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El Tesoro sanciona a funcionarios del gobierno de Nicaragua implicados en violaciones de derechos humanos y co
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noviembre 7, 2019

Departamento del Tesoro de EE. UU.
Comunicados de prensa
7 de noviembre de 2019

WASHINGTON — En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Antonio Avellán Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, que han tenido un papel en la dirección de entidades implicadas en violaciones de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Asimismo, Ramón Antonio Avellán Medal ha sido designado por violaciones de derechos humanos conforme a la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, NHRAA) de 2018.

“Estamos tomando medidas contra miembros del régimen de Ortega que han cometido violaciones de derechos humanos y actos de corrupción”, explicó el subsecretario del Tesoro Justin Muzinich. “Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en su reclamo de que se restablezca la democracia, lo que incluye llevar a cabo elecciones anticipadas, libres y justas”.

La medida de hoy se adopta de conformidad con la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13851, y está dirigida a funcionaros del gobierno de Nicaragua que persiguen a ciudadanos nicaragüenses por ejercer sus libertades fundamentales; amañan elecciones; y usan de manera abusiva el sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción. Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas, y de entidades en las que el 50 % o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas. Se incluyen abajo datos adicionales sobre estas designaciones.

Ramón Antonio Avellán Medal

Ramón Antonio Avellán Medal (Avellán) ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13851 y la NHRAA por su carácter de actual funcionario del gobierno de Nicaragua, y por ser subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), una entidad que en forma directa o a través de sus miembros ha participado en graves actos de violencia o violaciones de derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018.

Avellán llevó adelante la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas y es responsable de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas que se manifestaron contra el gobierno. Avellán encabezó la “Operación Limpieza” en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo con el fin de desmontar barricadas instaladas por manifestantes democráticos en Masaya y Monimbo. Los ataques perpetrados por miembros de la PNN y fuerzas parapoliciales a sus órdenes dejaron un saldo de 107 muertos y cientos de personas heridas.

Lumberto Ignacio Campbell Hooker

Lumberto Ignacio Campbell Hooker (Campbell) es presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) y ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13851 por su carácter de actual funcionario del gobierno de Nicaragua.

Campbell ha sido presidente interino del CSE desde 2018 y, antes de eso, se desempeñó como vicepresidente del CSE desde 2014. El CSE sigue recurriendo a tácticas antidemocráticas orientadas a asegurar que el presidente Ortega y sus aliados ganen las elecciones, lo que incluye dar instrucciones a los empleados públicos de que voten a favor de Ortega y otros candidatos del FSLN.

Roberto José López Gómez

Roberto José López Gómez (López) ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13851 por su carácter de actual funcionario del gobierno de Nicaragua y por ser director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una entidad que, en forma directa o a través de sus miembros, ha participado en una o varias transacciones en las que se recurrió a prácticas engañosas o corrupción del gobierno de Nicaragua, en representación de éste o con algún otro tipo de relación con dicho gobierno o de un funcionario actual o exfuncionario, como la apropiación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos.

El anuncio realizado el 16 de abril de 2018 por López sobre cambios en el INSS provocó las protestas que marcaron el inicio de la crisis política. El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y ha sido usado como caja negra por el gobierno. El INSS se ha visto afectado por escándalos de corrupción y maniobras de lavado de dinero mientras López ha estado a cargo de la institución, que incluyen desde financiar la construcción de un rascacielos valuado en varios millones de dólares en terrenos de propiedad de López hasta favorecer contratos con empresas constructoras y proveedores farmacéuticos vinculados con el gobierno o efectuar pagos ilegítimos a funcionarios a través de sociedades pantalla. El INSS otorga préstamos por montos muy superiores al valor real y luego permite que los prestatarios incumplan los pagos y se liberen de la deuda entregando activos por un valor muy inferior al del préstamo.

Información identificatoria sobre las entidades que fueron designadas hoy.