El día de hoy, los Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones financieras, esta vez en contra de Rafael Ortega, hijo de Daniel Ortega, y tres empresas nicaragüenses. Esta nueva medida ratifica el firme compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al gobierno de Daniel Ortega por sus actos de corrupción e inaceptables violaciones a los derechos humanos, y de apoyar al pueblo de Nicaragua en su lucha por restablecer la democracia.
La medida de hoy, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 (“Bloqueo de Propiedades de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Nicaragua”), congela sus bienes y, de manera más general, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con Rafael Ortega, Inversiones Zanzibar, Servicio De Protección Y Vigilancia y DNP. Rafael Ortega es un administrador clave de los recursos financieros de la familia Ortega, que trabaja junto a la Vice-Presidenta de Nicaragua y Primera Dama Rosario Murillo, previamente sancionada. Rafael Ortega utiliza al menos dos empresas bajo su control, Inversiones Zanzibar, S.A. y Servicio De Protección Y Vigilancia, S.A., para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial para el régimen orteguista a los mercados. Rafael usa Inversiones Zanzibar para ocultar la transferencia de las ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, también designada el día de hoy, y como empresa de fachada para la compra de gasolineras en un intento por ocultar que la verdadera dueña de dichas gasolineras es DNP. Servicio De Protección Y Vigilancia es una empresa de seguridad que ha recibido millones en contratos del gobierno de Nicaragua. DNP es una cadena de gasolineras controlada por la familia Ortega. DNP fue adquirida con fondos públicos y luego transferida a la familia Ortega y se beneficia con contratos no licitados con instituciones gubernamentales.
Los Estados Unidos instan al régimen de Ortega a reiniciar el diálogo con la oposición y a restablecer la democracia en el país, en cumplimiento de sus obligaciones bajo la Carta Democrática Interamericana. La dolorosa crisis política que enfrenta Nicaragua solo pueda ser resuelta mediante elecciones libres y justas que reflejen de manera creíble la voluntad del pueblo de Nicaragua y el pleno respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.