia y amenazas a la prensa. El 8 de julio, los periodistas Larry Sevilla y Moisés Julián Castillo, de Radio Corporación, y el camarógrafo de VosTV Luis Mora Duarte resultaron heridos durante la intervención de la policía en una protesta al frente del CSE. El fotógrafo de La Prensa Jorge Torres y el fotoperiodista de Associated Press Esteban Félix denunciaron que miembros de la policía antimotines destruyeron sus cámaras.  Entre el 6 y el 9 de junio, un periodista que trabajaba para Radio Darío, en León, fue hostigado y amenazado después de dar cobertura al despido de un conocido líder de la sociedad civil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). No se hizo ninguna investigación de las acusaciones hechas por la periodista de La Prensa Elizabeth Romero de que la estaban siguiendo, que habían accedido a la información de su teléfono y que era víctima de hostigamiento a causa de la cobertura periodística que realizó sobre los grupos armados que operan en el país.

Censura o restricción del contenido: El gobierno siguió sancionando a los medios de información independientes, excluyéndolos de los actos de los medios oficiales y anuncios públicos. Se adjudicaron contratos gubernamentales de publicidad por millones de dólares a los medios de información oficiales que son propiedad de la familia Ortega y sus partidarios o que se encuentran bajo su control. Muchos periodistas ejercieron la autocensura por temor a las repercusiones económicas y físicas que les podría acarrear el ejercicio del periodismo de investigación para informar sobre la delincuencia o la corrupción oficial. Además, los propietarios de medios de información privados hicieron lo propio y optaron por no publicar noticias que afectaban la percepción pública del gobierno o el FSLN. La calumnia y la difamación son punibles conforme a la ley con multas estructuradas en torno al salario mínimo. Las penas por calumnia y difamación oscilan entre 120 y 300 días de salario.

El gobierno siguió aplicando la polémica Ley 528, o Ley Arce, que, según propietarios de medios de prensa y ONG internacionales, limitaba el acceso del público a los periódicos independientes y de la oposición mediante el establecimiento de tarifas elevadas y obstáculos burocráticos a la importación de tinta, papel, maquinaria y otros insumos de imprenta necesarios. Organizaciones de periodistas manifestaron su preocupación ante la falta de apoyo del gobierno hacia los medios de información y sus organizaciones.

Leyes contra la difamación y las calumnias: A pesar de que durante el año el gobierno no recurrió a las leyes contra la difamación ni citó la seguridad nacional como excusa para suprimir publicaciones, los medios independientes ejercieron la autocensura debido a que el gobierno había hecho uso de esas prácticas previamente.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no restringió el acceso a internet ni censuró los contenidos en línea. No obstante, varias ONG afirmaron que el gobierno vigilaba su correo electrónico sin tener autoridad legal para hacerlo. Además, algunos simpatizantes remunerados del gobierno utilizaron los medios sociales y espacios provistos para comentarios de sitios web para hostigar a prominentes miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y a un conocido periodista.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2014 el 2% de los ciudadanos tenía suscripciones de banda ancha fija y el 17,6% utilizaba internet.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno impuso algunas restricciones a la libertad académica, y muchos profesores e investigadores denunciaron haber sido presionados para que se autocensuraran. No hubo injerencias gubernamentales en eventos culturales.

El 5 de junio, Gabriel Álvarez fue despedido como profesor de la UNAN-León. Los funcionarios basaron el despido en el dictamen de una comisión que argumentaba que Álvarez llegaba tarde, no se presentaba a impartir clases, no asistía a las reuniones de profesores y había hostigado a dos estudiantes. Álvarez era un miembro prominente de dos organizaciones de la sociedad civil que criticaban al partido gobernante. Muchos observadores y el mismo Álvarez eran de la opinión que él había sido despedido en señal de represalia por sus opiniones en contra del gobierno.

El 30 de noviembre, la Universidad Americana (UAM), una de las universidades privadas más prestigiosas de Nicaragua, despidió a dos de sus profesores más prominentes, Alejandro Aguilar y Álvaro Porta. Ambos profesores afirmaron que sus críticas del Presidente Daniel Ortega y las políticas del gobierno dieron lugar a sus despidos. La decisión de separar de su cargo a los dos profesores, quienes también fungían como decanos de sus respectivos departamentos, la tomó la junta directiva de la universidad. El ejército nicaragüense, a través del Instituto de Previsión Social Militar, es el mayor accionista de la UAM.

Según el Foro Educativo Nicaragüense y la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (FEDETRASEP), de 2007 a 2014 hubo aproximadamente 3.170 despidos de maestros, y se eliminaron 110 sindicatos por motivos políticos.

Las ONG de derechos humanos y grupos de la sociedad civil manifestaron que las autoridades obligaron a los alumnos de las escuelas públicas de todos los grados a participar en manifestaciones a favor del gobierno durante el horario escolar. Organizaciones docentes y diferentes ONG, incluida la FEDETRASEP, denunciaron interferencias en el sistema escolar, por ejemplo despidos de maestros no pertenecientes al FSLN y su reemplazo por adherentes al partido, uso de los centros educativos como oficinas de campaña del FSLN, favoritismo hacia jóvenes afiliados al FSLN o hacia hijos de miembros del partido, politización de la concesión de becas y uso de materiales educativos a favor del FSLN.

c. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Libertad de reunión

La ley reconoce el derecho a celebrar reuniones públicas, manifestaciones y movilizaciones, pero los manifestantes deben obtener una autorización para manifestaciones o marchas y tienen que registrar ante la policía el número de participantes y la ubicación previstos. El CENIDH y la CPDH informaron que la policía habitualmente protegía o daba trato preferencial a las manifestaciones progubernamentales del FSLN, mientras que entorpecía o denegaba la inscripción a las de la oposición. En muchos casos, la policía no protegió a los manifestantes de la oposición cuando eran atacados u hostigados por partidarios del gobierno. Las ONG y la prensa denunciaron varios incidentes de abuso policial en actos de la oposición y de la sociedad civil.

El 8 de marzo, la policía obstaculizó una marcha organizada por grupos defensores de los derechos de la mujer en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Los simpatizantes oficialistas organizaron una concentración que competía con la marcha de los grupos defensores. La policía impidió que los defensores de los derechos de la mujer marcharan y protegió a la concentración oficialista. La policía alegó que con su decisión pretendía evitar potenciales enfrentamientos.  El 8 de julio, la policía antimotines usó la fuerza excesiva en contra de aproximadamente 300 manifestantes que protestaban en frente del CSE. El 27 de octubre, los grupos que se oponen a la construcción prevista de un canal interoceánico organizaron una protesta a nivel nacional centrada en Managua.  Los organizadores denunciaron que la policía arbitrariamente detuvo a miles de manifestantes e impidió su participación. El gobierno organizó para el mismo día una marcha que competía con la de los grupos opositores. De acuerdo con informes suministrados tanto por medios independientes y grupos defensores de los derechos humanos, la marcha oficialista prosiguió sin incidente alguno y con la cooperación total de la policía.

Libertad de asociación

La ley prevé la libertad de asociación, que incluye el derecho a organizar partidos políticos o afiliarse a ellos; no obstante, el CSE y la Asamblea Nacional usaron sus facultades de acreditación con fines políticos. La acreditación otorgada por la Asamblea Nacional es obligatoria para las ONG que deseen recibir donaciones. Las ONG nacionales denunciaron que el control ejercido por la administración de Ortega sobre el ingreso de los fondos proporcionados por donantes extranjeros reducía su capacidad de funcionamiento.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (International Religious Freedom Report) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley prevé la libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación. En términos generales el gobierno respetó estos derechos.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por intermedio de organizaciones humanitarias como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para proporcionar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de competencia de la oficina.

Protección de los refugiados

Acceso a asilo: La ley contempla la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para dar protección a los refugiados. El asilo por motivos de persecución política solo puede ser otorgado por el poder ejecutivo o por las embajadas del país en el extranjero.

Soluciones duraderas: Según el ACNUR, al mes de diciembre 2014 el gobierno había concedido la condición de refugiado a 280 personas.

Sección 3. Libertad de participación en el proceso político

La ley les otorga a los ciudadanos la posibilidad de escoger su gobierno en elecciones periódicas libres e imparciales celebradas sobre la base del sufragio universal e igual; no obstante, el gobierno restringió el ejercicio de este derecho.

En enero de 2014, la legislatura, donde el partido gobernante tiene mayoría, aprobó una reforma constitucional que la administración de Ortega había introducido en octubre de 2013. Las reformas dan fuerza de ley a los decretos presidenciales; permiten que los militares uniformados y los oficiales de policía ocupen cargos públicos: amplían considerablemente el control gubernamental de los medios de información, incluso en internet; permiten la reelección indefinida; institucionalizan los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) dirigidos por el FSLN, los cuales adoptarán el nombre de Gabinetes de la Familia; extienden indefinidamente los mandatos de los funcionarios públicos si la Asamblea Nacional no nombra funcionarios nuevos y establecen un tipo de gobierno inspirado en los valores de “cristianismo, socialismo y solidaridad” aprobados por el Estado.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: Las elecciones regionales de marzo de 2014 en la costa autónoma del Caribe estuvieron plagadas de alegaciones de fraude e intimidaciones a los votantes. Los observadores alegaron que los militares y la policía, así como los ciudadanos de otras regiones del país, ingresaron a la región con el expreso propósito de aumentar la cantidad de votos de un partido determinado. A través de los medios sociales en línea circularon videos de testigos presenciales que mostraban cómo residentes con documentos de identidad de Managua votaban en la costa caribeña. Los miembros del partido opositor también denunciaron que en toda la costa del Caribe se utilizaron los vehículos oficiales y otros recursos públicos para transportar a los simpatizantes del partido gobernante hacia los centros de votación. El partido indígena YATAMA denunció que el partido gobernante utilizó su control sobre el CSE para cometer fraude. Entre las irregularidades observadas el día de las elecciones cabe mencionar que las autoridades electorales no dejaban votar a algunos ciudadanos y que violaban el derecho al voto secreto, además de permitir a algunos individuos votar más de una vez.

Partidos políticos y participación política: El FSLN utilizó recursos estatales para realizar actividades proselitistas y aumentar su ventaja electoral en las últimas elecciones. También obligó a cada vez más empleados del sector público a afiliarse al partido. La CPDH y la ANPDH denunciaron que se obligó a empleados de diversas instituciones estatales a afiliarse al FSLN y que las solicitudes de cargos en el gobierno debían estar acompañadas de una recomendación escrita de dicho partido. La ANPDH también recibió informes de que el FSLN descontaba automáticamente la cuota de afiliación al partido del sueldo de algunos empleados estatales.

El FSLN también utilizó su posición de autoridad para decidir quién podía obtener cédulas de identidad. Las personas que no tenían cédula de identidad tuvieron dificultades para participar en la economía legal, realizar operaciones bancarias o votar. Estas personas también estaban sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la tenencia de tierras. Las organizaciones de la sociedad civil siguieron manifestando su preocupación por la politización de la distribución de las cédulas de identidad. Alegaban que de ese modo el FSLN había intentado manipular las elecciones en el pasado y que el CSE no había entregado las cédulas a los ciudadanos opositores y sí lo había hecho entre quienes eran leales al gobierno.

El 21 de septiembre, Brooklyn Rivera, un indígena misquito y miembro prominente del partido indígena YATAMA, fue separado de su cargo de diputado en la Asamblea Nacional. El partido mayoritario en el gobierno votó a favor de su destitución en la Asamblea Nacional, pero no siguió los procedimientos adecuados. Apenas un tiempo antes de su destitución, Rivera había acusado públicamente al partido del gobierno de estar involucrado en actos violentos en contra de grupos indígenas en la región norte por asuntos relacionados con la pertenencia de tierras.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley dispone la imposición de sanciones penales en los casos de corrupción oficial; no obstante, el gobierno no aplicó la ley eficazmente, dejando que los funcionarios actuaran de manera corrupta con impunidad.

Funcionarios del poder ejecutivo siguieron distribuyendo, al margen del presupuesto normal controlado por el poder legislativo, los fondos de asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que dirige Venezuela, y que totalizan un promedio de más de 500 millones de dólares al año. La prensa informó que los contratos financiados con fondos de ALBA se adjudicaron a compañías administradas por parientes del Presidente Ortega y observó que estos fondos de Venezuela se administraban como un presupuesto aparte, que estaban estrechamente controlados por el FSLN y que prácticamente no tenían fiscalización pública.

La prensa independiente, grupos de derechos humanos y partidos de la oposición informaron que el gobierno del Presidente Ortega, al hacer uso de los gabinetes de familia dirigidos por el FSLN y los comités de liderazgo sandinistas (CLS) controlados por el partido, borraba toda distinción entre el FSLN y el gobierno. El gobierno administraba alimentos, viviendas y vacunas que estaban subsidiados, así como el acceso a clínicas y otras prestaciones gubernamentales, directamente por conducto de los gabinetes de familia o el sistema de los CLS, los que presuntamente obligaban a las personas a afiliarse al FSLN a la vez que denegaban servicios a miembros de la oposición. Las personas que deseaban obtener o conservar el empleo en el sector público, tramitar la cédula nacional de identidad o empadronarse debían obtener cartas de recomendación de los coordinadores de manzana de los CLS. El gobierno siguió delegando responsabilidades legales a los gabinetes de familia, órganos comunitarios que funcionan de manera similar a los CPC, sobre todo en la mediación de casos de violencia doméstica.

En 2013, el gobierno otorgó una concesión por 50 años, con posibilidad de prórroga por otros 50 años, a Hong Kong Nicaraguan Canal Development Investment Company (HKND) para construir y dirigir un canal interoceánico a través del país. La concesión se otorgó prácticamente sin debate público previo ni un proceso competitivo abierto. Las organizaciones de la sociedad civil, los científicos, los ambientalistas y los grupos indígenas expresaron su preocupación por el proyecto, especialmente debido a la falta de información o consulta pública en relación con el proceso de concesión, el potencial impacto social y ambiental, así como la factibilidad técnica y económica del canal. Además, los propietarios de tierras a lo largo de la ruta del canal protestaron contra las disposiciones de la ley que establecen que sus terrenos deben ser comprados con base en el valor catastral y no el valor de mercado. Después del anuncio de la concesión, hubo más de 50 marchas en las que se protestaba por la construcción del canal interoceánico, y la más grande de ellas tuvo lugar en Managua, el 27 de octubre. El 5 de noviembre, la Comisión Nacional del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua aprobó el estudio del impacto ambiental y social realizado por una firma internacional que contrató la empresa HKND. Los especialistas ambientales nacionales e internacionales afirmaron que el estudio era impreciso en algunas áreas y que requería de más estudios científicos y consultas públicas para cumplir a cabalidad con las normas internacionales.

Corrupción: Los jueces continuaron siendo particularmente susceptibles a los sobornos, la manipulación y otras formas de corrupción, especialmente a manos del FSLN, lo que hace pensar que el FSLN influía poderosamente en los fallos de la CSJ. Los observadores notaron atrasos en la administración de la justicia, como en los casos de las personas arrestadas en Mina El Limón y Chichigalpa. El juez no realizó las audiencias preliminares y adujo que tuvo problemas de salud, pero sí celebró otras audiencias y estuvo presente en el tribunal durante el mismo período. El plazo asignado por ley para iniciar las audiencias ya expiró. Algunos observadores sugirieron que había una motivación política específica para mantener a los arrestados en la cárcel: la inquietud de que las protestas pusieran en peligro los intereses económicos del partido del gobierno.

Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos estaban sujetos a las leyes de divulgación de información financiera. La ley exige que estas declaraciones se hagan públicas y prevé sanciones en caso de incumplimiento. La Contraloría General de la República de Nicaragua se encarga de combatir la corrupción en los organismos y oficinas del gobierno. No obstante, los observadores cuestionaron la imparcialidad del contralor, en particular la falta de supervisión de los fondos de ALBA otorgados directamente al gobierno. Desde 2007, ningún contralor ha investigado a ninguna oficina del gobierno ni ha impuesto las sanciones por incumplimiento que establece la ley.

Acceso público a información: Aunque la ley estipula el acceso público a la información y a las estadísticas gubernamentales, la falta de transparencia y acceso a la información siguieron siendo un problema grave. Los retrasos y la denegación de información eran algo habitual, mientras que los mecanismos de apelación eran demasiado lentos y onerosos. El control de la información del gobierno está centralizado en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía (CCC), encabezado por la primera dama, Rosario Murillo, aunque no existe ninguna disposición legal respecto de dicho cargo. Los medios de información y algunas organizaciones de la sociedad civil, como CINCO y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, informaron reiteradamente que era normal negar a los medios de información las solicitudes de información oficial que no estuvieran expresamente autorizadas por el CCC. La ley contempla excepciones a la divulgación cuando se trata de proteger la seguridad nacional y los secretos comerciales. No existen plazos obligatorios para el cumplimiento de las solicitudes de divulgación.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

En el país actuaron diversos grupos de derechos humanos nacionales e internacionales. Si bien en general no se restringieron las actividades de las organizaciones dedicadas a actividades humanitarias, los funcionarios gubernamentales hostigaron e intimidaron a las ONG nacionales e internacionales que tenían una actitud crítica frente al gobierno o el FSLN. Algunas ONG siguieron denunciando que las intimidaciones de los funcionarios gubernamentales generaban un clima de temor con el objeto de reprimir las críticas. El gobierno siguió impidiendo que las ONG y las organizaciones de la sociedad civil no afiliadas al FSLN participaran en programas sociales auspiciados por el gobierno, como el Programa Amor y Hambre Cero, y para administrarlos a menudo se valió de los CPC controlados por el FSLN. El gobierno impuso mayores restricciones para impedir que las ONG nacionales recibieran fondos directamente de donantes internacionales, lo cual obstaculizó considerablemente su capacidad para funcionar.

Las ONG nacionales que fueron investigadas por el gobierno denunciaron tener problemas para recurrir a la justicia, demoras en la radicación de peticiones y presiones de las autoridades estatales. Muchas ONG creyeron que el controlador y las autoridades fiscales auditaban sus cuentas como una forma de intimidación. Algunas de estas organizaciones informaron que tuvieron dificultades para concertar reuniones con las autoridades y recibir información debido a una creciente costumbre generalizada de ocultamiento. Según las ONG, si bien están legalmente permitidas, las auditorías sorpresa eran una forma común de hostigamiento que por lo general se realizaban con criterio selectivo.

Algunas ONG manifestaron que los funcionarios del gobierno reaccionaban de manera hostil o agresiva cuando los interrogaban o se hablaba sobre temas como la corrupción y el estado de derecho.

Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales: Durante la sesión extraordinaria realizada del 19 al 23 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó la importancia de visitar el país. La comisión ha hecho esta solicitud muchas veces en sesiones anteriores, y el gobierno se ha comprometido a darle curso; no obstante, al mes de diciembre la comisión no había recibido ninguna invitación para visitar el país.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: En abril de 2014, la administración designó a Omar Cabezas para que dirigiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Cuando ya había cumplido su mandato, un decreto presidencial lo prorrogó, a pesar de que las designaciones debían ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Las enmiendas constitucionales aprobadas en 2014 permiten la prórroga automática de los mandatos de los funcionarios públicos si la Asamblea Nacional aún no se ha pronunciado acerca de su reemplazo o restitución. El pueblo percibía a la PDDH como un organismo ineficaz y politizado.

La Asamblea Nacional formó una comisión de derechos humanos que se ocupó principalmente de amnistías e indultos. Las organizaciones de la sociedad civil tenían la impresión de que dicha comisión estaba paralizada por la política partidista y que carecía de credibilidad.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La ley prohíbe la discriminación por motivo de la raza, la identidad de género, la religión, la opinión política, el país de origen o la ciudadanía, el origen social, la discapacidad, el idioma, la condición de seropositivo u otras enfermedades transmisibles; no obstante, el gobierno no respetó con regularidad estas prohibiciones legales. Las personas sometidas a estos tipos de discriminación presentaron solo algunas demandas o denuncias formales por considerar que no se atenderían y que podrían perjudicarlas.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley sanciona la violación conyugal y toda otra forma de violación, independientemente de la relación existente entre la víctima y el acusado. Las penas por violación oscilan entre 12 y 15 años, o 15 años en casos de violación con agravantes. La ley dispone sanciones para la violencia doméstica y contempla penas de prisión que van de uno a 12 años. No obstante, el gobierno no aplicó la ley de manera eficaz, lo que condujo a una impunidad generalizada y al aumento de la violencia. Muchas mujeres eran reacias a denunciar el abuso porque tenían que someterse a los exámenes médicos obligatorios para las víctimas de violación y otros delitos sexuales, por el estigma social, el temor a represalias, la impunidad de los perpetradores y la pérdida de la seguridad económica. Si bien la ley prevé la emisión de órdenes de alejamiento, su aplicación siguió siendo problemática y aparentemente ineficaz. Los observadores informaron que el número de delitos sexuales contra las mujeres había aumentado con respecto al año 2014. Según informes de la policía, se habían registrado 1.126 violaciones y violaciones con agravantes y 1.090 casos de abuso sexual en 2013, que son los últimos datos disponibles. No obstante, el Instituto de Medicina Legal, adscrito al poder judicial, informó que se encontraba investigando 6.069 casos de violencia sexual en 2013, lo que constituyó el 9% de sus investigaciones.  No existen estadísticas completas sobre procesamientos ni condenas.

Según informes de ONG nacionales, siguió registrándose un alto nivel de violencia contra la mujer. La Red de Mujeres contra la Violencia informó que entre enero y junio, 35 mujeres habían sido asesinadas, muchas de ellas violadas, golpeadas o mutiladas. La ONG informó que durante los últimos siete años se triplicó con creces el índice de violencia y aumentó la gravedad de los delitos. Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer denunciaron que por lo general la policía subestimaba el nivel de violencia en contra de la mujer y siguieron protestando por el decreto presidencial reglamentario de la ley 779 sobre la violencia contra las mujeres.

Las comisarías de la PNN prestaron asistencia social y jurídica a las mujeres, mediaron en conflictos conyugales, investigaron y ayudaron a tramitar denuncias penales y remitieron a las víctimas a otros organismos de ayuda, tanto gubernamentales como no gubernamentales. La PNN dirigió las comisarías para la mujer en el país, pero por lo estas general no contaban con el equipo ni el financiamiento suficiente para cumplir con sus responsabilidades de la manera adecuada.  Los grupos de mujeres afirmaron que el reducido número de refugios (dos dirigidos por el gobierno y 11 no gubernamentales) no satisface adecuadamente las necesidades de la población, especialmente en la costa del Caribe, donde hay un solo refugio (no gubernamental) en la RACN.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual, y los culpables están sujetos a penas que oscilan entre uno y tres años de cárcel, o entre tres y cinco si la víctima es menor de 18 años. Los observadores consideraron que la mayoría de los casos de acoso sexual no se denunciaron debido a que las autoridades no le dan importancia y al temor de las víctimas a sufrir represalias.

Derechos reproductivos: Las parejas, así como cada persona a nivel individual, tienen derecho a decidir el número, el espaciamiento y el momento del nacimiento de sus hijos; a encargarse de su salud reproductiva y a contar con la información y los medios necesarios para hacerlo, sin discriminación, coacción ni violencia. Las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud estimaron que la tasa de mortalidad maternal fue de 150 por cada 100.000 En algunas zonas, como la RACN y la RACS, las mujeres no tuvieron acceso generalizado a programas de salud ni atención médica y, en general, la tasa de mortalidad materna fue más alta entre las mujeres pobres de las zonas rurales que entre las de zonas urbanas.

El acceso a información sobre anticonceptivos, la asistencia calificada en el parto y la atención posnatal fue mejor en las zonas urbanas, y la cobertura mejoró en las zonas rurales o remotas, como la costa del Caribe. Por lo general se brindó la atención médica de emergencia, pero en algunos casos, las mujeres tuvieron miedo de buscar tratamiento médico para emergencias obstétricas posaborto debido a una prohibición del aborto sin excepciones.  Los observadores notaron que el Ministerio de Salud logró avances en cuanto a calidad, cobertura, distribución y uso de anticonceptivos mediante la implementación exitosa de programas de planificación familiar.

Discriminación: La ley establece la igualdad para ambos géneros, incluidas las leyes de la familia, el trabajo, la propiedad, la nacionalidad y las sucesiones.  La Superintendencia de la Mujer de la PNN es la encargada de hacer cumplir las leyes.  Pese a ello, las mujeres sufrieron discriminación en la obtención de empleo y préstamos, con respecto a remuneración igual por trabajo de igual valor o en calidad de propietarias y encargadas de negocios (véase la sección 7.d.). Según el informe mundial sobre desigualdades de género (Gender Gap Report) de 2013, las mujeres percibieron un 43% menos que los hombres por un trabajo de igual valor. Las mujeres tuvieron muchas menos oportunidades de alcanzar puestos jerárquicos o gerenciales. En cuestiones relativas al derecho de propiedad, las autoridades solían discriminar a las mujeres de escasos recursos que no tenían certificado de nacimiento o cédula de identidad. La procuradora especial de la mujer de la Defensoría de los Derechos Humanos y el Instituto Nicaragüense de la Mujer, entidades gubernamentales responsables de proteger los derechos de las mujeres, demostraron tener una eficacia limitada.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el país o a través de los padres. Los nacimientos se deben inscribir en las oficinas locales del registro civil durante los 12 meses siguientes al nacimiento del niño; ahora bien, muchas personas, en particular en las zonas rurales, no tenían certificado de nacimiento. Las personas sin documentos de ciudadanía no pudieron obtener cédulas de identidad, y por ende tuvieron dificultad para participar en la economía legal, realizar operaciones bancarias o votar. Estas personas también estaban sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la tenencia de tierras.

El gobierno siguió inscribiendo a los recién nacidos en mesas instaladas para tal fin en los hospitales públicos y mediante programas a cargo de promotores sociales que visitaban las zonas rurales. MiFamilia, el Registro Civil y, en menor medida, el CSE son las instancias responsables de inscribir los nacimientos, pero no facilitaron datos.

Maltrato de menores: La PNN informó que en 2013, el periodo más reciente con datos disponibles, las autoridades recibieron 1.242 denuncias de delitos sexuales contra niñas adolescentes, y un 93% de estos casos llegaron a los tribunales. El 20 de octubre, durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el 83% de las víctimas de violencia sexual tenían 16 años o menos.

Los grupos de derechos humanos expresaron preocupación por el alto índice de embarazos de adolescentes en el país. El informe Estado Mundial de la Infancia de 2013 de la UNICEF reveló que el 28% de las mujeres de 20 a 24 años habían dado a luz antes de cumplir los 18.

Matrimonio forzoso y a edad temprana: La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años para las mujeres y hombres, en tanto que con la autorización de los padres, la edad es de 16 a 18 años. Hubo informes fidedignos de matrimonios forzosos y a edad temprana en algunas comunidades indígenas rurales. El informe Estado Mundial de la Infancia de 2013 de la UNICEF informó que el 41% de las mujeres de 20 a 24 años contraía matrimonio por primera vez, o vivía en unión libre, antes de los 18 años (el 10% antes de los 15 años). No hubo información disponible de que el gobierno hubiera hecho algún intento para impedir el matrimonio forzoso y a edad temprana, en tanto que algunos defensores de los derechos de los menores alegaron que el gobierno no aplicó la ley eficazmente.

Explotación sexual de menores: La ley prohíbe a los adultos promover o participar en la prostitución infantil y, por lo general, el gobierno hizo cumplir la ley. Las sanciones incluyen penas de cárcel de cuatro a 10 años para todo el que induzca u obligue a un menor de 12 años a realizar algún acto sexual, y de uno a cinco años de cárcel para los mismos actos cuando se trate de menores de 12 a 18 años. La ley define la violación de un menor como relaciones sexuales con menores de 13 años de edad o menos. Varias ONG informaron que la explotación sexual de niñas de corta edad era común, así como el predominio de hombres mayores que ellas (incluidos no nicaragüenses) que las explotaban bajo el pretexto de estar manteniéndolas.

La ley también prohíbe la promoción, filmación o venta de pornografía infantil y, en general, el gobierno hizo cumplir la ley. Las sanciones por inducir, facilitar, promover o usar a un menor de 16 años de edad con fines sexuales o eróticos, u obligarle a observar o participar en dichos actos, oscilan entre cinco y siete años de cárcel. Cuando la víctima tiene entre 16 y 18 años, la pena es de cuatro a seis años de cárcel.

Nicaragua fue país de destino del turismo sexual infantil. La ley impone penas de cinco a siete años de cárcel a los condenados por este delito. Aunque durante el año circularon rumores de turismo sexual infantil en los departamentos de Granada, Rivas, Chinandega y Managua, no hubo denuncias registradas oficialmente.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para obtener más información, vea el informe del Departamento de Estado sobre cumplimiento en travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html y la información específica del país en travel.state.gov/content/childabduction/en/country/nicaragua.html.

Antisemitismo

La comunidad judía está compuesta por menos de 50 personas. No hubo informes de actos antisemitas.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La discriminación de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, aunque prohibida por la ley, fue generalizada en la educación, el transporte, el acceso a la atención de la salud, los servicios públicos y el empleo (véase sección 7.d.). Las leyes sobre las personas con discapacidades no contemplaban la imposición de sanciones a las empresas que no cumplían las disposiciones legales, si bien era posible imponerlas en virtud de la Ley General de Inspección del Trabajo. MiFamilia, el Ministerio del Trabajo y la PDDH son algunos de los organismos gubernamentales encargados de proteger y promover los derechos de las personas con discapacidades. El gobierno no hizo cumplir las leyes eficazmente; no estableció la obligatoriedad de facilitar el acceso a edificios, a la información y a las comunicaciones a los discapacitados, ni proporcionó información de que hubiera tratado de promover un mayor respeto de los derechos de estas personas. Los medios de información independientes informaron que las personas con discapacidades no llegaban a representar el 1% de los empleados del sector público, a pesar de que ese porcentaje es obligatorio por ley, y que no existía suficiente coordinación entre las entidades públicas y el Ministerio del Trabajo en relación con los derechos de dichas personas.

Las personas con discapacidades siguieron teniendo problemas para ingresar a las escuelas, los centros de salud pública y otras instituciones públicas. La ley no restringe el derecho a votar de las personas con discapacidades, pero muchos centros de votación no eran accesibles para ellos. Persistieron las quejas por la falta de medios de transporte público con acceso para personas con discapacidades en Managua. Si bien algunos autobuses estaban equipados para personas con discapacidades, siguió habiendo denuncias sobre conductores que se negaban a parar para que subieran esas personas o que averiaban deliberadamente los equipos de elevación y las rampas de sus autobuses. La prensa informó que la alcaldía de Managua auspició la capacitación correspondiente de conductores de autobuses a través de las cooperativas de transporte. A lo largo del año, la procuradora especial de las personas con discapacidad de la PDDH realizó una intensa actividad. Las clínicas y los hospitales públicos prestaron asistencia a los veteranos y a otras personas con discapacidades, aunque por lo general la calidad fue deficiente.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Diversos grupos indígenas y étnicos de la RACN y la RACS atribuyeron la falta de recursos públicos destinados a la costa del Caribe a actitudes discriminatorias hacia las minorías étnicas y raciales en esas regiones. Si bien en la composición racial de estas regiones de Nicaragua históricamente han predominado las poblaciones negra y amerindia, el aumento de la inmigración desde el interior y la costa del Pacífico del país ha hecho que estos grupos hoy sean minoría en muchas zonas.

La exclusión por motivos de raza, color de la piel y etnia fue común, especialmente en las zonas urbanas más acaudaladas. Los afrodescendientes de piel más oscura oriundos de la RACN y la RACS junto con otros que aparentemente provenían de esas zonas fueron objeto de discriminación, ya que, por ejemplo, la policía tomaba mayores medidas de seguridad y efectuaba registros ilegales.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas constituían el 5% de la población del país y se concentraban principalmente en la RACN y la RACS. No siempre participaban en las decisiones que afectaban sus tierras, su cultura y sus tradiciones, ni la explotación de la energía, los minerales, la madera y demás recursos naturales de la región. Miembros de los cinco grupos indígenas principales: misquitos, sumos o mayagnas, garífunas (de ascendencia afro amerindia), creoles y ramas, denunciaron haber sufrido discriminación, ya que no estaban proporcionalmente representados en el poder legislativo.

Los indígenas de las zonas rurales generalmente no tenían certificado de nacimiento, cédula de identidad ni título de propiedad de sus tierras. A pesar de haber creado grupos políticos, estos solían tener poca influencia, y los principales partidos políticos nacionales no les prestaban atención o se valían de ellos para promover sus propios intereses. La mayoría de los indígenas de las zonas rurales no tenían acceso a servicios públicos, y a causa del deterioro de los caminos los medicamentos y los servicios de salud estuvieron fuera del alcance de muchos de ellos. Los índices de desempleo, analfabetismo y ausentismo de los niños en edad escolar figuran entre los más altos del país. Algunos grupos indígenas seguían sin tener suficiente material didáctico en su idioma nativo y tenían que usar textos en español proporcionados por el gobierno nacional.

Las ONG y los grupos defensores de los derechos indígenas afirmaron que el gobierno no había tutelado los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas. Las mujeres indígenas sufrían diferentes grados de discriminación con motivo de su etnia, género y condición económica inferior. La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, la Procuraduría General y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales se han demorado en la demarcación eficaz de los territorios indígenas. Este proceso de demarcación aún no había sido completado. Además, el gobierno no llevó a cabo la reubicación o el retiro de las poblaciones no indígenas de las tierras indígenas ancestrales, lo que dio lugar a un marcado aumento en la violencia en la segunda mitad del año, especialmente en la RACN. Según informes de los medios de comunicación y los grupos indígenas locales, la violencia generó al menos 10 muertes y 20 heridos entre junio y octubre, además de ser la causa de que hasta mil personas fueran desplazadas de sus comunidades a pueblos vecinos, como Bilwi, y algunas a Honduras.

Algunas comunidades indígenas de la RACN y de la RACS siguieron denunciando que las autoridades las excluían de una participación plena y activa en decisiones que afectaban sus tierras y sus recursos naturales. Representantes de las regiones autónomas y de las comunidades indígenas señalaron reiteradamente la falta de inversión gubernamental en infraestructura. Durante el año, los dirigentes indígenas alegaron que, tanto a nivel nacional como regional, el gobierno siguió otorgando concesiones para la extracción de madera a compañías privadas y empresas afiliadas al gobierno, como ALBA-Forestal, en violación de las leyes nacionales de autonomía de la RACS y la RACN.

Los grupos indígenas se mostraron cada vez más preocupados por la concesión a una empresa privada de la construcción de un canal interoceánico que atravesaría su territorio comunitario en algunas zonas. Estos grupos no son miembros de la Autoridad del Gran Canal, entidad encargada de supervisar la ejecución del proyecto. La ley protege las tierras comunales indígenas para que no sean vendidas o expropiadas. Aunque no se han expropiado tierras, la comunidad alegó que el gobierno no respetó los procedimientos necesarios de consulta con la población indígena antes de otorgar la concesión o de formar el órgano administrativo. Se hicieron algunas presentaciones sobre el canal ante los pueblos indígenas, pero los grupos siguieron manifestando que tenían escasa información.

Según informes de prensa, durante el año continuaron las violaciones de los derechos de los indígenas sobre sus tierras en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, en la RACN. El grupo indígena mayagna, que tiene derechos territoriales sobre gran parte de dicha reserva, criticó enérgicamente la falta de voluntad del gobierno para impedir la presunta usurpación de tierras por colonos no indígenas, así como la tala ilícita y otras explotaciones de recursos naturales.

Abusos sociales, discriminación y actos de violencia motivados por la orientación sexual y la identidad de género

Aunque no menciona específicamente la orientación sexual, la legislación declara que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección. Las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI siguieron siendo objeto de discriminación y abuso sociales generalizados, especialmente en relación con la vivienda, la educación y el empleo (véase la sección 7.d). Si bien a lo largo del año la procuradora especial de la diversidad sexual trabajó activamente en cuestiones de educación, recolección de información y colaboración con las ONG, la comunidad LGBTI en general consideró que la oficina no contaba con suficientes recursos. No existen leyes específicas que castiguen los delitos de odio contra los grupos de LGBTI. El código de familia, que entró en vigor en abril, establece que una familia la componen un hombre y una mujer unidos en matrimonio, o bien un hombre y una mujer que conviven en una unión de hecho. Las organizaciones de personas LGBTI consideraron que la definición de familia era discriminatoria, especialmente en lo que se refiere a los temas de adopción y acceso a los beneficios de la seguridad social.

El estigma social del VIH y el sida

Si bien la ley contempla medidas concretas para proteger a las personas con VIH/SIDA contra la discriminación relativa al empleo y los servicios de salud, dichas personas siguieron siendo objeto de discriminación social. Persistió la falta de conocimientos y educación del público y del personal médico en lo referente a la prevención, el tratamiento y la transmisión de la enfermedad, lo cual dio lugar al estigma social.

Una resolución administrativa emitida por el Ministerio de Salud contra la discriminación establece los métodos para presentar reclamaciones contra los trabajadores de la salud que discriminan contra trabajadores sexuales o pacientes con VIH/SIDA o por motivo de orientación sexual. La resolución también establece sanciones para el personal médico que comete actos de discriminación por estos motivos.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley confiere a todos los trabajadores del sector público y privado, excepto los pertenecientes al ejército y la policía, el derecho a organizarse y afiliarse al sindicato independiente de su elección y a negociar colectivamente. La Constitución reconoce el derecho de huelga, aunque con ciertas limitaciones. La ley prohíbe la discriminación contra los gremios y exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por desempeñar actividades gremiales. No obstante, los patronos solían utilizar su derecho de obtener el permiso del Ministerio del Trabajo para despedir a un empleado, incluidos los organizadores de los sindicatos obreros, inmediatamente después de haberlo reincorporado, siempre que el patrono se comprometiera a pagar el doble de la indemnización acostumbrada por despido. Los procesos de conciliación eran lentos y onerosos, lo cual frustró los intentos de los trabajadores de convocar huelgas. Por otra parte, si una huelga se prolonga por 30 días sin resolverse el asunto de fondo, el Ministerio del Trabajo está facultado para suspenderla y someter la controversia a arbitraje.

Los convenios de negociación colectiva tienen una vigencia máxima de dos años, al cabo de los cuales se renuevan automáticamente a menos que una de las partes solicite alguna modificación. Las compañías que tienen diferendos con sus empleados deben negociar con el sindicato, si lo hay. Por ley, varios sindicatos pueden coexistir en una misma empresa, la cual puede celebrar un contrato colectivo con cada uno de ellos.

Con algunas excepciones, el gobierno hizo cumplir eficazmente las leyes pertinentes y a menudo intentó resolver conflictos laborales por la vía de la negociación, en lugar de recurrir a procesos judiciales o administrativos. La ley no establece multas específicas, y los observadores consideraron que las penas no eran suficientes para impedir las violaciones. Si bien la ley establece un proceso de arbitraje en el fuero laboral, como el proceso es largo y complejo, numerosos conflictos laborales se resolvieron por la vía extrajudicial. El Ministerio del Trabajo afirmó que el 98% de los casos se resolvieron con una sentencia favorable para el trabajador y señaló que durante el primer semestre de 2012 se presentaron en los tribunales 1.060 conflictos laborales, según la última información disponible. No obstante, organizaciones sindicales y de derechos humanos siguieron alegando que los fallos por lo general eran desfavorables para los trabajadores.

En general, se respetó la libertad de asociación y el derecho a las negociaciones colectivas, pero al igual que con otros grupos independientes, el gobierno intervino frecuentemente por razones políticas. La mayoría de los sindicatos se aliaron a partidos políticos. Continuaron las denuncias de injerencia gubernamental en las actividades sindicales en el sector público, como la disolución ilegal de sindicatos y el despido de trabajadores no afiliados al partido oficialista FSLN. La FEDETRASEP informó que de 2007 a 2014, los ministerios del gobierno habían disuelto 177 sindicatos de forma ilegal. Algunos exempleados de ministerios y organizaciones laborales y de derechos humanos afirmaron que los sindicatos del sector público simpatizantes del FSLN recurrían a la coacción y la intimidación para reclutar a nuevos afiliados y que a menudo presionaban a los trabajadores para que renunciaran a los sindicatos que no pertenecían al FSLN.

Persistió el despido de trabajadores por motivos políticos. La FEDETRASEP informó que los despidos se habían producido por motivos políticos, como la negativa del trabajador a afiliarse al FSLN o a participar en las manifestaciones que organizaba este partido, y afirmó que para conseguir un puesto en el sector público los secretarios del partido, los coordinadores de los gabinetes de familia u otros funcionarios del partido exigían una carta de recomendación. Del 2007 al 2014, según la FEDETRASEP, 27.390 empleados del sector público fueron despedidos sin causa justa y no se respetó el debido proceso. La FEDETRASEP denunció la falta de pago de más 726 millones de córdobas (US $26,2 millones) por concepto de prestaciones laborales por despidos de empleados del sector público. En 2012, la Corte Centroamericana de Justicia admitió a trámite cuatro casos contra el gobierno por incumplimiento de sentencias dictadas anteriormente a favor de cinco trabajadores estatales a quienes no se les había pagado sus prestaciones laborales. En 2012, la corte falló a favor de los trabajadores estatales en los cuatro casos; no obstante, al final de 2014, no se había hecho el pago correspondiente. Además, dicho tribunal también falló a favor de 10 exempleados de la PDDH, quienes habían sido despedidos en 2009 debido a su afiliación sindical. Para el 2014, pese al fallo favorable, ninguno de los trabajadores del Estado había sido reincorporado ni tampoco recibido su indemnización laboral. La FEDETRASEP manifestó que hasta el mes de octubre se siguieron presentando casos similares de despidos de empleados del sector público a quienes no se les habían pagado las prestaciones laborales.

Durante el año no hubo casos prominentes de huelgas que hubieran sido declaradas ilegales. Las huelgas no autorizadas, es decir las convocadas por los trabajadores sin autorización del sindicato, han sido siempre cosa común. Aunque los patronos no pueden contratar trabajadores temporales para que reemplacen a sus empleados durante una huelga, los sindicatos alegaron que esto era una práctica común. En octubre, la PNN reprimió violentamente una protesta de trabajadores en la mina El Limón, en León. La protesta comenzó porque el Ministerio de Trabajo decidió a favor de despedir a tres líderes sindicales.

Los patronos interfirieron en el funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores y cometieron violaciones de la libertad de asociación y del derecho a las negociaciones colectivas. Los dirigentes laborales se quejaban de que los patronos transgredían con impunidad y en forma regular los convenios colectivos de trabajo y las leyes laborales.

Muchos patronos del sector formal siguieron agregando nombres de sindicalistas a sus listas negras, o bien los despidieron sin volverlos a contratar.  Muchos de estos casos no llegaron a los tribunales o a un proceso de mediación dirigido por el Ministerio de Trabajo. Los patronos con frecuencia demoraban el pago de las prestaciones laborales por despido, sobre todo a empleados del sector público, o no los hacían. Los patronos también evitaban sanciones legales mediante la organización de sindicatos que ellos mismos dirigían, y a menudo contrataron trabajadores temporales para reemplazar a los huelguistas. Hubo denuncias de que la cuota de afiliación al partido se descontaba directamente del sueldo.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. Las sanciones oscilan entre cinco y ocho años de prisión, pero en general, no fueron suficientes para impedir las infracciones. No hubo información disponible sobre la aplicación de estas leyes por parte del gobierno. A pesar de la voluntad política que existe para combatir la trata de personas, incluida la trata de personas con fines laborales, durante el año el gobierno procesó y condenó menos tratantes que el año anterior y, en contraste con años anteriores, suministró información limitada sobre su labor para hacer cumplir la ley.

Los observadores notaron que durante el año se dieron algunas denuncias de trabajo forzoso, entre otras de hombres, mujeres y niños sujetos a esta práctica en el sector agrario y de servidumbre doméstica.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años y limita la jornada laboral para los jóvenes entre 14 y 18 años de edad a seis horas por día y a 30 horas por semana. Los menores de 14 a 16 años tienen que tener el permiso de sus padres para trabajar o firmar un contrato formal de trabajo. La ley prohíbe que los trabajadores domésticos adolescentes pernocten en la residencia de sus patronos. Asimismo, la ley prohíbe el trabajo de menores en lugares que, a juicio del Ministerio del Trabajo, puedan ser perjudiciales para su salud o seguridad, como minas, basureros, establecimientos de entretenimiento nocturno y determinadas formas de trabajo agrícola. La ley también prevé sanciones de ocho años de prisión y multas elevadas para las personas que empleen a menores en trabajos peligrosos, a la vez que permite que los inspectores clausuren sus establecimientos.

El gobierno destinó sus limitados recursos a combatir las violaciones de las leyes sobre el trabajo infantil en determinados sectores de zonas geográficas muy limitadas, como las regiones productoras de café, sin prácticamente prestar atención al vasto sector informal.

El gobierno continuó con Programa Amor, cuyo principal objetivo era erradicar el trabajo infantil mediante la reinserción a la sociedad de los niños abandonados. No hay información disponible sobre las actividades, la financiación ni la eficacia del programa.

El trabajo infantil siguió siendo generalizado. Una encuesta realizada en 2005 por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo sobre el trabajo infantil y de adolescentes en el país reveló la existencia de 238.800 menores trabajadores de entre cinco y 17 años de edad, de los cuales el 80% realizaba trabajos de alto riesgo y el 36% eran menores de 14 años. De acuerdo con las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los niños, es probable que el número de menores que realizan algún tipo de trabajo infantil haya aumentado a 320.000.  Una característica común del trabajo infantil era el predominio del trabajo familiar no remunerado. El Instituto indicó que el 80% de los niños y adolescentes no eran remunerados por su trabajo.

La mayor parte del trabajo infantil se concentró en la silvicultura, la pesca y el sector informal, sobre todo en plantaciones de café y granjas de subsistencia. El trabajo infantil también se constató en la elaboración de productos lácteos; el cultivo de naranja, banano, tabaco, palma, café, arroz y caña de azúcar; la cría de ganado; las ventas ambulantes; la separación manual de residuos; la trituración de piedra: las actuaciones callejeras y el transporte.

Los menores que trabajan en la agricultura estuvieron expuestos al sol, a temperaturas extremas, así como a plaguicidas y otros agentes químicos peligrosos. Los menores que trabajan en la industria pesquera enfrentaron aguas contaminadas y condiciones marítimas peligrosas.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil (Findings on the Worst Forms of Child Labor) en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Discriminación con respecto al empleo o la ocupación

La ley y los reglamentos prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, género, discapacidad, idioma, orientación sexual o identidad de género, estado serológico positivo al VIH u otras enfermedades transmisibles o condición social. El gobierno no aplicó estas leyes y reglamentaciones de forma eficaz.

Se cometieron actos de discriminación en el empleo y la ocupación en relación con las mujeres, las personas con discapacidades y por motivo de orientación sexual e identidad de género (véase la sección 6).

e. Condiciones de trabajo aceptables

La ley establece salarios mínimos obligatorios en diez sectores económicos. Estos salarios se calculan de manera diferente para cada sector y el promedio fue de 4.259 córdobas (US $153) al mes. Según el Ministerio del Trabajo, el salario mínimo legal promedio cubre el 35% del costo de la canasta básica.

La semana laboral normal es de 48 horas como máximo y tiene un día de descanso. Las leyes laborales disponen el pago obligatorio de un bono a fin de año, equivalente al salario de un mes y proporcional a la cantidad de meses trabajados. En el año se celebran 10 días feriados nacionales remunerados. La ley establece el pago con recargo por horas extra, prohíbe las horas extra obligatorias y fija un máximo de tres horas extra al día y de nueve a la semana. La ley establece normas de salud y seguridad laborales. Dichas normas no estaban actualizadas ni eran adecuadas para las principales actividades productivas del país.

El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, incluidos sus comités departamentales, se encarga de aplicar la legislación de seguridad laboral y de colaborar con otros organismos del gobierno y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de programas de asistencia y de promoción de actividades de capacitación y prevención de riesgos. No se disponía de información pública sobre la aplicación por parte del gobierno de dicha legislación.

Por lo general, el salario mínimo se aplicó solo en el sector formal. No se disponía de información pública sobre la aplicación por parte del gobierno de dicha legislación. Aunque el ministerio es el principal organismo ejecutor, el gobierno no dotó a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo de personal ni recursos suficientes para poder implementar las medidas de higiene y seguridad necesarias. Por lo general, las penas establecidas fueron lo suficientemente severas como para evitar las infracciones.

En el vasto sector informal, en el que se calcula que se concentra del 60% al 70% de la economía, las normas de higiene y seguridad no siempre se aplicaron. Este sector agrupa a la gran mayoría de los vendedores ambulantes, los trabajadores del sector agropecuario, el transporte, el servicio doméstico, la pesca y la construcción menor. Con frecuencia los patronos hicieron caso omiso de las limitaciones a las jornadas laborales y adujeron que los empleados estaban dispuestos a trabajar horas extra voluntariamente para recibir paga adicional. Fueron comunes las infracciones de las reglamentaciones sobre jornada de trabajo y sueldos, y en general no se llevaron a cabo investigaciones en el vasto sector informal, sobre todo el de las ventas ambulantes, el trabajo doméstico y la agricultura. Se denunció la imposición de horas extra obligatorias en el sector de la seguridad privada, donde frecuentemente se exigía que los empleados trabajaran turnos excesivamente largos sin relevo.

La ley establece que los trabajadores pueden negarse a trabajar en circunstancias peligrosas para su salud o seguridad sin temor a perder el empleo. Es probable que las autoridades no hayan brindado protección a los empleados en esos casos.